Alertan a contadores y economistas ante requerimientos en inspecciones de la SENACLAFT
En el comunicado interno, acompañado por un informe legal, se deja constancia que “el secreto profesional es uno de los pilares fundamentales en la profesión” y que está garantizado por el artículo 28 de la Constitución de la República, el cual establece: “Los papeles de los particulares y su correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie son inviolables y nunca podrá hacerse su registro, examen o interceptación sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general”.
Por su parte, la Ley 19.574 y el decreto 379/2018 han determinado que en la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo, el interés general queda circunscripto al ámbito en el que los profesionales sean sujetos obligados (artículo 13, literal J de la Ley) por las actividades que realizan y en el marco en el que se vean involucrados directa o indirectamente en negocios o transacciones que se estén fiscalizando”.
Sólo en este ámbito, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) tiene las más amplias facultades de investigación.
Se recuerda que el Código Penal en su artículo 302, “impone sanciones a quienes violen la obligación de mantener secreto profesional en su actividad: ‘El que, sin justa causa, revelare secretos que hubieran llegado a su conocimiento, en virtud de su profesión, empleo o comisión, será castigado (…) Por lo anterior, la solicitud genérica sobre la lista de clientes o cualquier otra sin justa causa, es una solicitud inconstitucional y expone al profesional que la facilite a posibles consecuencias penales y civiles”.
En tal sentido el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay recuerda que desde antes de la norma legal “ya había elaborado normas para sus asociados en materia de prevención de lavado y ha demostrado un compromiso total en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo”.
“La inspección a colegas (sean sujetos obligados o no) requiriendo y dando plazo para la presentación de listados de clientes con detalles de su actividad violenta el derecho constitucional de los profesionales a guardar reserva con sus clientes”, expresa el colegio en su carta.
Cooperación
Asegura que: “No se trata de comprender o entender la labor de la SENACLAFT, se trata de amparase en las normas legales y sobre todo en no admitir violaciones a la Constitución de la República. La norma legal es clara: ‘el sujeto no obligado no está alcanzado por la Ley y por lo tanto no tiene que entregar absolutamente ninguna información”.
De todos modos, se expresa que en el marco de una investigación concreta u operación sospechosa investigada, el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay “sugiere la mayor cooperación posible restringida a dicha operación”.
También se expresa que los profesionales inscriptos como sujetos obligados, que hayan tenido participación directa o indirecta en la transacción o negocio que SENACLAFT esté fiscalizando o investigando, “pueden ser requeridos a exhibir todo tipo de documentos, propios o ajenos, y comparecer ante la autoridad administrativa para proporcionar la información que ésta solicite, pero únicamente referida a la transacción o negocio que SENACLAFT esté investigando y debe guardar secreto por el resto de las operaciones del cliente”.
“En ninguna circunstancia corresponde presentar la lista de clientes del profesional o detalles de operaciones o transacciones no investigadas”, se remarca en el comunicado.