¿Por qué el régimen cubano encerró a Quiñones?

“El gobierno suele sancionar como delincuentes comunes y acusa de delitos no políticos a quienes se relacionan con la oposición o la prensa independiente”

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La condena a un año de prisión al periodista independiente Roberto Quiñones es la primera en el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel y señala el punto de inflexión de lo que analistas y organizaciones de defensa de la libertad de prensa consideran una ola represiva contra la prensa no estatal, que data de inicios de este año.

Con el castigo impuesto, las autoridades fueron más allá del hostigamiento habitual de los últimos años, y que se resumian detenciones arbitrarias por algunas horas e, incluso, días, intimidaciones, y decomisos de equipos.

Quiñones, un abogado y periodista de 62 años que trabaja como corresponsal para el medio digital Cubanet, fue arrestado en abril pasado cuando trataba de entrevistar a la hija de una pareja que fue condenada por intentar educarla fuera del sistema educativo cubano.

En agosto, el tribunal municipal de Guantánamo, al extremo oriental de la isla, desechó una apelación presentada por Quiñones y ratificó la condena a un año de prisión y trabajo comunitario, luego de acusarlo de “resistencia y desobediencia” a la autoridad cuando fue arrestado.

Las detenciones, hostigamientos y decomisos son realizados por agentes de la policía y seguridad del estado cubano y la mayoría ocurren cuando los periodistas están reporteando historias, como el caso de Quiñones.

Hugo Landa, director del sitio digital Cubanet, para el que reportaba Quiñones cuando fue detenido, dice que la severidad de la medida obedece a diversos factores.

“Primeramente, Roberto tiene una tradición de lucha contra la dictadura desde los años noventa”, dijo Landa que enmarca la condena en el contexto de crisis energética que vive Cuba y al posible racionamiento, en el futuro, de otros bienes y servicios. “El gobierno se siente débil, temeroso y quiere dar un escarmiento. Utiliza la vida de Roberto para asustar a aquellos que disienten públicamente o hacen periodismo independiente”.

La relación directa entre la crisis económica que vive el archipiélago cubano y el aumento de las medidas represivas también la observa Henry Constantín, vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa para Cuba.

Las tiendas y mercados en Cuba han padecido de desabastecimiento de productos en los últimos meses por la falta de dinero para adquirirlos en el mercado internacional. A finales de septiembre, el combustible para automóviles empezó a escasear por problemas de transporte desde Venezuela, principal proveedor de gasolina a la isla.

La escasez ha revivido los fantasmas del período especial, un larga crisis económica provocada por la caída del régimen soviético en los noventa, que entonces era el principal comprador de los productos cubanos como el azúcar y proveedor de gasolina.

El período especial supuso un deterioro en la calidad de vida de la población y, en términos económicos, una fuerte contracción de la economía que fueron enfrentadas con severas restricciones al consumo de productos básicos y combustible. Ello generó malestar en la población y el éxodo de miles de cubanos a Estados Unidos y Europa.

El caso de Quiñones alarmó a organizaciones internacionales por las circunstancias de su arresto, juicio y condena y fue incluido en la lista del OneFreePress entre los diez casos más urgentes de injusticia contra periodistas.

Amnistía Internacional lo nombró como “prisionero de conciencia”.

“Quiñones fue arrestado y golpeado mientras cubría un juicio, y esta injusticia representa un nivel aún más bajo, incluso para un país con una larga tradición de censura como Cuba”, dijo Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, siglas en inglés).

Fuera de la condena a Quiñones, la Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) de Cuba ha reportado 76 agresiones más a periodistas independientes de enero hasta julio de este año.

Veinte de estas agresiones fueron dirigidas contra mujeres. A la mayoría de ellas les impidieron salir del país para asistir a capacitaciones profesionales o a eventos que tenían en su agenda conferencias sobre derechos humanos.

El 25 de junio pasado, por ejemplo, las autoridades cubanas impideron la salida del país a las periodistas Ileana Colas y Maricel Nápoles que iban a participar en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

Las reporteras, que viajaban junto a otros activistas, fueron invitadas para exponer la situación de la prensa independiente y la libertad de expresión en Cuba.

Cuando arribaron al aeropuerto de La Habana, los oficiales de inmigración les informaron que no podían salir del país. Actualmente, el 60 por ciento de los periodistas que tienen prohibición de salida son mujeres, según los datos recabados por APLP.

El proceso contra Quiñones inició tres meses antes cuando a la entrada del mismo tribunal que lo condenó, el periodista se disponía a entrevistar a Ruth Rigal, la hija de 13 años de los pastores evangélicos Ramón Rigal y Ayda Expósito.

La pareja fue acusada de cometer “actos contrarios al normal desarrollo del menor” al querer educarla en casa y fue condenada a un año de prisión domiciliaria. En Cuba, por mandato constitucional, la educación es laica y estatal.

A los pocos minutos de iniciarse la entrevista con Rigal, dos agentes de la policía del estado se le acercaron a Quiñones e interrumpieron la conversación. Le pidieron identificación y le notificaron que estaba detenido.

El reportero dice que le preguntó a los policías por el motivo del arresto y que la respuesta fue aplicarle una técnica de defensa física para someterlo.

“Me hizo girar, me esposó y me jaló con tal violencia que caí en la acera desde la pequeña escalera del tribunal”, dijo Quiñones al Institute for War & Peace Reporting (IWPR, siglas en inglés).

Durante el trayecto hacia la delegación policial, el periodista dice que fue golpeado por las autoridades, lo que le provocó lesiones en el rostro, manos, cuello y oído, que fueron certificadas por dos instituciones médicas independientes.

“Dentro del auto patrullero le dije que era un abusador y me golpeó salvajemente”, dijo Quiñones en referencia al policía que lo detuvo. “Me partieron el labio y la punta de la lengua, así como me lastimaron el pulgar izquierdo y me abofetearon sobre el costado derecho de la cara, encima de la oreja”.

Las autoridades dijeron que la violencia en contra de Quiñones fue “necesaria para reducirlo a la obediencia”, según los documentos judiciales que obran en el expediente penal en su contra.

Tras su detención, fue confinado en un calabozo durante cinco días con el cuerpo lleno de hematomas y contusiones, la camisa ensangrentada y el tímpano derecho perforado, según un certificado médico.

Al día siguiente de su detención, fue trasladado hacia un hospital donde, aseguró, lo examinaron varios médicos que certificaron las lesiones pero que no recibió tratamiento médico.

Un día después, el reportero fue llevado al Departamento de Medicina Legal del gobierno cubano, donde las autoridades le dijeron que las lesiones no representaban un riesgo para su vida pero que si requerían de tratamiento médico, según dice el periodista.

Los policías que lo golpearon fueron eximidos de responsabilidad por el Primer Fiscal Militar de Guantánamo el pasado 30 de abril. En la sentencia que condena a Quiñones a prisión, se afirma que los funcionarios cumplían con su deber.

Las autoridades policiales de Guantánamo tienen varios antecedentes conocidos de violencia contra personas arrestadas y reclusos. El 19 de octubre de 2014 falleció en el hospital provincial el cubano Antonio Leyva Tejeda, de 39 años, víctima de una golpiza recibida en la misma unidad policial hacia donde trasladaron a Roberto, según reportó el medio digital Cubanet.

En ese mismo año, el activista por los Derechos Humanos, Ulises García, denunció otra paliza que le propició la policía provincial, que le provocó fracturas y lesiones.

La organización de defensa de libertad de prensa Artículo 19, que ha estado pendiente de la nueva ola represiva a la prensa independiente en Cuba y en especial de la condena a Quiñones, relaciona la magnitud del castigo con el control de la información existente en Cuba.

“Al existir prensa independiente el control del flujo informativo se le va de las manos al gobierno cubano y por ello ha aumentado la severidad de las medidas”, dijo Claudia Ordóñez directora de la organización. “(Quiñones) podría ser un castigo ejemplar para sus colegas”.

El periodista tenía que ingresar a prisión el doce de septiembre pero las autoridades cubanas adelantaron su fecha de encarcelamiento para el cinco y la policía lo arrestó en su casa. Seis días después lo llevó a la prisión provincial de Guantánamo porque Quiñones se negó a cumplir con su condena de trabajo comunitario.

“Durante el enjuiciamiento, al periodista le violaron una y otra vez sus garantías legales”, dice la abogada Laritza Diversent de Cubalex, una asociación sin fines de lucro que defiende y promueve los derechos humanos en Cuba. “Roberto Quiñones no tuvo acceso a un tribunal independiente o jueces imparciales como no lo tiene nadie en Cuba donde el sistema judicial está supeditado el gobierno”.

Al periodista no se le permitió defenderse por su cuenta como él lo había solicitado, ni se le facilitó tiempo y recursos para hacerlo, dijo. Agregó que acudió al juicio sin un defensor, que nunca tuvo acceso a su expediente, ni se le admitieron las pruebas que quiso presentar.

Entre las pruebas están las fotografías de las lesiones sufridas y un historial  de hostigamiento escrito por el propio Quiñones donde relata la persecución que ha padecido por parte de la seguridad del estado de su provincia durante años.

El pasado mes de febrero, la seguridad del estado había impedido que el periodista viajara a La Habana. Luego, el 18 de abril, lo obligaron a bajarse de un autobús que se dirigía a Cienfuegos, adonde iba a visitar a sus padres ancianos y enfermos, según dijo.

Ambos actos fueron ejecutados por el agente de la policía política cubana conocido como Víctor Víctor, el mismo que Quiñones acusa de ordenar a los policías su arresto el día que trabajaba como reportero en el tribunal.

En Cuba, los miembros de la seguridad del estado no utilizan sus verdaderos nombres sino seudónimos para evitar que quede expuesta su identidad.

Al ocultar sus nombres, es más complejo situarlos como agentes o impedir su entrada a terceros países por las actividades represivas que han cometido en la isla.

Desde 1994, Quiñones ha sufrido persecución política en Cuba por defender a activistas políticos y de derechos humanos en su condición de abogado.

Dos décadas atrás, estuvo recluido en la cárcel durante más de cuatro años, acusado de falsificación de documentos públicos y recibir sobornos. El periodista dice que se le acusó de complicidad con una notaría que él defendía.

La notaría había sido sido procesada por autorizar la compraventa de una casa, lo que era prohibido en la época. Estas transacciones fueron autorizadas en 2011.

Quiñones dice que no trabajaba en la oficina dónde se infligió la ley ni tuvo acceso a documento alguno. También dijo que fue condenado para que no siguiera defendiendo activistas.

“El gobierno cubano suele sancionar como delincuentes comunes y acusa de delitos no políticos a las personas que pertenecen o se relacionan con la oposición o la prensa independiente”, dijo Quiñones. “Lo hizo conmigo hace más de 20 años, y lo vuelve a hacer hoy”.

(Publicado originalmente en el sitio web de IWPR)

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