Busca dejar sin efecto proceso de Duarte por falta de deber legal
La defensa del exgobernador veracruzano argumenta que ninguna ley lo obligaba a realizar una formal entrega-recepción de la administración cuando pidió licencia, delito por el que ayer fue vinculado a proceso
La defensa de Javier Duarte se prepara para solicitar a un juez que deje sin efectos el proceso que se sigue contra el exgobernador de Veracruz por incumplimiento de un deber legal, acusación emitida por la Fiscalía General de dicha entidad.
Ayer, Javier Duarte fue vinculado a proceso por un juez de control de la Ciudad de México por incumplimiento de un deber legal, delito que según la Fiscalía de Veracruz cometió al no realizar la formal entrega-recepción de su administración cuando solicitó licencia al cargo, el 12 de octubre de 2016, a su sucesor Flavino Ríos.
Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado de Javier Duarte, explicó que dicha acusación no tiene sustento debido a que en la legislación veracruzana no existe disposición expresa que obligue al gobernador que pida licencia a realizar una formal entrega-recepción de la administración.
"El momento en que Javier Duarte tenía que entregar la administración no estaba vigente la norma que preveía el acta entrega-recepción.
"Inclusive, y salvo error de apreciación mía, al día de hoy no existe reglamentación aplicable que establezca la obligación de un gobernador al que se le otorgue licencia para ausentarse de su cargo, de realizar la entrega-recepción de su administración a la persona que se designe como gobernador interino", destacó.
Por ello, prevé solicitar al juez que declare sobreseído el asunto que la Fiscalía de Veracruz tiene contra el exgobernador.
Asimismo, la defensa del exmandatario estatal espera que en los próximos días se fije fecha y hora de audiencia de cumplimiento a un amparo en el que se defina si Duarte será o no vinculado a proceso por el delito de peculado.
Dicha conducta también fue imputada por la Fiscalía de Veracruz que aseguró que el exgobernador ordenó ilegalmente el desvío de 220 millones de pesos de la Comisión de Aguas de Veracruz para ser depositados en cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado a modo de "préstamo", dinero del que actualmente se desconoce su destino.