Las causas del procés en 2021: los líderes soberanistas esperan el indulto y sus subordinados, el juicio
Los años pasan pero el procés sigue en los tribunales. Y 2021 no será una excepción. Las causas derivadas del otoño soberanista de 2017 que se siguen en varios juzgados catalanes encaran un año decisivo, pendientes de llegar por fin a juicio o con su vista oral ya señalada. Decenas de personas esperan saber su futuro penal. Son los subordinados -altos cargos y funcionarios de la Generalitat- de los líderes del procés, sus "fontaneros" o "ejecutores de grado intermedio", en definiciones acuñadas por el letrado Cristóbal Martell en su informe final del juicio a la cúpula de los Mossos en la Audiencia Nacional el pasado mes de junio.
Los 33 procesados -entre ellos los directores de TV3 y Catalunya Ràdio- por desobediencia, prevaricación, malversación, falsedad documental y revelación de secretos esperan que la sección 21 de la Audiencia de Barcelona fije la fecha del juicio. Mientras, sus antiguos jefes en el Govern, ya condenados en firme por el Supremo, aguardan la resolución de sus indultos. También de sus recursos ante Tribunal Constitucional por vulneraciones de derechos fundamentales en el juicio en el Tribunal Supremo, paso previo para acudir a la Justicia europea. Se espera que el Constitucional lo resuelva a lo largo de este año.
Si se cumplen las previsiones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que este miércoles situó la decisión sobre los indultos entre después de las elecciones catalanas de febrero y antes del verano, los nueve condenados por sedición sabrán si pueden salir de la cárcel antes de que sus subordinados conozcan cuándo se sentarán en el banquillo. Antes de que llegue a la mesa del Consejo de Ministros el tribunal presidido por Manuel Marchena deberá emitir su informe no vinculante al Gobierno. Pero igualmente la decisión del Gobierno será recurrible ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.
A la causa del Juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del 1-O, todavía le faltan trámites antes de la vista, entre ellos el escrito de acusación de la Fiscalía, a lo que hay que sumar la acumulación de juicios motivada por la pandemia y la dificultad de fijar fechas para un macrojuicio con una treintena de abogados. La magistrada María Isabel Delgado Pérez, que ha sido designada ponente de la sentencia, ha solicitado ser eximida del reparto de nuevas causas para poder dedicarse en exclusiva a estudiar un sumario de 55 cajas y 37.609 folios, a lo que ha accedido el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
En el mismo Palacio de Justicia de Barcelona pero ante el TSJC por su condición de diputados en el Parlament esperan juicio los políticos de ERC y exaltos cargos de Economía Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, procesados por desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos. Ambos ocupan puestos de salida en las listas de ERC para el 14-F por lo que posiblemente retendrán su escaño y por lo tanto su aforamiento ante el alto tribunal catalán. En esta vista oral volverá uno de los documentos más célebres del procés, la libreta Moleskine de Jové, que según la Fiscalía, la Guardia Civil y el teniente coronel Daniel Baena equivalía a una hoja de ruta de la rebelión pero que el Tribunal Supremo desdeñó como prueba de cargo a los exconsellers.
Sí se ha fijado ya fecha para el juicio a los cinco académicos que formaron la Sindicatura Electoral del 1-O. A diferencia de la causa del 13, los acusados no son cargos políticos sino profesores o catedráticos que durante dos semanas ejercieron como síndicos electorales del 1-O pero que dimitieron antes de la votación después de que el Constitucional les amenazara con multas diarias. La Fiscalía pide hasta dos años y nueve meses de cárcel para Jordi Matas, Tània Verge, Marc Marsal, Josep Pagès y Marta Alsina por los delitos de desobediencia y usurpación de funciones. El juicio a los síndicos ya se ha suspendido dos veces, primero en abril por la pandemia y en noviembre porque todo el personal del juzgado penal 11 de Barcelona tuvo que ponerse en cuarentena por contacto estrecho de una funcionaria.
Todos los procesados permanecen en libertad a la espera de juicio. Para los nueve presos, 2021 comenzará con una nueva clasificación de grado. Este mes de enero los profesionales de las tres cárceles catalanas donde permanecen Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart decidirán si vuelven a concederles el tercer grado, equivalente a la semilibertad, o si tras su revocación por parte del Supremo vuelven a clasificarles en segundo grado. La decisión se tomará después de las duras críticas del Supremo contra la administración penitenciaria de la Generalitat.
La acumulación de causas relacionados con el referéndum ha llevado al independentismo a reclamar una amnistía para el conjunto de investigados pese a tratarse de una fórmula inconstitucional. Por el momento el Gobierno central solo se ha mostrado partidario de tramitar los indultos para los condenados por sedición así como reformar este delito para que los presos puedan salir antes de prisión, pero el independentismo reclama una solución global.
Este año que ahora empieza también tendrá lugar el juicio en el Tribunal Supremo contra el exsecretario de la Mesa del Parlament Joan Josep Nuet. Será los próximos 24 y 25 de marzo. Y la Fiscalía, salvo giro inesperado, presentará una nueva querella por desobediencia contra el actual presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent.
Al margen de los altos cargos independentistas, centenares de manifestantes y activistas soberanistas permanecen investigados por las protestas que siguieron a la sentencia del procés. Solo la protesta de Tsunami Democràtic en la frontera francesa acumula 196 imputados. Y en la Audiencia Nacional nueve CDR siguen investigados por supuesto terrorismo. Además de los independentistas que ya han sido condenados por altercados producidos durante la investidura fallida de Carles Puigdemont o los primeros aniversarios del 1-O, decenas de personas permanecen investigadas por los altercados del otoño y el invierno de 2019. Ante las altas penas que pide la Fiscalía, algunas de ellas han aceptado condenas que no implican su ingreso en prisión, pero otras siguen investigadas y pendientes de que su caso llegue a juicio.
Policías y Mossos, sin fecha de juicio
Mucho más retraso llevan las causas que colean del 1-O y que afectan a los cuerpos de seguridad por su papel durante la votación. Una vez absuelto el major Josep Lluís Trapero, la única causa abierta en los juzgados catalanes por la supuesta pasividad de los Mossos d'Esquadra el 1-O es la que se sigue en Sabadell (Barcelona). Un juez ha exculpado a la cúpula de Trapero por el 1-O pero ha enviado a juicio a siete mandos. La Fiscalía deberá presentar escrito de acusación a inicios de año.
Más repartidas por la geografía catalana están las causas que afectan a agentes de Policía Nacional y Guardia Civil por sus intervenciones del 1-O que lesionaron a decenas de votantes. Tras el archivo de la causa de Lleida, hay investigaciones abiertas en Manresa y Mataró (Barcelona), Girona y Amposta (Tarragona), si bien donde hay más agentes imputados -más de medio centenar- es en la causa del juzgado de instrucción 7 de la capital catalana.
Pese a que el juez Francisco Miralles tenía prácticamente terminada la instrucción, el aluvión de peticiones de última hora de las acusaciones particulares de heridos y populares para imputar a más mandos policiales -rechazadas por el juez y pendientes de confirmarse por la Audiencia de Barcelona- ha postergado el final de la investigación. 2021 también será un año clave para saber si cuatro años después algún policía nacional se sentará en el banquillo por el 1-O.