Siguen las deliberaciones de jurado del crimen de la viuda de la CAM
Las seis mujeres y tres hombres que forman el jurado popular del crimen de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de Caja Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, continúan las deliberaciones en torno al veredicto de culpabilidad o inocencia...
El jurado, que comenzó a deliberar el pasado jueves a las 15 horas, ha llegado hoy al Palacio de Justicia de Alicante a las 9.10 horas y sigue aislado en una de las salas, sin llegar a una conclusión.
Para la culpabilidad se requieren siete de los nueve votos y para la inocencia un mínimo de cinco, según la Ley del Jurado, que prevé un primer plazo de deliberación de dos días, prorrogables un máximo de dos veces más por 48 horas cada uno, de manera que en cualquier caso la resolución deberá estar antes de las 15 horas del próximo miércoles.
Durante la mañana de hoy han estado en los alrededores del Palacio de Justicia tanto el fiscal, José Llor, como el abogado de la acusación particular, Francisco Ruiz Marco, ante la posibilidad de que los jurados hubieran llegado a una conclusión, lo cual no ha ocurrido.
Ayer por la noche el jurado alcanzó un primer veredicto que, no obstante, fue devuelto por la presidenta del tribunal, la magistrada Francisca Bru, al considerar que había errores en la argumentación.
María del Carmen Martínez falleció poco antes de las 19 horas del 9 de diciembre de 2016 de dos disparos en la cabeza recibidos en el lavadero del concesionario de automóviles de Alicante de su propiedad y que regentaba su yerno y único acusado, Miguel López.
Durante el juicio se han puesto de manifiesto las diferencias irreconciliables entre la víctima y su hijo primogénito, Vicente Sala Martínez, que ejerce la acusación particular, por un lado, y las tres hermanas de la fallecida y sus cónyuges, por otro.
Estas desavenencias tienen su origen en la gestión de los negocios familiares, con un valor de unos 120 millones de euros sobre todo por la firma de plásticos Samar, y se ha puesto de manifiesto que la víctima tenía previsto traspasar la 'acción de oro' a su primogénito, lo que le habría dado el control de las empresas en perjuicio de las tres hermanas.