El rapapolvo del Defensor del Pueblo por la gestión migratoria en Canarias: "No puede convertirse en lugares de privación de derechos"

El Gobierno y las distintas autoridades implicadas han vuelto a fallar en la gestión de un aumento de las llegadas de migrantes a España, según evidencia la profunda crítica desarrollada por el Defensor del Pueblo en el extenso informe 'La migración en Canarias', publicado este miércoles. Muchos de los errores detectados durante la crisis de acogida en las islas no son nuevos. La mayoría son los mismos que ha recogido la institución una y otra vez ante cada pico de entradas irregulares a España: "De nuevo, hemos asistido a una carrera contra el tiempo en la búsqueda de lugares que permitan acoger con dignidad a las personas que llegan".

Esa carrera, marcada por la descoordinación entre las instituciones implicadas, recoge el documento, se ha traducido en actuaciones improvisadas y ha provocado vulneraciones de los derechos de los migrantes como la falta de información sobre el asilo, insuficiencia de intérpretes, una asistencia jurídica deficiente, el auge de la xenofobia y la limitación de la libre circulación por España, entre otras.

A Soungalo nadie le informó de su derecho a pedir asilo a su llegada al puerto de Arguineguín en septiembre de 2020, cuando en sus instalaciones aún estaban desplegadas las carpas del llamado "campamento de la vergüenza".  "Allí nadie nos ha dicho nada, en el hotel una mujer de Cruz Roja nos informó y vamos a pedirlo", contaba a elDiario.es en Gran Canaria el joven maliense, que dice huir de su país debido al conflicto, pero también por las prolongadas sequías de la zona que provocaban, cuenta, la escasez de alimento que llevarse a la boca. 

Durante los tres meses que permaneció en Canarias no formalizó su solicitud de asilo: "No entiendo cómo hay que hacerlo, nos van a trasladar a la península: ¿Allí podremos pedir asilo?", preguntaba el joven, evidenciando su falta de información sobre el proceso. Finalmente, logró materializar su petición en Andalucía, donde se encuentra acogido actualmente por una ONG.

La falta de información sobre el derecho al asilo, en una lengua que entiendan los recién llegados, es uno de los problemas sobre los que el Defensor del Pueblo llama la atención en su informe. La institución ha detectado "reiteradamente" el ofrecimiento de esta información de una forma "incomprensible" para quienes entran en España en patera, como si de un mero trámite se tratase, por lo que exige una revisión "en profundidad" de la manera en la que se informa sobre el asilo en las llegadas marítimas.

El Defensor apunta al papel de la Policía Nacional y de los abogados de oficio. La institución se queja de la "falta de seguimiento" realizado por las fuerzas de seguridad de los casos en los que la persona extranjera, durante la tramitación del expediente de devolución, manifiesta su intención de solicitar asilo. También exige al Ministerio del Interior que se facilite "formación adecuada" sobre el derecho de asilo a las brigadas de extranjería de la Policía Nacional. 

A los abogados de oficio también les llama la atención. Después de asistir a una persona extranjera en esa primera asistencia en costas en la que esta manifiesta su voluntad de solicitar asilo, "no siempre hacen el debido seguimiento", indica el Defensor en su estudio.

En muchas de sus visitas, el equipo de Francisco Fernández Marugán ha constatado que muchos abogados de oficio realizan lecturas de derechos y asistencias letradas colectivas. "Los letrados ante la imposibilidad de mantener una conversación privada con su cliente, con asistencia de intérprete, se limitan a convalidar con su firma la resolución de devolución", sostiene, quien pone el ejemplo de quienes pasaron por el campamento de Arguineguín. "Estuvieron privadas de una asistencia letrada con las más mínimas garantías; por la falta de acceso a las instalaciones durante varios meses de los letrados y, una vez accedieron, por la carencia de un espacio que reuniese las condiciones mínimas para una asistencia individual". 

El documento recrimina a las autoridades no habilitar instalaciones apropiadas para que los abogados presten su servicio de manera individualizada, pero también reprende a los letrados y al Colegio de Abogados de Canarias: "Son los responsables de asegurar la prestación de la asistencia jurídica a la que tienen derecho los interesados", por lo que "tienen la obligación de exigir" unas condiciones mínimas para defender sus derechos.

La institución también menciona otros factores, entre los que se encuentra la especial situación geográfica de la isla: la imposibilidad que tiene el letrado de volver a contactar con su cliente cuando este es trasladado de isla, pero también que no se le facilita acceso al centro de acogida humanitaria.

Cuando había intentado acceder a la zona de embarque, la Policía le pidió la documentación a Jalal. Él mostró un pasaporte en vigor, un test de antígenos negativo y una declaración jurada en la que su hermano indicaba que se haría cargo de él en Madrid. No fue suficiente. Después de esperar varias horas retenido en la comisaría del aeropuerto, Jalal acudió al mostrador de una aerolínea para preguntar si podría recuperar el dinero del billete del vuelo que ya había despegado. Le dijeron que no. 

A Francisco Fernández Marugán le preocupa la privación de la libertad de movimiento que sufren los migrantes que, como Jalal, tras llegar a Canarias en patera, quedan en libertad por no poder ser deportados en los tiempos establecidos. Por un lado, aunque sin entrar en detalles, duda de "la cobertura legal para las identificaciones de ciudadanos extranjeros". Por otro, el Defensor considera que la Secretaría de Estado de Seguridad está incumpliendo la normativa europea, en concreto la Directiva de Retorno, que obliga a los Estados miembros a facilitar un documento a las personas que, por distintas razones, no puede expulsar en el plazo legalmente previsto.

Esta medida, dice, contribuirían a que los extranjeros sometidos a decisiones de retorno no ejecutables salgan de las situaciones de precariedad y marginalidad en las que con frecuencia se encuentran", dice el documento. 

Por otra parte, las restricciones a la libre circulación de los solicitantes de asilo en Ceuta y en Melilla, y ahora en Canarias, llevan siendo denunciadas por el Defensor del Pueblo desde hace años. Fernández Marugán recuerda que el demandante de protección internacional puede moverse con libertad por todo el territorio español, así como fijar su residencia en otro punto del país, siempre que lo comunique a la Administración. El Tribunal Supremo lo ha ratificado ya en varias sentencias, pero se siguen dando constantes incumplimientos. 

"Ese día no fue a la escuela. Le llamamos al teléfono, pero lo tenía apagado. Pensamos que quizás se había quedado sin batería, pero días después supimos que había cogido una patera con un amigo desde Dajla", le contaba a la Agencia Efe un hombre que desde el pasado 26 de diciembre no sabe nada de su hermano, Said, un chico de 16 años. El adolescente se había embarcado hacia Canarias en una patera con un total de 32 personas a bordo. 

Desde entonces, los familiares buscaban cualquier información llaman a Cruz Roja, la Policía o a medios de comunicación en busca de respuestas que no llegan. Lo mismo ocurrió, en este caso en la ruta del Mar de Alborán, con los allegados de una zodiak desaparecida con 8 ocupantes marroquíes en su intento de llegar a Motril, como contó este medio.

Durante sus visitas, el equipo del Defensor del Pueblo se encontró a familiares como estos en el puerto de Arguineguín buscando a sus seres queridos. También ha recibido quejas en las que se solicita su intervención por "la dificultad a la que hacen frente los familiares" de las personas que intentan llegar a Canarias en patera se "para obtener información sobre el estado y paradero de los supervivientes, del desarrollo de las actuaciones llevadas a cabo para su rescate e identificación o, en su caso, denunciar la desaparición de sus familiares". 

Cuando la institución ha preguntado al respecto, los distintos organismos de la Administración miran hacia otro lado, según evidencia en su informe: "Se limitan a señalar la falta de competencia de cada uno de ellos para la atención a familiares tanto de los supervivientes como de las víctimas". Sobre los desaparecidos, "tampoco parece que se asuma como responsabilidad de ninguna Administración" la promoción de actuaciones para "documentar el número de desapariciones en esta peligrosa ruta".

A pesar de las dificultades que la identificación de fallecidos y la atención a sus familias entraña en el contexto de la migración irregular, el Defensor del Pueblo exige a las autoridades "encontrar una fórmula clara para dar respuesta a las familias". 

Una de las principales carencias detectadas por el Defensor es la "inexistencia de protocolos de identificación ágiles y eficaces" para el traslado de personas vulnerables. El informe advierte de la detección de espacios "inadecuados" de acogida, pero sobre todo insiste en la necesidad de promover la salida de los migrantes de las islas, especialmente de aquellas personas en una situación más delicada.

Fernández Marugán critica "la lentitud" de los traslados desde Canarias a la península que ha marcado el año 2020. El Defensor alerta sobre los efectos de la concentración de los campamentos en varios municipios canarios, tras la escalada del racismo vivida en las islas durante los últimos meses: "Las manifestaciones xenófobas deben ser perseguidas con contundencia y, al mismo tiempo, se debería evitar a toda costa la concentración de grandes centros de personas migrantes, en barrios especialmente castigados por la grave crisis económica que la pandemia ha provocado en Canarias".

"Los recursos de acogida humanitaria (...) en modo alguno deberían ser utilizados como campamentos en los que ciudadanos extranjeros esperen sine die a que se pueda ejecutar la decisión de retorno que pende sobre ellos", ha afirmado el Defensor del Pueblo en un extenso informe monográfico publicado este miércoles donde analiza las "inadecuadas" condiciones en las que son acogidos muchos migrantes llegados a Canarias en patera en el último año. "No puede convertirse a determinadas zonas costeras del sur de Europa en lugares de privación de derechos tales como la libre circulación, con el argumento del control migratorio y de evitar el efecto llamada".

Durante sus visitas, la institución también se ha encontrado con la insuficiencia en el número de intérpretes y la falta de disponibilidad de personal que hable las lenguas de varios países del África subsahariana. Sobre todo le preocupa la falta de capacitación, en wolof y bambara. También se queja de la prestación de este servicio a través del altavoz de un teléfono, en vez de presencialmente, lo que genera un clima de mayor confianza y facilita la comprensión.

La institución llama la atención también sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados en Canarias. Según los últimos datos, el Gobierno canario acoge a 2.666 menores, para los que habilitar alojamientos de emergencia ante la falta de recursos de su red de acogida de menores tutelados. La improvisación y la saturación de los recursos de acogida, ligada a la falta de traslados a península, también ha derivado en la falta de identificación de adolescentes que, a pesar de su minoría de edad, se encuentran en centros de mayores. La institución ha llegado a identificar niños de 10 y 12 años que viajaban solos alojados en un espacio de adultos en la Isla del Hierro, en este caso, por la falta de recursos disponibles para ellos.

El Defensor pide a las comunidades autónomas más solidaridad para distribuir a estos niños por distintas regiones de España: "No es razonable que los servicios de protección de menores canarios asuman en solitario el reto que esto supone". El pasado 26 de noviembre, el Ejecutivo canario hizo un llamamiento al Gobierno central y al resto de comunidades autónomas. Necesitaban ayuda para acoger a los menores migrantes que han llegado solos al Archipiélago ante el incremento de las llegadas de pateras a sus costas. Canarias pedía la distribución por otros puntos del país de 500 de los 2.600 niños y adolescentes que acoge actualmente. Durante meses, aunque ha habido avances en las negociaciones con algunas comunidades, ningún menor ha sido trasladado a otras regiones ante, según aseguraban las distintas autoridades implicadas, las trabas burocráticas para materializarlo, aunque la Consejería de Derechos Sociales ha encontrado una vía para agilizarlos.

Fernández Marugán enumera distintas posibilidades por las que las instituciones implicadas podrían acelerar los traslados de menores. Según apunta, la Ley de Extranjería facilita herramientas para afrontar esta situación. Entre las posibilidades previstas existe un mecanismo por el que la Administración General del Estado y las comunidades autónomas establecen convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores, con el fin de atribuirles su tutela ordinaria. Según el Defensor, para que "esta medida pueda ponerse en marcha con éxito, se necesita voluntad política y un liderazgo para su coordinación y financiación de la Administración General del Estado".