Legalidad frente a victimismo
La reacción de Carles Puigdemont al levantamiento oficial de su inmunidad como parlamentario europeo para que pueda ser juzgado en España demuestra hasta qué punto su egocentrismo político nubla su juicio. Su frase con pretensiones lapidarias -‘hemos perdido la inmunidad, pero la democracia europea ha perdido más’- es indiciaria de cuál es su concepto real de la democracia y de las mayorías. Cuando la ciudadanía le concedió un escaño en Estrasburgo, no hubo cuestionamiento del sistema por su parte. Más aún, argumentó que el sistema le protegía y premiaba frente a una acusación ‘injusta’ del Tribunal Supremo. En cambio, cuando ahora es la inmensa mayoría de los partidos europeos quienes le desamparan, quien pierde es la democracia. El argumento de este prófugo de la justicia cae por su inconsistencia oportunista. Por eso urge la reactivación de las euroórdenes correspondientes para que los cinco dirigentes separatistas huidos sean detenidos cuanto antes, sin más subterfugios legalistas y sin más obstrucción por parte de Bélgica, Escocia y Suiza.
Igual de insostenible es el argumento con el que la Generalitat criticó la decisión de un juez de Vigilancia Penitenciaria de ordenar el reingreso en prisión de siete de los líderes independentistas condenados. Anoche llevaban más de un mes en libertad, y habían sido expresamente excarcelados por la consejería de Justicia, con una concesión arbitraria y prematura del tercer grado penitenciario, para participar en la campaña electoral. La portavoz del Gobierno catalán sostuvo que el retorno a la cárcel era ‘venganza, y no justicia’, y culpó expresamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez, del que ironizó diciendo que ‘esto está muy lejos del discurso del gobierno del diálogo y la negociación’. Al respecto, conviene resaltar dos peculiaridades: ni Puigdemont lamentó ayer el reingreso en prisión de Oriol Junqueras, ni el Gobierno catalán censuró el levantamiento de la inmunidad de Puigdemont. Y una tercera: la fractura en Moncloa entre PSOE y Podemos es más virtual que real, y Sánchez sigue ejerciendo como comparsa de Iglesias y del secesionismo.
En cualquier caso, todos ocultan la realidad. Los presos condenados son delincuentes que apenas han cubierto una cuarta parte de su condena, y su salida de la cárcel está prevista en 2030. Se olvida que Puigdemont está procesado. Se oculta que la Generalitat ordenó esas excarcelaciones contraviniendo una decisión del Supremo y sin asumir que la ley es igual para todos los reclusos. Se olvida que los golpistas viven en una situación de privilegio carcelario, y que han podido hacer campaña electoral libremente y sin cortapisas, incluso de la mano de un terrorista. ¿En qué país del mundo, con unos Tribunales supuestamente represivos y un Gobierno que encarcela a personas por sus ideas, se permite a unos presos políticos pronunciar mítines televisados en prime time? ¿No saben la respuesta Junqueras y el blanqueado Otegui? Y se oculta también que Bélgica ha desactivado la figura de la euroorden probablemente sin tener competencias para ello, como ha denunciado el magistrado Pablo Llarena ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
En la pugna entre legalidad y mentira, entre la verdad y la ilusión óptica del independentismo, necesariamente debe imponerse la primera por más que sigan cultivando este discurso victimista del odio. Ni el sistema es bueno cuando les resulta propicio, ni es malo cuando no ocurre así. El ordenamiento es el que es, y su cumplimiento es obligado para todos los europeos. Ni son inmunes, ni son impunes, ni pueden tener patente de corso. Bastante sumiso es ya el Gobierno al respecto.