El fiscal de Menores, sobre los menas: «Incidentes como el de Hortaleza van a reproducirse y aumentar»
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Así lo afirma en una entrevista con Efe el fiscal de sala Coordinador de Menores, Javier Huete, que niega tajantemente que estos chicos sean responsables de un mayor número de delitos que los menores nacidos en España. «No hay que negar la realidad: hay menores migrantes que cometen hechos delictivos, pero no todos son delincuentes», subraya.
Sí que puede haber, admite, más medidas cautelares adoptadas sobre ellos porque a veces «los hechos delictivos son más graves», pero «en general no es un colectivo que cometa más delitos que el resto de menores». Estos chicos «no son ni migrantes ni nacionales, son menores, y hay que considerarles como tales», insiste.
A falta de estadísticas oficiales que diferencien los delitos perpetrados por menores según su nacionalidad y si están o no tutelados, los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), correspondientes a 2018, desvelan que de las 24.340 infracciones penales cometidas por niños y adolescentes, en 19.294 casos (el 79,2%) eran españoles y en 5.046 extranjeros.
Igualmente, fueron condenados 13.664 menores, la inmensa mayoría (11.162, el 81%) de nuestro país, y también se impusieron medidas sobre 22.812 chicos, 18.032 de ellos españoles.
El porcentaje de extranjeros solo ha sido mayor en los casos en los que se decretó internamiento cerrado (4,3% españoles y 1,3% extranjeros); semiabierto (15,7% y 9,5%) y libertad vigilada (45,1% y 42,3%).
Arma arrojadiza de los adultos
De generalizarse el relato estigmatizador y «totalmente reprobable» de que son «una pandilla de delincuentes», advierte Huete, «problemas» como los acaecidos en el centro de acogida del barrio madrileño de Hortaleza, que la semana pasada tuvo que ser desalojado al detectarse una granada en sus instalaciones, van a ir en aumento.
«Con conceptos así, desde fuera, lanzados de esta manera con una finalidad de generar intranquilidad, porque en el fondo no es más que eso, creo que hay riesgo de que se puedan reproducir nuevamente», alerta.
De hecho, considera que el propio término de mena, acrónimo de menor extranjero no acompañado, «funciona exclusivamente para el control del registro», pero se está utilizando de «forma espúrea» como «arma arrojadiza», por lo que apuesta por hablar de menores migrantes o menores sin adulto de referencia en el territorio.
Centros sobresaturados
La Fiscalía General del Estado avisaba en su Memoria de 2018 de un «aumento espectacular» de las llegadas en patera de niños y adolescentes solos a nuestro país (7.026 frente a los 2.345 de 2017). A 31 de octubre de este año, según las cifras facilitadas a Efe por el Ministerio del Interior, el número de estos chicos inscritos en el registro era de 12.786.
Pese a que la entrada de estos chavales ha sido «importantísima» en los últimos años, Huete recuerda que «tenemos la obligación de atenderlos y asumir su custodia y protección» porque así lo marca la Convención de Derechos del Niño ratificada por España.
Y hay que atenderles además teniendo en cuenta su «peculiar situación vital y lo que han vivido durante el proceso migratorio, que no es nada agradable». Sin embargo, la respuesta que se les está dando es la de hacinarlos en unos centros siempre colapsados.
«Nadie quiere un centro de acogida cerca»
El objetivo de los centros de primera acogida es «simplemente, recibir al niño, analizar su situación y buscar el recurso más adecuado a sus características personales. ¿En qué tiempo? Eso no requiere mucho, una semana o diez días, no más», explica el fiscal.
Lo que ocurre, continúa, es que resulta imposible que hagan bien esa función cuando doblan sistemáticamente su capacidad, y con el mismo número de trabajadores.
«Y luego como sociedad somos muy hipócritas, porque cuando una entidad pública quiere crear un centro en un determinado lugar, las protestas vecinales sistemáticamente se hacen presentes porque hemos estigmatizado a estos menores», censura.
Huete recuerda también que se trata de centros abiertos, en los que no se puede privar de su «capacidad deambulatoria» a unos chicos que deben aceptar «unas normas de convivencia ordinaria».
«Hay que ser claros: vienen de un proceso migratorio en el que no han tenido que someterse a una regla, sino que han tenido que estar escondiéndose, sufriendo vejaciones de todo tipo... Entonces hay que abordarlos de otra manera», sentencia.
Sin fórmulas mágicas
¿Qué hacer si estos menores deciden no seguir con el programa? El fiscal responde con otra pregunta: «¿Qué hace un padre nacional cuando se encuentra con un niño de 12 años que no quiere ir al colegio, que rompe las cosas en casa, que pega, que se va y que no quiere volver? No le ata, no le pega; acude a la entidad pública».
Con los extranjeros sucede exactamente igual: «Habrá que buscar sistemas que nos permitan recuperarlos».
Lo ideal sería priorizar el acogimiento familiar sobre el residencial, de acuerdo con la última reforma de la ley del menor de 2015. Pero la realidad es que en el sistema de protección a la infancia, 19.545 niños (el 48 %) viven en familias y 21.283 en residencias (52 %); en el caso de los niños extranjeros que están solos, la primera opción sólo cubre al 10%.
«En algunos casos no quedará más remedio que acudir al acogimiento residencial, pero porque lo va a reclamar la propia naturaleza vital de los chicos. En aquellos en los que esa naturaleza permita el acogimiento familiar, sería lo ideal».
Con todo, está convencido de que hay que «sacar del foco mediático» a estos chicos y dejar que los recursos a su servicio «vayan pudiendo dar sus frutos». De lo contrario va a ser muy difícil que «salgan del círculo en el que los estamos metiendo los adultos».