Varios clubes estudian querellarse contra la maniobra electoral de Rubiales
Las elecciones a la carta que planeaba Luis Rubiales pueden acabar en los tribunales. La información publicada el pasado martes por ABC, en la que se destapaba el intento de ampliar primero en diecinueve y finalmente en cinco el número de miembros antes de las elecciones, ha caído como una bomba de relojería en gran parte de los clubes profesionales y no profesionales. Tal es su estupor y enfado, que han encargado un dictamen a un abogado penalista para interponer una querella criminal que podría afectar no solo al presidente de la Federación Española, sino también a los dirigentes del Consejo Superior de Deportes que han autorizado la ampliación del número de asambleístas con derecho a voto.
En la primera supuesta irregularidad que denuncia este grupo de clubes habría participado activamente el Consejo Superior de Deportes, dependiente del Gobierno, por haber permitido a Rubiales modificar el reglamento electoral sin haberse aprobado anteriormente la modificación de Estatutos. Fuentes jurídicas consultadas por ABC aseguran que la presidenta, María José Rienda, debería haber esperado a que la Comisión Directiva aprobase la modificación de Estatutos para realizar la posterior autorización y que además tendría que haber pedido un nuevo informe al Tribunal Administrativo del Deporte, como indica expresamente la Orden Ministerial que regula los procesos electorales de las federaciones deportivas. No les vale la explicación de la Federación y del CSD de que ya se había solicitado un dictamen en verano sobre la modificación de Estatutos, pues se trata de dos trámites distintos. De hecho, la petición del informe al TAD sobre la modificación de Estatutos era opcional y sin embargo la que tiene que ver con el reglamento electoral es obligatoria.
Asambleístas a dedo
Fuentes del CSD indicaron a este periódico que «el informe del TAD considera ajustada a la legalidad la solicitud de la RFEF sobre el nombramiento de 19 miembros natos nuevos y el CSD autoriza una modificación de solo cinco». También explican que «la Comisión Directiva del CSD ha pospuesto la aprobación de la modificación de los Estatutos hasta la próxima comisión directiva por considerar que no se encontraba expresamente incluida en el orden del día, puesto que éste hablaba de una modificación general de los Estatutos y no hacía referencia al contenido exacto de esa modificación». ABC también intentó sin éxito recabar la versión de la Federación sobre lo sucedido.
Como informó este periódico, el informe del TAD sobre la ampliación de miembros natos solicitada por Rubiales no solo no era favorable, sino que era muy crítico, hasta el punto de considerar que se quebraba el principio democrático y de representatividad. En un documento de 17 páginas presentado el 4 de octubre, el TAD consideraba que no había justificación para la ampliación solicitada y que no cumplía los criterios marcados por la ley. Por lo tanto, es de prever que dicho tribunal también tumbe el reglamento electoral propuesto por la Federación con la autorización del CSD.
La otra posible grave irregularidad que señalan los clubes y que no es menor es la de que la Federación no haya colgado en la web, tal y como exige la normativa, «el contenido íntegro de las solicitudes, cambios de criterios que planteen y las resoluciones adoptadas al respecto por el Consejo Superior de Deportes». Dicha exigencia fue introducida en 2015 para evitar que, como se denunció en las elecciones de 2012, el presidente de una federación -en aquel caso Ángel María Villar- pueda cambiar los criterios y el calendario electoral de manera semiclandestina en connivencia con el Gobierno de turno, que en este caso está además en funciones.
El grupo de clubes que estudian querellarse contra Rubiales y contra el CSD por la vía penal tiene también decidido impugnar por la vía administrativa todo el proceso electoral, lo que podría alterar el calendario previsto por el presidente de la Federación, que pretende llegar a la Eurocopa con la renovación en la mano. Las anteriores elecciones, que Villar ganó a Jorge Pérez entre sospechas de pucherazo, también se celebraron un año después de lo previsto.