Alertan de un «gran salto» de personas hacia la exclusión si la situación económica no mejora
En Castilla y León hay alrededor de 388.000 personas en situación de pobreza económica, lo que supone un ligero repunte del 1,1 por ciento respecto a 2017, según datos del informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza Social (EAPN) en Castilla y león.
Pero la falta de un Gobierno estable en España, el estancamiento de la economía y de la creación de empleo así como la salida del Reino Unido de la Unión Europea o la política arancelaria de la Administración Trump en EEUU, son algunas de las realidades socioeconómicas actuales que amenazan con llevarse por delante a decenas de miles de personas más si en los próximos meses no se da una respuesta desde las Administraciones.
Lo advierte a LA RAZÓN Noelia Martínez, directora de EAPN en Castilla y León, quien reconoce que la tendencia de la pobreza es a la baja y advierte también de que el perfil del pobre tradicional que se ha conocido siempre en nuestro país ha cambiado. «Hay familias con uno o dos miembros trabajando y no llegan a fin de mes y que tienen verdaderas dificultades para pagar los gastos normales de una vivienda, como es la luz, la calefacción o un alquiler », asegura Martínez, mientras afirma que el pobre de hoy «puede ser perfectamente tu vecino de al lado».
De hecho, la oenegé católica Cáritas habla en el Informe que elabora cada cinco años la Fundación para el Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (Foessa), de que el perfil mayoritario del pobre es un hombre de nacionalidad española y de entre 45 y 64 años, de los cuales casi la mitad tiene trabajo, que sobrevive al día y vive en un hogar rural en el que no hay niños en su mayoría.
Noelia Martínez advierte también de otros peligros que acechan a Castilla y León, como es el envejecimiento de la población y el hecho de que cada vez haya más pensionistas.
«Hay mucha gente mayor que cobra una pensión y eso ha supuesto que, en épocas de crisis, Castilla y León haya respondido mejor que otras Comunidades, pero también existe un riesgo serio de que cuando hay crecimiento económico, las pensiones no se revalorizan y estas personas tienen peligro de quedar excluidas y pasar apuros para llegar a final de mes», afirma.
La directora de EAPN tiene claro que con estos datos se pone de manifiesto que las políticas «no están revirtiendo en las capas más bajas de la sociedad», y pide al Gobierno resultante tras el 10 de noviembre que piense a largo plazo y apueste por una redistribución fiscal más justa; que considere la política fiscal una inversión y no un gasto; que favorezca el acceso a una vivienda digna revisando los alquileres; y, sobre todo, que apueste firmemente por la Educación, «para prevenir al absentismo escolar y mejorar la formación «porque los que están mejor formados tienen también más fácil después poder encontrar un empleo».