Seguridad pública, la agenda pendiente
Es bueno el optimismo gubernamental en torno a la seguridad pública en el estado, donde se presume el combate a la delincuencia organizada y otros delitos.
Las afirmaciones oficiales contrastan con la realidad, pese al deseo de que la inseguridad pública sea erradicada; sin embargo, las estadísticas hablan por sí solas y obliga a las autoridades de los tres niveles de gobierno redoblar esfuerzos.
La sociedad poblana requiere de resultados comprobables y documentados, porque por el solo hecho de afirmar que se abate a la delincuencia, no deja de ser una simple declaración.
De acuerdo con el reporte del 20 de noviembre del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos siguen una línea constante, y las lesiones dolosas ocasionadas con “otros elementos” son de tres dígitos de mes a mes, de 137 a 546, de los once evaluados.
Lo mismo ocurre con el secuestro, de 2 a 9 por mes, pero la privación de la libertad personal oscila entre 41 a 54 en los respectivos meses del año.
Algo similar ocurre con los robos a casa con violencia y las cifras son escandalosas, como también ocurre con el robo de autos en el estado.
Los gobiernos municipal y del estado tienen mucho por hacer y el tiempo lo tienen encima, sin que haya una respuesta contundente contra la delincuencia en el estado, que ya tiene un amplio control territorial.
No se puede entender una eficacia de la actuación de las policías si solo el 34 por ciento están certificados con la prueba de control de confianza, y si arrastran un déficit de casi 9 mil policías, lo que resulta grave frente a la exigencia social de hacer regresar la paz y la tranquilidad de las familias.
A unos días de darse a conocer el nuevo reporte de diciembre, las cifras del Secretariado no serán diferentes en los resultados negativos, que concluirán con el resumen anual de malos resultados en la los municipios y el estado.
pablo.ruiz@milenio.com