Las plataformas Facebook y WhatsApp, ambas propiedad de Mark Zuckerberg, han anunciado que ha pausado temporalmente el proceso de las solicitudes de Hong Kong de información sobre sus usuarios. Una medida que nace con la intención, según sostienen ambas compañías, de defender la libertad de expresión de los ciudadanos del territorio asiático; especialmente después de la entrada en vigor la semana pasada de la ley de Seguridad Nacional.
Tal y como ha indicado un portavoz de la empresa, estas solicitudes quedan congeladas «a la espera de que se realice una evaluación más exhaustiva de la ley de Seguridad Nacional». «Creemos que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental y apoyamos el derecho de las personas a expresarse sin temor a su seguridad u otras repercusiones», afirmaron desde Facebook en declaraciones recogidas por el medio británico «The Guardian».
Antes de escoger el siguiente paso a dar, las plataformas digitales realizarán un estudio y hablarán con expertos en Derechos Humanos sobre la situación en la región administrativa especial China. «Tenemos un proceso global para las solicitudes del gobierno, y al revisar cada solicitud individual, consideramos las políticas de Facebook, las leyes locales y los estándares internacionales de derechos humanos», sostienen desde Facebook.
Esta decisión llega después de que Telegram, plataforma de mensajería que ofrece un servicio parecido al de WhatsApp, se negase a compartir información con las autoridades de Hong Kong «hasta que se llegue a un consenso internacional en relación con los cambios políticos en curso en la ciudad».
Recordemos, que la ley de Seguridad Nacional, que ha sido el decadenante de estas medidas enumera cuatro categorías de delitos: secesión, subversión, terrorismo y colusión con un país extranjero o elementos externos para poner en peligro la Seguridad Nacional. La pena máxima para cada delito es la cadena perpetua aunque la sentencia sugerida para algunos delitos menores es de tres años de prisión.
Aunque las autoridades de Hong Kong insisten en que la libertad de expresión y prensa siguen existiendo en la región, la ley ha entró en vigor rápidamente. Este mismo lunes, la Justicia ha negado la puesta en libertad bajo fianza de la primera persona en ser imputada bajo la nueva normativa.
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Tal y como ha indicado un portavoz de la empresa, estas solicitudes quedan congeladas «a la espera de que se realice una evaluación más exhaustiva de la ley de Seguridad Nacional». «Creemos que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental y apoyamos el derecho de las personas a expresarse sin temor a su seguridad u otras repercusiones», afirmaron desde Facebook en declaraciones recogidas por el medio británico «The Guardian».
Antes de escoger el siguiente paso a dar, las plataformas digitales realizarán un estudio y hablarán con expertos en Derechos Humanos sobre la situación en la región administrativa especial China. «Tenemos un proceso global para las solicitudes del gobierno, y al revisar cada solicitud individual, consideramos las políticas de Facebook, las leyes locales y los estándares internacionales de derechos humanos», sostienen desde Facebook.
Esta decisión llega después de que Telegram, plataforma de mensajería que ofrece un servicio parecido al de WhatsApp, se negase a compartir información con las autoridades de Hong Kong «hasta que se llegue a un consenso internacional en relación con los cambios políticos en curso en la ciudad».
Recordemos, que la ley de Seguridad Nacional, que ha sido el decadenante de estas medidas enumera cuatro categorías de delitos: secesión, subversión, terrorismo y colusión con un país extranjero o elementos externos para poner en peligro la Seguridad Nacional. La pena máxima para cada delito es la cadena perpetua aunque la sentencia sugerida para algunos delitos menores es de tres años de prisión.
Aunque las autoridades de Hong Kong insisten en que la libertad de expresión y prensa siguen existiendo en la región, la ley ha entró en vigor rápidamente. Este mismo lunes, la Justicia ha negado la puesta en libertad bajo fianza de la primera persona en ser imputada bajo la nueva normativa.