Las restricciones del Gobierno a las VTC desatan un aluvión de demandas

Hace ya más de un año que el Gobierno respondió a la guerra del taxi con un decreto que dejaba en manos de las autonomías las competencias de las licencias de conductor (VTC). La norma rebajó la tensión en las calles, pero no resolvió un conflicto que está colapsando los tribunales. Fuentes del sector explican que las compañías de VTC, que nutren de coches y conductores a plataformas como Uber y Cabify, han presentado ya unas 6.000 demandas por la vía contencioso-administrativo y esperan llegar a las 13.000 a finales de año.  El decreto impulsado por el Ministerio de Fomento obliga a las regiones a regular el sector. Después, las VTC nacionales (VTC-N) serán inhabilitadas y solo tendrán vigencia las VTC autonómicas (VTC-A), minoritarias en la mayor parte del territorio. El Gobierno no ofrece dinero por esta expropiación, sino que otorga un plazo de cuatro años para que los implicados se adapten a la normativa. A finales del año pasado, los propietarios de las VTC presentaron más de 10.000 reclamaciones ante la Dirección General de Transportes del Ministerio de Fomento en las que exigían una ampliación del plazo de expropiación de estas autorizaciones. Llegar hasta el Constitucional El Ejecutivo, sin embargo, ha rechazado esta reivindicación en la mayor parte de los casos; en otros, ha ampliado de forma mínima la prórroga. Es por ello que las compañías de VTC han decidido dar un paso más y llevar el caso a los tribunales. La mayoría de estas demandas se están viendo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esto se debe a que se está presentando una demanda por cada licencia y es en la capital donde están localizadas el mayor número de autorizaciones. Para evitar que los tribunales se vean desbordados, como ya ocurrió con el caso de las cláusulas suelo, los jueces madrileños ya han anunciado que están reforzando esta sección con más magistrados.  La intención del sector es llegar al Tribunal Constitucional. Las empresas de VTC consideran que la reforma aprobada por el Gobierno atenta contra la Carta Magna porque supone una transferencia de competencias impuesta a las comunidades. Y, según el artículo 150.2 de la Constitución, esta transferencia requiere de la aprobación de una ley orgánica, no de un real decreto ley, como se ha producido en este caso. Esta tesis, según explican desde el sector, está apoyada por varios informes de catedráticos de Derecho. Pero no es este el único frente que atacan estas firmas. La moratoria de cuatro años que recoge la norma está fijada por una fórmula que, según los dueños de estas autorizaciones, no recoge aspectos fundamentales del negocio, como el pago de impuestos. Es más, los propietarios de las autorizaciones aseguran que la fórmula está «mal hecha» y que si se aplicara al pie de la letra otorgaría una moratoria de 15 años, no de cuatro.  No es la primera batalla que libran estas corporaciones contra la Administración. Tras la aprobación del decreto de Fomento, algunas regiones han aprobado normativas que restringen la actividad de las VTC. El caso más flagrante es el de Cataluña, donde la Generalitat aprobó un decreto que establecía que este servicio debía ser contratados con 15 minutos de antelación. Uber abandonó la región tras la aprobación de esta iniciativa, mientras que Cabify tuvo que utilizar un vacío legal para saltarse esta limitación y mantener su actividad. Pese a ello, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) fue un paso más allá y aprobó un reglamento que elevaba a 60 minutos el tiempo de antelación mínimo para utilizar estas plataformas. El caso catalán Justo antes de que entradar en vigor la norma, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la suspendió de forma cautelar. En su auto, el tribunal sostenía que la precontratación mínima de una hora es «contraria a la libertad de empresa y discriminatoria» frente a los taxis. Además, el juzgado abría la puerta a que esta medida cautelar de suspensión pudiera extenderse «por razones obvias» al decreto ley del Govern catalán que establecía una precontratación mínima de 15 minutos. En esta particular pugna también ha estado presente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha considerado que el decreto de Barcelona «limita la competencia y no se ajusta a los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación». Desde el sector creen que este caso también demuestra que el decreto del Ministerio de Fomento es inconstitucional. Al igual que en el caso del recorte a la retribución de las renovables, detrás de esta batalla legal están grandes fondos de inversión, que han invertido con fuerza en el sector de las VTC. Serán los que se enfrenten al Gobierno que salga de las urnas el próximo día 10 de este mes.