El Tribunal Constitucional: «El poder político no puede controlar la circulación de ideas»

La libertad de expresión tiene una «peculiar dimensión institucional» por ser garantía para la «formación y existencia de una opinión pública libre», lo que la convierte en «uno de los pilares de una sociedad libre y democrática». Así lo asegura la doctrina del Tribunal Constitucional, que de forma recurrente tiene que pronunciarse sobre los límites de este derecho fundamental cuando invade otros derechos. Una hipotética intervención del Gobierno en busca de informaciones que puedan causar «estrés social o desafección a las instituciones del Estado» –en palabras del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil antes de rectificar– supondría un ataque a la libertad de expresión que el órgano de garantías no ampara. En la última sentencia que el TC ha dictado en relación con este asunto (la absolución del cantante de Def con Dos César Strawberry), los magistrados apelaban a su propia doctrina para resaltar la necesidad de que la libertad de expresión «goce de un amplio cauce para el intercambio de ideas y opiniones, lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angostura, timidez ni temor». «El valor del pluralismo y la necesidad del libre intercambio de ideas como sustrato del sistema democrático representativo impiden cualquier actividad de los poderes públicos tendente a controlar, seleccionar, o determinar gravemente la mera circulación pública de ideas o doctrinas», apuntaba el TC el pasado 25 de febrero. En esa misma resolución, en la que revocaba una condena a un año de cárcel del Supremo, los magistrados ponían de manifiesto incluso los riesgos derivados de la utilización del derecho penal en la respuesta estatal ante un eventual ejercicio extralimitado de la libertad de expresión. Alertaba de la «desproporción» que podía suponer acudir a esta vía y el «efecto de desaliento que ello puede generar». La conducta del artista cuya libertad de expresión fue amparada por el TC en el marco de la «crítica política», es aún más grave de lo que supondría una campaña de descrédito hacia cualquier institución del Estado, por cuanto los tuits del primero sí incurrieron en un delito: enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. Strawberry había publicado en Twitter frases muy duras en relación con algunas personalidades políticas. De la expresidenta de la Comunidad de Madrid decía, por ejemplo, que «el fascismo sin complejos de Aguirre hace añorar hasta los Grapo». Sobre la concurrencia en la candidatura de Vox de José Antonio Ortega Lara, secuestrado por ETA en 1996, dijo que «habría que secuestrarlo ahora». «El imperativo constitucional de respeto a la libertad de expresión impide categóricamente extraer conclusiones penales de estos elementos sin ponderar también el hecho de que los expresados tuits son susceptibles de ser interpretados como producto de la intencionalidad crítica en el terreno político y social a personas que ostentaban la condición de personajes públicos (...)», dijo el TC. A su juicio, los límites a los que está sometido el derecho a lal libertad de expresión deben ser siempre ponderados «con exquisito rigor», dada la posición preferente que ocupa la libertad de expresión, cuando esta libertad entra en conflicto con otros derechos fundamentales o intereses de significada importancia social y política. «Control ideológico» El catedrático de Derecho Constitucional José Manuel Vera Santos alude, en declaraciones a ABC, a esa «dimensión institucional» que el TC otorga a este derecho. «O se está con la libertad de expresión o se está en contra; aquí no hay términos medios», dice. A su juicio, pretender censurar contenidos es un «ataque claro a los cimientos jurídicos y políticos de un Estado democrático». Vera Santos denuncia que a través del «palo y la zanahoria» el Ejecutivo quiere imponer un «control ideológico» amedrentando a la sociedad. «No te puedes meter en la cama, en la opinión de cada ciudadano; esto no puede ser un Gran Hermano en el que se controle lo que piensas», denuncia el jurista. Vera subraya que al margen del derecho penal y de las conductas que puedan ser delictivas (y que se tienen que poner en conocimiento de un juez) no se pueden poner porterías a este campo.