La impunidad y los crímenes contra la prensa en México
Imagine qué pasaría con la educación, la paz y el desarrollo de una nación donde se amenazara, torturara o asesinara impunemente a los docentes para evitar que brindaran a los estudiantes información y conocimientos para su formación, desarrollo y empoderamiento. ¿Qué pasaría si estos crímenes ocurrieran contra los periodistas para impedir que la gente se informara sobre la realidad del lugar en el que vive? Por desgracia, esto último sucede en muchos lugares del mundo, México incluido.
La situación de México es especialmente preocupante, como lo reflejan los datos recabados por organismos como la CIDH, la CNDH, Artículo 19, Amnistía Internacional y la Unesco. Por ejemplo, del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018 en el país se registraron 2 mil 502 agresiones contra la prensa (desde amenazas y hostigamientos hasta privaciones de libertad, torturas y homicidios). En 2019, 11 periodistas y 17 defensores de derechos humanos han sido asesinados.
Es alarmante que casi 100% de este tipo de crímenes queda impune. Por ejemplo, de los 84 asesinatos de periodistas ocurridos entre 2010 y 2017, solo en tres casos las pesquisas derivaron en la apertura de procesos penales. Es importante resaltar que aunque la minoría de víctimas de asesinato (8% de 2012 a 2018) y de ataques en general (30% en 2018) fueron mujeres, los ataques contra ellas escalan cada día en nivel de violencia y ensañamiento, y aún no existen mecanismos para registrar adecuadamente agresiones con un componente sexual o desagregadas por género.
En numerosos casos las agresiones provienen de políticos y autoridades municipales, estatales y federales. Además, los ataques suelen focalizarse contra periodistas y defensores que informan a la población sobre el crimen organizado y su infiltración en la política, la malversación de fondos y la corrupción en la administración pública, el abuso y la violación a derechos de niños, mujeres y minorías y sobre acciones y programas que dañan con severidad al medio ambiente o los derechos humanos.
Al amenazar o silenciar a estas voces, no solo se ataca el derecho a la libertad de expresión, a la seguridad o la vida de las víctimas y sus familiares, también el derecho ciudadano a la información y al conocimiento de la verdad. De esta forma se vulnera el estado de derecho, se inhibe a la ciudadanía y se debilita la participación democrática en la vida del país. Una sociedad silenciada, amedrentada y desinformada será incapaz de organizarse o de tomar, en conjunto, decisiones adecuadas para su beneficio y desarrollo como comunidad. Dividida, con miedo e ignorante de lo que acontece en su entorno, será fácil víctima tanto de violentadores como del abuso de servidores públicos corruptos. De ahí a la fractura social y a la ingobernabilidad el camino es corto. La impunidad de los crímenes contra periodistas beneficia a la corrupción, la inequidad, la violencia de género, la expansión del crimen organizado, la inseguridad en general y debilita el respeto de los derechos humanos.
En un país que ha ratificado ocho de las 12 resoluciones emitidas por la ONU desde 2012 para combatir los crímenes contra periodistas y su impunidad, que ha manifestado su compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, que lidera Unesco, y que a lo largo de su historia se ha sumado a un ingente número de acuerdos y compromisos internacionales en materia de derechos humanos, resulta fundamental que se fortalezca la competencia de sus mecanismos para proteger la pluralidad, la libre expresión y la seguridad de sus periodistas, a través de resultados palpables en la erradicación de la impunidad de los crímenes que los vulneran.
Esta tarea atañe no solo al Estado, sino también a las empresas mediáticas y a los mismos periodistas, cuyo compromiso debe ser formar audiencias críticas, capaces de exigir información de calidad y, desde esa postura, pugnar por la protección de la prensa.
Para la Unesco, la seguridad de los periodistas mexicanos es una prioridad. El seminario Fortalecimiento de la Cooperación Regional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes y los Ataques contra los Periodistas en América Latina, que celebraremos mañana en México, refrenda nuestro compromiso con la defensa del derecho irrestricto a la información, a la libertad de expresión y a la paz.
* Subdirector general de Comunicación e Información de la Unesco