La Fiscalía Anticorrupción ha pedido siete años de cárcel y 50 millones de euros de multa a cada uno de los cinco excargos de UGT Andalucía por la causa de las facturas falsas, entre ellos el exsecretario general de sindicato Francisco Fernández Sevilla y cuatro personas más de la dirección, por presuntos delitos continuados de fraude de subvenciones y de falsedad en documento mercantil.
