Todo lo demás sobra
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un "órgano de gobierno" y no un órgano judicial. Es un órgano de naturaleza política, como lo son las Cortes Generales y el Gobierno. Por eso, en el artículo 159.1.c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se contempla la posibilidad de que el CGPJ sea parte en un conflicto con las Cortes Generales o con el Gobierno, conflicto que tendría que ser resuelto por el Tribunal Constitucional. El conflicto constitucional presupone la naturaleza política del órgano que lo entabla. El Tribunal Supremo (TS) no puede entablarlo. El CGPJ, sí.
Quiero decir con ello que el mandato de los miembros del CGPJ, como el de todos los miembros de los órganos políticos, no es susceptible de prórroga de ningún tipo. Y no lo es, porque la renovación de los órganos de naturaleza política forma parte del "núcleo esencial" del concepto de democracia. La renovación afecta al "principio de legitimidad", en el que descansa el sistema político y el ordenamiento jurídico de toda democracia digna de tal nombre. La "prórroga" del mandato de los miembros de los "órganos de gobierno" no es una opción constitucional en democracia. Contradice directamente su principio de legitimidad.
Dicho de otra manera: en democracia no es admisible la existencia de "órganos de gobierno en funciones". La única excepción es la del Gobierno hasta tanto el Congreso de los Diputados inviste a un presidente tras la celebración de unas elecciones generales. Es la excepción que confirma la regla. Está prevista expresamente en la Constitución y vinculada al principio de legitimidad democrática, de tal manera que, si el Congreso no inviste a un Presidente del Gobierno en el plazo de dos meses, se disuelve el Parlamento y se celebran nuevas elecciones. La propia legitimidad democrática del Parlamento está vinculada a la investidura del presidente del Gobierno. Por eso, se contempla esa excepción y en tales términos.
Los "órganos de gobierno", todos los órganos de gobierno, tienen que ser expresión siempre de la renovación que se produce en la sociedad y que se expresa periódicamente mediante el ejercicio del derecho de sufragio en las elecciones generales. De dicho ejercicio del derecho del sufragio deriva la composición de las Cortes Generales y de la composición de estas de manera inmediata la composición del Gobierno, y, con un margen de un año, la del CGPJ.
La Constitución lo deja meridianamente claro en el artículo 122.3: "El CGPJ estará integrado por el Presidente, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un plazo de cinco años". El mandato parlamentario es de cuatro años. El de los miembros del CGPJ, de cinco. El constituyente ha querido separar la elección de los miembros del CGPJ de la elección de los miembros de las Cortes Generales, pero no desvincularla por completo de esta última elección. La Constitución admite la separación por el plazo de un año adicional en la renovación de la legitimidad democrática del CGPJ. Pero nada más. Solo la del CGPJ y por un año. Los miembros del CGPJ renuevan su legitimidad cada cinco años. Pero cada cinco años tienen que renovarla. Sin prórroga de ningún tipo.
Cualquiera que haya cursado estudios de derecho sabe, o debería saber, que el principio de "discontinuidad" es el principio que preside la renovación de la "legitimidad" de los órganos de gobierno en democracia. Con cada nuevo ejercicio del derecho de sufragio en las elecciones generales el contador se pone a cero en lo que a la "legitimidad" del ejercicio del poder se refiere. Ningún "órgano de gobierno" puede quedar eximido de la obligación de adecuarse a la nueva manifestación de voluntad del cuerpo electoral, que es el único órgano constitucional integrado por todos los ciudadanos en condiciones de igualdad.
En torno a la manifestación de voluntad del cuerpo electoral tienen que girar "todos los órganos de gobierno". Porque en el cuerpo electoral no hay "mayorías o minorías". En el cuerpo electoral están, estamos, todos los ciudadanos en condiciones de igualdad. A través de nuestro ejercicio del derecho de sufragio se constituyen la mayoría (s) y la minoría (s) en el Congreso de los Diputados y el Senado, y a partir de dichas mayoría (s) y minoría (s), se constituye el Gobierno y el CGPJ.
La cadena de la legitimación democrática es única e ininterrumpida. Renovación de la legitimidad democrática cada cuatro años en las elecciones legislativas. Renovación de manera inmediata de la legitimidad del órgano titular del poder ejecutivo. Renovación del CGPJ en el año que toque de la legislatura cuando se hayan cumplido los cinco de su nombramiento.
La Constitución únicamente contempla la interrupción del proceso para el Gobierno en el periodo que va del Decreto de disolución/convocatoria de las elecciones generales al momento de la investidura del nuevo Presidente del Gobierno. Durante este periodo el Gobierno "está en funciones". Es la única excepción contemplada por la Constitución, que, justamente por ser una excepción, tiene que ser interpretada restrictivamente. De su carácter de excepción deriva la limitación operativa del Gobierno en funciones, de la que doy por informado a los lectores.
Fuera de esta excepción establecida por el propio constituyente, no cabe ninguna otra. El legislador no puede excepcionar la vigencia del principio de discontinuidad en la cadena de legitimación democrática del Estado. Solo el constituyente puede hacerlo. Para que el CGPJ pudiera "estar en funciones", sería necesario reformar la Constitución y que en la misma se contemplara tal posibilidad, como se hace respecto del Gobierno. Sin ello, se está cometiendo un "fraude constitucional".
Es un fraude constitucional que se está haciendo visible de manera desvergonzada. Los actuales miembros del CGPJ fueron designados en 2013, en un momento en que el PP disponía de una mayoría más que absoluta tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. 2013 es el mismo año en que en el Ministerio de Interior se puso en marcha la "policía patriótica", con la finalidad de sustraer al conocimiento del poder judicial documentación en posesión de Luis Bárcenas potencialmente comprometedora para el PP y su Gobierno. Es la misma mayoría parlamentaria y gubernamental que puso en marcha la operación Kitchen a la que responde la formación del CGPJ en este momento. ¿Cabe mayor presunción de falta de legitimidad que esa coincidencia? ¿Es el CGPJ el "órgano de gobierno patriótico" del ministro Ruiz Gallardón, como fue "patriótica" la policía del ministro Fernández Díaz?
Se entiende que el PP pretenda perpetuar esta composición del CGPJ. Especialmente en un momento en el que todavía quedan muchas conductas de aquellos años que están pendientes de sentencia. Y aunque el CGPJ no es un órgano jurisdiccional, puede, sobre todo a través de los nombramientos de Presidentes y Magistrados, incidir en el proceso de administración de justicia. Se entiende que el PP quiera mantener un CGPJ que considera "suyo".
Pero no se entiende que los miembros designados en esas circunstancias se aferren al sillón que ocupan de manera fraudulenta e incluso se atrevan a comportarse de la forma que lo hacen, intentando interferir en el proceso legislativo, cuando carecen de cobertura normativa de algún tipo para poder hacerlo.
En mi opinión, la proposición de ley que se está tramitando para limitar el ejercicio de determinadas atribuciones al CGPJ en funciones se queda corta. La proposición de ley debería traducir el mandato constitucional de que los miembros del CGPJ son nombrados "por un plazo de cinco años" y disponer que dicho mandato finaliza el día en que se han cumplido esos cinco años.
"El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección", dice el artículo 68.4 de la Constitución. Es lo mismo que dice, aunque de otra manera, el artículo 122.3 de la Constitución respecto del mandato de los miembros del CGPJ. Mandato "por un plazo de cinco años".
Dado que no ha sido entendido así, la proposición de ley en tramitación debería limitarse a recordarlo: "El mandato de los miembros del CGPJ termina cinco años después de su elección". Este debería ser el contenido de la proposición de ley. Todo lo demás sobra.