El FMI y la OCDE desmienten la «ruina» del Estado de las autonomías
La campaña electoral avanza trufada de datos y afirmaciones difícilmente verificables: desde que España es el segundo país del mundo con más desaparecidos tras Camboya, que Podemos no ha dejado de mencionar, hasta las cifras de ahorro de gasto autonómico que el líder de Vox, Santiago Abascal, apuntó en el debate en televisión celebrado el pasado lunes entre candidatos a la presidencia del Gobierno. Abascal habló de un ahorro de entre «60.000 y 90.000 millones de euros» en las comunidades. «Tendremos que elegir: o autonomías o pensiones», sentenció.
Sin embargo, los datos niegan estas cifras de ahorro en el Estado de las autonomías. Los datos del Ministerio de Hacienda recogen que un ahorro como el que propuso Abascal supondría recortar gasto en algunos de los servicios públicos esenciales. Las comunidades gastaron 173.384 millones en 2017, de los que 117.949 millones (el 68% del gasto autonómico) corresponden a Sanidad (64.199 millones), Educación (42.484) y Protección Social (11.266 millones).
«El dato de ahorro que dio Vox en el debate es falso, porque aunque tengas un Estado centralizado tienes que pagar los servicios públicos: cambiar la etiqueta no elimina el desembolso. El sector público español debe ganar eficiencia, pero es un problema general», defiende el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, Jorge Onrubia.
Mejores servicios públicos
«La descentralización autonómica no ha provocado un deterioro en la calidad de los servicios públicos. De hecho, la percepción general es que la ha incrementado», recoge un informe del FMI sobre la construcción del Estado autonómico español. Un estudio de Fedea elaborado por los economistas David Cantarero y Marta Pascual encuentra evidencias de que la descentralización de la Sanidad -junto a otros factores- tiene «efectos positivos» en la mejora de la tasa de mortalidad infantil y la esperanza de vida. España es el decimocuarto país del mundo con una menor mortalidad infantil (3,3 casos por cada mil nacidos) y el segundo con una mayor esperanza de vida, tras Japón, con 84 años de media según la OMS.
Precisamente, Sanidad, Educación e Infraestructuras son las competencias autonómicas en las que España mejor evalúa en términos de eficiencia. España está por encima de la media de la OCDE en ambos servicios y puntúa mejor que países centralizados como Francia, o que Suecia, según un informe sobre la eficiencia del gasto público en veinte países de la OCDE elaborado por los economistas Antonio Alfonso y Mina Kazemi para la Universidad de Lisboa.
«La descentralización en España aumentó las tasas de éxito escolar en todos los grados», recoge otro informe de la economista de la Universidad de Barcelona, Paula Salinas. El número de estudiantes con formación superior a la secundaria ha subido desde el 11,1% que suponía en 1992 hasta el 34% actual siendo los noventa la década en la que se transfirieron a casi todas las comunidades las competencias en Educación.
Los organismos económicos, además, coinciden en señalar que la descentralización beneficia a reducir la desigualdad económica entre regiones. El FMI, en un informe publicado hace unos días, alaba la descentralización, ya que los gobiernos regionales «son más autónomos y rinden cuentas ante su electorado» a lo que se suma que «la mayor descentralización tributaria y en el gasto tiende a reducir las desigualdades regionales». Ello es así porque los gobiernos de territorios con menor renta «movilizan recursos de manera más eficaz y manejan mejor los objetivos de gasto, para cerrar sus brechas de eficiencia con las comunidades punteras», concluye el FMI.
Ello hace que el organismo dirigido por Kristalina Georgieva recomiende sistemas autonómicos como el español frente a los estados centralizados. El organismo destaca que España es uno de los países con menor desigualdad territorial de la OCDE: por debajo de la media de la UE, de países descentralizados como Alemania, Italia y Canadá. El FMI, eso sí, señala que la crisis ha disparado la inequidad entre comunidades.
Menos gasto administrativo
«Lo que te dice la teoría es que la descentralización te permite adaptarte más rápidamente a las características de cada territorio y administración. Pese a la idea de economía de escala de que al centralizar ahorras costes, lo importante no es tanto esto como la gestión. Y esto es lo que marca la mejora para que el gasto público sea más eficiente», sostiene el director de Fedea, Ángel de la Fuente. Al coger las cifras de gasto autonómico en órganos políticos, tributarios y diplomáticos, España destina menos recursos que otros países a este desembolso administrativo: 37,5 euros por habitante, frente a otros países descentralizados como Bélgica (77 euros por habitante) o Suiza (213 euros).
Si tomamos el conjunto del gasto público en esta rúbrica y comparamos con más Estados, España también tiene un peso menor. En Francia se gasta un 1,8% del PIB (601 euros por francés), en un estado federal como Alemania, un 1,9% (764 euros por alemán) y en la media europea, un 2% (550,5 euros por europeo) frente al 1,4% de España (353,9 euros por español). Vox también recuerda un informe de UPyD que cifraba en 24.000 millones el ahorro posible del gasto autonómico en duplicidades. «Esos datos son discutibles porque tomaba de referencia a las regiones más eficientes y trataba de calcular el ahorro si el resto lo hicieran igual, aunque sus circunstancias son muy distintas», considera el economista Juan Ramón Rallo.
Junto a ello, la OCDE también destaca en un informe sobre federalismo fiscal «la asociación positiva entre la descentralización y el PIB per cápita». «La descentralización está, pues, directamente relacionada con las ganancias potenciales de eficiencia en la actuación del sector público», sostiene el catedrático de Economía de la Universidad de Zaragoza, Julio López Laborda en el estudio «Beneficios y costes del estado autonómico». Unos beneficios que redundan en un mayor crecimiento económico, considera el académico.
Un sistema lleno de lagunas
El Estado de las autonomías que emana del título VIII de la Constitución se inició de la mano de la propia democracia en España y ha coincidido, junto a otros factores como la integración en la Unión Europea, la recepción de fondos comunitarios y la tracción de la economía continental, en un largo periodo de crecimiento en nuestro país, destacan los expertos. España ha tenido un crecimiento de renta por habitante en paridad de poder de compra desde 1980 del 426%, según el FMI. Un porcentaje mayor que el 385,9 de media de la UE, el 276,7% de Italia o el 374% de Alemania y el 340% de Francia.
Pero el sistema requiere reformas para asegurar sus bondades. Los organismos coinciden también en pedir a España una larga retahíla de reformas para aumentar la eficiencia en el sistema autonómico. El FMI reclamó «revisiones en profundidad del gasto, sobre todo en sanidad y educación» en varios informes de evaluación a España. La propia Autoridad Fiscal ha detectado ámbitos de eficiencia a lo largo de todos los niveles de la administración, tales como las subvenciones, el gasto farmacéutico o las bonificaciones a la contratación. A ello se le suman las enormes diferencias en resultados educativos que arroja el informe PISA: con Castilla y León, Navarra o Madrid con resultados muy por encima de los de Andalucía, Extremadura o Canarias.
«Los márgenes de eficiencia existen y son amplios, pero están lejos de lo que dice Vox, serían del entorno del 10% en determinados programas que tendrían más incidencia en mejorar la prestación de los servicios que en un ahorro como tal», apunta Onrubia, que reclama una agencia de evaluación independiente, a diferencia de la extinta Aeval.
Las trabas para las empresas también son un gran obstáculo. Bruselas ha pedido en repetidas ocasiones garantizar que se cumple la ley de Unidad de Mercado, al arrojar «resultados escasos». «No se han adoptado medidas para eliminar las restricciones al crecimiento empresarial», sostiene en el primer semestre europeo de 2019.
Otro frente a mejorar es la atomización regulatoria. La CEOE denuncia la «inseguridad jurídica» que genera la proliferación legislativa autonómica, con hasta 81 impuestos propios. Una reordenación impositiva que también debe abordar la reforma de la financiación, junto a la insuficiencia de recursos de regiones como Murcia, Valencia o Andalucía, a lo que se debe unir una mayor disciplina fiscal regional a través de la Ley de Estabilidad, exigida por FMI, Bruselas y la Airef. Los organismos parecen coincidir: el Estado de las Autonomías debe reformarse a fondo, pero sin hacer peligrar su pervivencia.