¿Cómo funciona el “impeachment” contra Trump?
El “impeachment” o juicio político es un proceso amparado por la Constitución estadounidense para presentar cargos como funcionarios civiles de la administración ante un supuesto delito. Es el Congreso el que dirige todo el proceso y el que finalmente puede acabar destituyendo, en este caso, al presidente del país si éste es condenado por traición, sobornos y otros delitos graves y menores.
Las fases del proceso
Cualquier miembro de la Cámara de Representantes puede iniciar el proceso, como ocurrió en el caso de Trump. Después el comité judicial de la Cámara analiza las acusaciones y presenta una lista de cargos contra el acusado. Para que el procesa continúe hace falta la mayoría simple, es decir, el 51% de los votos de sus integrantes.
El siguiente escenario es nuevamente la Cámara de Representantes, donde se debate y se vota, siendo necesario para que siga adelante una mayoría simple de sus 435 miembros. Los demócratas tienen mayoría en esta cámara, así que es previsible que la acusación contra el presidente siga su curso.
El proceso prosigue en el Senado, donde se redacta el acta de acusación y se informa al presidente. El Senado tiene el poder de condenar. El juicio político en esta cámara está liderado por el presidente de la Corte Suprema. Además, se crea un jurado formado por senadores y comienza la recogida de pruebas y las audiencias donde se ofrecen testimonios.
Finalmente, el jurado delibera en privado y vota en público. Para condenar al presidente hacen falta dos tercios de los votos del Senado, es decir, el 67% de los 100 escaños con los que cuenta el Senado. Aquí el Partido Republicano tiene
Quiénes han sido procesados
Los presidente Andrew Johnson y Bill Clinton fueron procesados, pero ninguno fue destituido de su cargo por el Senado. Richard Nixon dimitió para evitar que se produjera el voto en la Cámara de Representantes. En el pasado ha habido impeachment contra otros funcionarios de menor rango. En total, la cámara comenzó más de 60 juicios políticos contra funcionarios, si bien solo un tercio de los casos resultó en un juicio político total. Ocho funcionarios, todos jueces federales, han sido condenados y destituidos.