Las facturas pendientes del «procés»

Las responsabilidades económicas de los dirigentes nacionalistas catalanes por el proceso separatista del 1-0 pueden alcanzar tales dimensiones que se han colado en la prioridad de la agenda de Esquerra Republicana de Cataluña para negociar con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez. Como consecuencia de las denuncias presentadas por Sociedad Civil Catalana, la asociación Abogados Catalanes por la Constitución y la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas ha citado en enero de 2020 a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y a numerosos altos cargos de la Generalitat para requerirles el pago de los gastos causados por la intentona separatista de 2017. Por el momento, la cifra es millonaria. La Sala Segunda del Tribunal Supremo acordó en la sentencia por el 1-O comunicar al Tribunal de Cuentas las condenas para depurar las responsabilidades económicas derivadas de las malversaciones de fondos públicos. Las facturas del «procés» se ponen al cobro. En definitiva, el Estado de Derecho sigue funcionando al margen de los intereses políticos que mandan en la necesidad actual del PSOE y de ERC, ayer reunidos para pactar la investidura de Sánchez. El Tribunal de Cuentas comunicará el próximo año a los responsables nacionalistas la cuantía de la que deben responder, les exigirá fianzas y, si no pueden ofrecerlas, se les embargarán bienes. Nada de esto es ajeno a los efectos de una cadena de conductas ilegales perpetradas desde la propia administración autonómica catalana, con fondos públicos, en una etapa de quiebra financiera de la Generalitat para sostener servicios sociales básicos. La inminencia de estas consecuencias económicas en los bolsillos de unos dirigentes acostumbrados a pagar sus fiestas separatistas con dinero ajeno es el motivo por el que ERC va a reclamar al PSOE, como condición a su apoyo a Sánchez, que frene los embargos a sus dirigentes implicados, como Junqueras, Raül Romeva, Carlos Mundó, Dolores Bassat y Meritxell Serret. La autodeterminación es importante para ellos, pero no tanto como evitar la ruina económica personal y familiar, que no será, si se produce, más que la consumación de un riesgo libremente asumido por quienes decidieron jugar con fuego, amenazando al Estado con la ruptura de España, malversando fondos públicos y rompiendo la convivencia en Cataluña. Nada deberían hacer el PSOE ni el Gobierno en funciones para frenar el proceso del Tribunal de Cuentas contra estos dirigentes separatistas, porque sería una claudicación inaceptable. Y si es aceptada finalmente esta condición para avalar a Sánchez, es lógico esperar que el posible acuerdo con unos y con otros del candidato socialista tenga otras zonas oscuras que no sean explicadas a los españoles.