En riesgo el prestigio financiero con la mitad de las obligaciones colocadas en el exterior
El plan de la Junta, truncado con el anuncio de bloqueo por parte del Ministerio de Hacienda, pasaba por «compaginar en los próximos ejercicios la financiación con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas y a través de operaciones que el mercado permite». Para ello, se pretendía «ampliar gradualmente la base inversora» de la comunidad «y diversificar las fuentes de financiación, incrementando la capacidad de penetración en los mercados de capital, adelantándose al posible escenario de una retirada futura de los mecanismos de financiación del Estado»; «ampliando gradualmente la vida media de la cartera de deuda, para disminuir las cargas financieras de próximos ejercicios, aprovechando el escenario actual de tipos históricamente bajos»; y «manteniendo la financiación de los mecanismos estatales mientras se incrementa gradualmente la presencia de Andalucía en los financieros», señaló la Consejería de Hacienda a LA RAZÓN con motivo del primer aniversario de la salida a los mercados. El bloqueo del Estado conlleva que se trunquen los beneficios buscados: la reducción de los riesgos de refinanciación, «al tener asegurada una parte importante de las necesidades a través de los mecanismos» y que «para la financiación al plazo de los mecanismos», el coste era «el mínimo posible (las emisiones de comunidades siempre llevan un diferencial en coste respecto a la financiación del Tesoro)». Con la salida a los mercados, además, la Junta logró la «ampliación de la vida media de la deuda». En el marco de esta estrategia, que arrancó con los gobiernos socialistas, la Junta y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) formalizaron un préstamo de 230 millones par financiar inversiones bajo el Programa Operativo 2014-2020, dentro del tercer tramo de un crédito de 725 millones en condiciones ventajosas a un plazo de 20 años. El objetivo era impulsar la reindustrialización, la internacionalización de la economía y la integración social y conllevaba la creación de más de 29.000 empleos.
A corto plazo, la intervención puede poner en riesgo –aunque de entrada la Junta lo rechaza (el desvío es de 170 millones y hace unos meses Salud requirió 234 para nóminas del SAS)– las casi 2.000 contrataciones de personal sanitario y profesores previstas en 2020. De momento, el Consejo de Gobierno continúa con la oferta pública de empleo: 2.356 plazas para la Administración General de la Junta, de las que 1.186 son de acceso libre y 1.170 de promoción interna; y 1.730 plazas de profesores de Secundaria, de las que 1.598 corresponden al Cuerpo de Profesores y 132 al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.
La Junta, si el Ministerio no recula, debe entregar un plan para corregir el desfase de 2018 –herededado de la ahora ministra Montero– de una décima, recortando gastos o ampliando ingresos. Al margen de los conflictos políticos en el marco de la confrontación entre instituciones de distinto signo, la independencia financiera supone el aumento del prestigio de la Junta ante los inversores. Hasta ahora, casi la mitad de las obligaciones emitidas se colocaron fuera del territorio nacional.
Los constructores temen una «reducción» de la inversión
El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) advirtió de que «la última decisión del Gobierno de intervenir a la Junta» por «el déficit que el anterior Ejecutivo andaluz dejó en 2018 se traduce en recortes para Andalucía, ya que postergará la puesta en marcha de los presupuestos de 2020, reducirá la inversión y, por tanto, los recursos destinados a la ejecución de infraestructuras». Ceacop criticó que las «guerrillas políticas» entre partidos «eternizan la ejecución de las obras comprometidas, reducen la inversión en infraestructuras y paralizan el desarrollo económico y social de Andalucía».
El PSOE sostiene que la Junta pidió en julio acogerse al FLA
El PSOE-A aseguró que el Gobierno andaluz solicitó en julio acogerse al Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas en el 2020, por lo que tildó de «show» su reacción a la advertencia del Ministerio de Hacienda de que no podrá financiarse en los mercados por incumplir el objetivo de déficit. IU calificó de «sainete» la discusión de Gobierno y Junta sobre financiación. El PP quiere llevar al ámbito del Senado el debate público que ahora tiene lugar a través de los medios entre el Gobierno y las Comunidades sobre la financiación autonómica, especialmente la polémica por el desvío del déficit en la Junta cuando gobernaba Susana Díaz.
Csif pide «no escudarse» en «la «intervención» para «recortar»
El sindicato CSIF Andalucía exigió a la Junta que «no se escude en la intervención de sus cuentas» por parte del Ministerio de Hacienda «por déficit excesivo en 2018 para no dar cumplimiento al acuerdo firmado entre la Administración regional y los sindicatos presentes en la Mesa General el 17 de julio de 2018», que incluía, entre otras mejoras, la devolución a los 270.000 trabajadores públicos de la Junta de la parte autonómica de las pagas extraordinarias de 2013 y 2014 que fueron detraídas. Asimismo, CSIF denunció «la continuidad de la situación irregular» por «la habilitación de potestades administrativas al personal propio de las agencias».