La Universidad de Moscú y el Instituto Cervantes rinden homenaje a la tradición constitucional española

Con motivo del 41 aniversario de la Constitución española de 1978, el Instituto Cervantes de Moscú ha organizado un acto protagonizado por la historiadora rusa, Ekaterina Yúrchik, de la Universidad Estatal de Moscú Lomonósov (MGU), y por el embajador de España en la Federación Rusa, Fernando Valderrama Pareja. Yúrchik presentó una ponencia sobre la evolución de las constituciones españolas a lo largo del convulso siglo XIX. Nada más comenzar la conferencia, antes de dar paso a la ponente rusa y en referencia a la Carta Magna vigente actualmente en España, la de 1978, Valderrama dijo que «ante la tendencia regresiva general hay que celebrar nuestra Constitución». El embajador español recordó que «los polémicos artículos 155 y 113 de la Constitución, sobre la intervención de la autonomía catalana y la moción de censura, surgieron por primera vez». Según su opinión, «nuestra Ley Fundamental se ha visto así reivindicada y valorizada». Dando ya la palabra a Yúrchik y entrando en el tema central de la disertación, Valderrama señaló que «a lo largo del siglo XIX entraron en vigor seis constituciones en España. Se dice que tres son progresistas y tres conservadoras, pero en realidad progresista era sólo una –la de Cádiz– y las otras cinco eran más o menos moderadas, liberales o absolutistas». Yúrchik quiso dejar claro ya desde el principio que el abultado número de constituciones a lo largo del siglo demuestra el alto grado de crispación política y social que azotó el periodo en cuestión. Al mismo tiempo, subrayó el hecho de que, pese a las turbulencias, tres guerras carlistas, levantamientos, revoluciones, intensa lucha política y constantes vaivenes entre el absolutismo y los intentos de democratización, «hubo un intenso debate político (...) fueron algunas de las constituciones más progresistas del siglo XIX en el contexto europeo». La Constitución de Cádiz (1812), la Pepa, fue una de las más avanzadas de su tiempo, inspiró a los países de Iberoamérica y a los decembristas rusos, aquellos oficiales liberales que intentaron, en diciembre de 1825, sin éxito y acabando con sus huesos en Siberia, dotar a Rusia de una Ley Fundamental y acabar con el absolutismo zarista. Lo hicieron mediante una sublevación y con la Constitución de Cádiz como modelo. Fernando VII volvió a España en mayo de 1814, derogó la Carta Magna de 1812 y restableció el absolutismo. Comenzó una etapa de turbulencias que culminó con el levantamiento de 1820. Fernando VII tuvo que reconocer la Constitución de Cádiz y, durante los tres siguientes años, el país volvió a la senda de las reformas liberales y a la intensificación de los movimientos sociales. Aparecieron además cientos de nuevas publicaciones. Hasta que, en abril de 1823, el duque de Angulema entró en España con sus tropas y, junto con los destacamentos armados de los realistas españoles, devolvieron a Fernando VII su poder absoluto. Comenzó así la Década Ominosa, que se extendió hasta la muerte del monarca y el comienzo de la Primera Guerra Carlista, en 1833. La regente María Christina recurrió a las fuerzas liberales en busca de apoyo y la alianza con ellos hizo posible la implementación de más reformas aunque limitadas. En abril de 1834, María Cristina promulgó el Estatuto Real, que no era exactamente una constitución, pero reconocía el derecho de los ciudadanos a la representación política en forma de Cortes bicamerales con funciones exclusivamente legislativas. Pero la crisis social, política y militar continuó y, pese a que el Gobierno de Mendizábal logró estabilizar un poco la situación, tuvo que terminar renunciando. El 13 de agosto de 1836, en la residencia real de La Granja, un grupo de sargentos de la Guardia Real obligó a María Cristina a restaurar la Constitución de Cádiz. De monarquía absolutista a constitucional El 18 de julio de 1837 se promulgó una nueva Constitución basada por primera vez, según subraya Yúrchik, «en el principio de soberanía popular». Se reconocieron los derechos civiles y la Cámara Baja fue elegida por votación directa. La Constitución de 1837 fue más conservadora que la de Cádiz, pero fue la que consolidó la transición de una monarquía absoluta a una constitucional. Pero, tras el final de la Primera Guerra Carlista, en agosto de 1839, las tendencias conservadoras se intensificaron, también el malestar popular con nuevas rebeliones y pronunciamientos y María Cristina tuvo que abandonar, en 1940, la regencia y salir de España. El poder pasó a manos del general Espartero, que instauró una dictadura hasta 1843, cuando el país se vio barrido por otra ola de levantamientos. El 30 de julio de 1843, Espartero dimitió y emigró a Gran Bretaña. Como resultado de un golpe militar en 1844, el general Narváez tomó el poder y María Cristina regresó al país. Se inició la Década Moderada. La Reina Isabel II, reconocida ya como adulta, había jurado la Constitución de 1837 el 10 de noviembre de 1843. Su reinado se divide en tres periodos conocidos como la Década Moderada (1844-1854), el Bienio Progresista (1854-1856) y la Crisis del Moderantismo (1856-1868). En 1845, se adoptó una nueva constitución, la más conservadora en la historia de España, y, en julio de 1854, fue nombrado primer ministro Baldomero Espartero, que redactó un proyecto de nueva Carta Magna que no llegó a fructificar. Reproducía las disposiciones de la Constitución de 1837. Aunque después se produjeron nuevos bandazos hacia el aperturismo y vuelta de nuevo a la cerrazón. Final de la Revolución española El 18 de septiembre de 1868 en Cádiz, un levantamiento (la llamada Revolución Septembrina) dirigido por los generales Prim, Serrano y Topete dio un vuelco a la política del país. La Reina Isabel abandonó España y abdicó en favor de sus hijo Alfonso, el futuro Rey Alfonso XI I. El 9 de noviembre de 1868, se introdujo el sufragio universal, que se extendió a todos los españoles varones mayores de 25 años. La participación de las masas en el proceso electoral predeterminó la formación de partidos parlamentarios de nuevo cuño. Las Cortes recién elegidas, dominadas por representantes de la Unión Liberal y los progresistas, adoptaron el 1 de junio de 1869 otra Constitución, que introducía derechos y libertades democráticas. El 16 de noviembre de 1870, el Príncipe Amadeo de Saboya llegó al trono en medio de una febril actividad del movimiento obrero y de los recién aparecidos grupos de izquierda radical, que en 1872 se escindirían en marxistas y anarquistas. Ese año comenzaría la Tercera Guerra Carlista y, el 11 de febrero de 1873, se proclamó la I República. Se redactó una Ley Fundamental republicana que no llegó a entrar en vigor. El 29 de diciembre de 1874, el general Martínez Campos acabó con la República y Cánovas del Castillo se puso al frente de un Ejecutivo de regencia. En enero de 1875, el joven Rey Alfonso entró en Madrid y comenzó la era de la Restauración, que terminó en 1923. La finalización de la Revolución española de 1868-1874, la caída de la I República (1873-1874) y la proclamación del Rey Alfonso XII predeterminaron la derrota de los carlistas. En 1876, se adoptó una nueva constitución, que se mantuvo en vigor hasta 1923, hasta el Golpe de Estado de Primo de Rivera. Duró por tanto 47 años, la más longeva, por ahora, en la historia de España, y suponía la consolidación de la Monarquía Constitucional y el reconocimiento de los derechos civiles, de expresión y prensa con una censura reglada. La siguiente Constitución llegó con la II República. Fue adoptada el 9 de diciembre de 1931 y estuvo vigente hasta 1939, hasta el final de la Guerra Civil. Finalmente, tras la muerte de Franco, en la Transición, los españoles nos dotamos de la actual Carta Magna, ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978.