Una asociación profesional ampara al fiscal que acudió a un acto del PSOE
0
Para la asociación, en base al «ordenamiento jurídico español, la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo de Europa», los fiscales «tienen derecho efectivo a la libertad de expresión, de creencias, de asociación y de reunión», y «especialmente, tienen derecho a tomar parte en cualquier debate público que verse sobre derecho y administración de justicia, así como sobre promoción o protección de los derechos humanos»
Sin embargo, en su artículo 17.3º, el Reglamento Orgánico del Ministerio Fiscal recoge que estos funcionarios «no podrán mezclarse en reuniones, manifestaciones u otros actos de carácter político». Por su parte, el artículo 59 de la Ley 50/1981 que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal estabece que «no podrán concurrir con carácter o atributos oficiales a cualesquiera actos o reuniones públicas en que ello no proceda en el ejercicio de sus funciones».
«Lamentamos que el vicepresidente de la Xunta se convierta en censor de las actividades de los fiscales», han denunciado desde la asociacion, «el señor Rueda no es quién para pedir explicaciones sobre la actuación de un fiscal en el legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y reunión, así como al libre y pleno desarrollo de su derecho asociativo como integrante de la carrera fiscal».
El lunes, Alfonso Rueda había expresado su «sorpresa» por la presencia de García Ortiz «en un acto realmente partidista» en el que se habla, precisamente, de preparar «un programa de gobierno para un cambio de gobierno». Ese mismo sábado, el PPdeG había lamentado a través de sus redes sociales que el PSOE instrumentalizara a los fiscales «en su beneficio político», afirmación reiterada por su secretario general, Miguel Tellado.
El PPdeG ha respondido al comunicado de la UPF manteniendo su postura. «Usó su cargo formal y no solo su adscripción a vuestra organización», ha replicado a través de su cuenta de Twitter, «su neutralidad queda comprometida».
¿"Al servicio del progreso social"? ¿O al servicio del @PSdeG? En este acto organizado para hacer oposición a un gobierno democrático estaba el fiscal de Medio Ambiente. Y usó su cargo formal y no solo su adscripción a vuestra organización. Su neutralidad queda comprometida ♂️. pic.twitter.com/rSQAz6Tjqd
— PP de Galicia (@ppdegalicia) 18 de diciembre de 2019
Presencia autorizada
La UPF aclara que «la única instancia que, en su caso, podría pedir algún tipo de explicación a nuestro compañero es la propia Fiscalía General del Estado, a través de la Inspección Fiscal, único órgano con capacidad de limitar o sancionar las conductas de los fiscales», y asegura que «esta institución, que fue consultada previamente, no puso reparo alguno a la participación de nuestro compañero en dicho acto».
Contactado por este periódico, García Ortiz ha confirmado que realizó la consulta «de manera verbal y presencial» dado que se encontraba en Madrid. «El fiscal inspector lo puede certificar si fuera necesario», ha asegurado a ABC. La autorización «no era necesaria» pero «la solicité igual». Por su parte, desde el gabinete de prensa de la Fiscalía General del Estado han indicado que estas autorizaciones se realizan y se resuelven por escrito, aunque han declinado facilitarla a este periódico.
«Si ha habido un permiso se habrá tramitado», ha explicado sucintamente un portavoz de la FGE a ABC, que puso el acento en que en estos casos lo determinante es establecer «en calidad de qué ha acudido» al citado acto, si como miembro de la carrera fiscal o como integrante de una asociación, aunque sin la primera condición es imposible pertenecer a ningún estamento asociativo. Por último, ha apuntado que no hay un criterio determinado para autorizar o no la presencia de fiscales en actos de carácter político, como el del pasado sábado en Santiago, ni tampoco una estadística que lo recoja.
La UPF insiste en que las palabras de Rueda «suponen una intromisión inaceptable que cuestiona la contrastada profesionalidad de este fiscal», y sentencia que la asociación «comparte todo su potencial humano e intelectual al servicio del progreso social». «No es la primera ni será la última vez que nuestros asociados participen y colaboren en cuantas acciones requieran de nuestra experiencia, propuestas y convicciones sobre el perfeccionamiento de la administración de Justicia, la defensa y plena realización de los derechos y libertades de la ciudadanía y la promoción del interés social», apostillan en el comunicado.