La Fiscalía solicita once años para Delgado, Hernández y Sacristán por la «Perla Negra»
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La pena de once años de prisión coincide en el supuesto de Rafael Delgado con la solicitada por la Junta, que actúa como acusación particular, y que en el caso de Hernández rebajaba a cuatro y en el de Sacristán no solicitaba condena. En lo que respecta a la acusación popular, ejercida por el PSOE, pide 34 años de privación de libertad para los dos primeros y once y medio para el tercero.
El Ministerio Público considera a los tres son responsables de un delito continuado de revelación de secretos, en concurso con un delito de tráfico de influencias y de un delito continuado de malversación de caudales públicos, y en el caso de Delgado añade prevaricación, por el que pide inhabilitación, de ahí que compute los mismos años de prisión solicitados para Hernández y Sacristán. Junto a ellos dirige acusación contra otros nueve imputados para los que solicita condenas de entre cuatro y seis años de prisión.
Por todo ello, además de las penas para la excupula de Economía en la etapa del fallecido Tomás Villanueva, reclama para Salvador Molina y Francisco Armero por delito continuado de malversación de fondos públicos cuatro años de prisisón y diez de inhabilitación absoluta, para Alberto Esgueva, Germán José Martín, Ángel Román Montes, Luis Antonio Recio, Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González seis años de cárcel por delito continuado de violación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias.
La Fiscalía considera que ambas operaciones urbanísticas se ejecutaron desde la excúpula de Economía con el propósito de beneficiar a determinadas mercantiles a través de sociedades de participación pública de la Junta de Castilla y León.
Respecto a la «Perla Negra» apunta que la actuación de los acusados dio lugar a que la empresa pública pagara por el inmueble 60.499.800 euros cuando su valor no debió superar los 50.000.000, aproximadamente, y que hiciera frente al abono de 9.787.472,55, correspondientes a una serie de conceptos que debieron correr la empresa que promovió el edificio.
Por lo que atañe a los terrenos adquiridos en el término municipal de Portillo, señala que «las actuaciones concertadas por los acusados, no sólo determinaron un considerable incremento en el precio de las fincas» finalmente satisfecho por ADE PARQUES -sin perjuicio de su concreción final, superior a los 3.000.000 euros- sino también el pago de otros conceptos que, «dejando al margen los que pudieran ser dudosos, supusieron al menos 3.351.438,92 euros».