Una conjura para los necios
Hay una partida en juego en la que el premio es la ocupación del Tribunal Supremo durante dos décadas. En esa partida juegan desde luego el Partido Popular, que ha saboteado por segunda vez la renovación constitucional del CGPJ, y el propio Consejo fuera de su mandato, que sigue empeñado en dejar el máximo órgano jurisdiccional español copado por gentes afines y con varias décadas por delante. Fijarán así la composición en el tiempo. En esta guerra en la que algunas togas forman la primera línea, una batalla decisiva se va a jugar esta misma semana. Lesmes y sus gentes con mandato caducado van a terminar de cubrir los puestos más decisivos.
Todo eso lo saben los que me leen. Lo que no sé si se ha contado tanto es que en términos de la sanidad del Estado de Derecho, no importa tanto que se lleven años acumulando puestos del gusto de la derecha en el Tribunal Supremo, sino la evidencia de que esta cruzada está llevando a juristas tremendamente mediocres a poblar una sala como la Sala Segunda, que está llamada a iluminar técnicamente a todos los penalistas de España. Lo que destaca de esa apisonadora puesta en marcha por el Partido Popular, así es y así se puede demostrar, es "la mediocridad de tal inmoralidad". Hasta el punto de que en ambientes universitarios, de grandes juristas, circula el chascarrillo de que en la Sala Segunda, actualmente, "solo hay fiscales e inútiles". Es una broma dura pero mucho más descriptiva de lo que algunos piensan.
Es cierto que nunca han abundado los grandes penalistas en los sectores conservadores españoles. Cosa contraria a lo que sucede en Alemania, cuyos grandes penalistas son muy conservadores. Lo cierto es que el chascarrillo apunta a que, actualmente, la mejor técnica del TS la tienen aquellos que proceden de la carrera fiscal: Marchena, Del Moral, Colmenero, todos ellos conservadores. No hay un penalista que pueda defender que los actuales integrantes de la Sala Penal tienen algo que ver con los grandes nombres anteriores como los de Perfecto Andrés Ibáñez, Alberto Jorge Barreiro, Enrique Bacigalupo o Luciano Varela.
El nivel actual de la Sala Segunda es bastante penoso y esa va a ser la tónica durante años. Incluso dentro de los conservadores antiguos, como Adolfo Prego, que no podía serlo más, existía una resistencia intelectual a la obediencia y la sumisión que terminó sacándolos del Supremo. La diferencia en esta cuestión es que mientras los progresistas suelen nombrar a magistrados que tienen una cosmovisión similar, con eso vale, los populares buscan además a gentes obedientes y sumisas y eso, como sucede en todos los ámbitos, se da poco entre la gente brillante.
La ínfima calidad actual de la Sala Segunda es tan evidente que no hay jurista en ejercicio que secretamente no sepa que se trata sobre todo de juristas grises muy dados al recorta y pega, sin cuerpo doctrinal propio y sin impronta ninguna que dejar ni guía que aportar al resto de magistrados. No lo dirán, el coro de los tiralevitas es también muy amplio. Ahí tenemos las torpezas de Llarena, que han quedado a la vista; la alta magistratura de la juez Lamela, la que confunde el terrorismo con el atentado y las lesiones o la que tuvo tan buen ojo que mantuvo a Rosell dos años en prisión por la cara. Ahí está, sentando magistratura.
Tan escandaloso es el caso que la torpeza técnica de otro miembro de la Sala II, Vicente Magro, fue extensamente comentada en un artículo por Perfecto Andrés Ibáñez, ya jubilado, que no debía poder contenerse más. Glosaba el gran penalista cómo Magro, harto satisfecho de una sentencia de la que había sido ponente, había auto publicitado una nota con su doctrina llamada: '20 criterios del TS para valorar la prueba indiciaria'. Decía Andrés: "La nota no es sino un galimatías que solo ofrece la reiteración desordenada y confusa de ciertos tópicos inconsistentes en materia probatoria" y fue difundida ampliamente "en una publicidad masiva que no solo compromete a su autor y ponente, sino a la propia Sala Segunda". Este es el plato común en la técnica jurídica y la impronta de magisterio jurídico que queda en el Supremo.
Este miércoles, Lesmes y los que colaboran con él en perpetrar esta sucia maniobra van a designar a los sustitutos de grandes juristas como Alberto Jorge y Luciano Varela, junto a la de Monterde. Para ello, con toda probabilidad, elegirán a Concepción Espejel "Querida Concha", Ángel Hurtado y Javier Hernández, siendo únicamente este último un penalista reconocido y, ¡qué se le va a hacer!, progresista.
Los favores que se le van a pagar a Espejel, ustedes ya los conocen e incluyen dos recusaciones aceptadas por su proximidad al PP, su calidad técnica es más que discreta y los de Ángel Hurtado consisten en su papel para que Rajoy no declarara en la Gürtel, su servilismo cuando finalmente lo hizo y su voto particular en esa sentencia que acabó costándole el gobierno al PP. Sus grandes sentencias, sus teorías jurídicas objeto de estudio, pueden ir ustedes a buscarlas con la lupa. Dos mediocres más sentados por años en un tribunal cuyo prestigio agoniza pero dispuestos a estar allí donde sea preciso estar para los que les patrocinan. "Buscan mediocres que sepan que lo son y que les deban el puesto", en palabras dichas por quien ha tenido voto en designaciones.
El miércoles, de nuevo, quedará fuera del Tribunal Supremo uno de los mejores penalistas de este país, Ramón Sáez Valcárcel, por cuyos análisis técnicos sí darían un brazo muchos penalistas, número uno de entre los jueces especialistas que determinó el propio CGPJ, y que tendrá que asumir de nuevo que la brillantez no es moneda de curso en la carrera judicial. Lo es tan poco, que no hay sino que observar la permanente fuga de talento hacia la abogacía y la empresa privada de tantos que siendo destacados jueces han asumido que nunca conseguirán un reconocimiento en su profesión, en este caso el que debería ser el más alto, ser magistrado del Tribunal Supremo.
El miércoles se harán también nombramientos de tres presidentes de Sala, que no se va a cortar Lesmes en este obsceno ejercicio de fontanería para la derecha, y la de la Sala Quinta de lo Militar recaerá probablemente en Julián Sánchez Melgar, que dejaría así otra vacante en la Sala Segunda. No desestimen que el PP no se avenga a cumplir con su deber constitucional hasta que no cubran también esa última. La Sala Segunda habrá quedado blindada durante años, sus puestos son vitalicios y los designados, de mediana edad, y ya se podrá reposar. En caso de lawfare las trincheras están repletas.
Esa es la vergüenza que arrastramos como país y esa es la vergüenza que los propios jueces, que saben mejor que yo hasta qué punto es ramplona la sala que les corrige sus sentencias, que no lo dirán y callarán y aguantarán que su horizonte profesional se vea aplastado por los que están dispuestos a ser sumisos.
Alguien tenía que decirlo.