El Govern de Puigdemont tendrá que pagar el despliegue policial del referéndum del 1-O
El próximo 28 de enero tienen una cita en el Tribunal de Cuentas los prófugos Carles Puigdemot y Clara Ponsatí, así como los condenados por sedición Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull y Joaquin Forn y otros nueves ex altos cargos de la Generalitat que presidía Puigdemont. El motivo es practicar la «liquidación provisional» del dinero público desviado para la realización del referéndum ilegal del 1-O. En todo caso, pueden optar también por no acudir personalmente y, en su lugar, que lo hagan sus representantes legales que vayan a defenderles. Esta decisión viene derivada de las denuncias presentadas tanto por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas como de Societat Civil Catalana, quienes, con esa acción, pretenden que devuelvan al erario público las cantidades indebidamente gastadas en ese referéndum ilegal.
En la notificación del Tribunal de Cuentas remitida a los afectados se les informa que las actuaciones se encuentran a su disposición para que en un plazo máximo de 10 días hábiles desde que reciban la resolución puedan aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio que estimen que deban ser tenidos en cuenta. En esa comparecencia, se requerirá a los afectados para que paguen o avalen las cantidades reclamadas, que deben cuantificarse de forma exacta, o, en caso contrario, se les podría embargar sus bienes para hacer frente a esa responsabilidad.
En un principio, la cantidad podría situarse en torno a unos ocho millones de euros, que procedería de lo que el Tribunal Supremo consideró que se había gastado la Generalitat en el 1-O y de los gastos generados al Estado por el envío de agentes de guardias civiles y policías.
Societat Civil Catalana, que dirigía la acción de reintegro contra 14 ex altos cargos del Govern –Puigdemont, Junqueras y los 12 entonces consejeros de la Generalitat–, señalaba que los denunciados destinaron fondos públicos de la Generalitat por un importe no inferior a 1,9 millones para financiar el 1-O, y que, además, con su actuación ocasionaron un «perjuicio directo a los fondos públicos estatales» por no menos de 87 millones de euros.
Procesado un embajador
Por otro lado, la juez de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum ilegal 1-O ha procesado por malversación de caudales, prevaricación y desobediencia al delegado del Govern en Ginebra, Manuel Manonelles, por autorizar un gasto de 172.400 euros para impulsar una campaña sobre Cataluña que vinculó supuestamente al proceso de autodeterminación, informa Efe.