La Corte Penal Internacional lanza una investigación sobre crímenes de guerra en los territorios palestinos
El mes pasado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó a la Corte Penal Internacional de «antisemitismo puro» después de que un tribunal con sede en La Haya aprobara en principio una investigación sobre presuntos crímenes de guerra en territorios palestinos controlados por Israel. La Corte Penal Internacional ha abierto una investigación formal sobre presuntos […]
El mes pasado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó a la Corte Penal Internacional de «antisemitismo puro» después de que un tribunal con sede en La Haya aprobara en principio una investigación sobre presuntos crímenes de guerra en territorios palestinos controlados por Israel.
La Corte Penal Internacional ha abierto una investigación formal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en territorios palestinos ocupados por Israel, dijo Fatou Bensouda, fiscal jefe de la CPI, en un comunicado el miércoles.
«Hoy, confirmo el inicio por parte de la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional de una investigación sobre la situación en Palestina», dijo Bensouda.
El fiscal precisó que la investigación «abarcaría delitos de competencia de la Corte que presuntamente se han cometido en la Situación desde el 13 de junio de 2014, fecha a la que se hace referencia en la Remisión de la Situación a mi Fiscalía».
Bensouda enfatizó que, de acuerdo con los principios fundacionales de la CPI, las investigaciones realizadas por su oficina «se llevan a cabo de manera independiente, imparcial y objetiva, sin temor ni favoritismos» y «abarcan todos los hechos y pruebas relevantes para una evaluación» sobre si se ha producido una actividad delictiva .
La decisión de emprender la investigación se tomó después de realizar lo que el fiscal llamó un «minucioso examen preliminar» que se llevó a cabo durante casi cinco años en coordinación con representantes tanto de Israel como de los territorios palestinos.
La Autoridad Palestina acogió con beneplácito la decisión de la CPI, y su Ministerio de Relaciones Exteriores la calificó como un «paso largamente esperado que sirve a la búsqueda incansable de justicia y responsabilidad de Palestina, que son pilares indispensables de la paz que el pueblo palestino busca y merece».
Hamas, un posible co-defensor en la investigación, anunció el miércoles que también da la bienvenida a la medida para iniciar la investigación y defendió sus acciones como «resistencia legítima».
El inicio de la investigación se produce después de una decisión de la sala de instrucción de la CPI en febrero de que la Corte tiene autoridad para ejercer jurisdicción penal en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, y que había «una base razonable» para creer que Israel y Hamas «han cometido o se están cometiendo crímenes de guerra en Cisjordania».
Las autoridades israelíes criticaron el fallo anterior, con el primer ministro Netanyahu acusando al tribunal de «antisemitismo puro» y criticando la presión de la CPI para investigar lo que se denominó «crímenes de guerra falsos». Benny Gantz, ministro de Defensa de Israel y socio menor en el gobierno liderado por Netanyahu, criticó de manera similar el fallo de febrero, calificando sus cargos «graves» de «infundados» y prometiendo «actuar con determinación» para proteger a los comandantes y soldados del ejército israelí.
El anuncio de Bensouda sigue a los informes de una intensa campaña diplomática israelí dirigida a los aliados de Tel Aviv para transmitir un «mensaje discreto» al fiscal para intentar presionarla para que no proceda con una investigación formal.
La administración Biden expresó su preocupación por la investigación, indicando que Israel no es parte del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI. Un portavoz del Departamento de Estado dijo que Washington «continuará manteniendo el fuerte compromiso del presidente Biden con Israel y su seguridad, incluida la oposición a las sanciones que buscan atacar a Israel injustamente».
La semana pasada, Axios informó que Netanyahu le había pedido a Biden que mantuviera en vigor las sanciones impuestas a los funcionarios de la CPI por la administración de su predecesor.