El presidente de la Diputación de Alicante se suma a la movilización contra la imposición del valenciano de Ximo Puig
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Tras el encuentro, que se ha prolongado durante una hora, Mazón ha recogido las demandas de los distintos portavoces de los afectados en la provincia, a los que ha mostrado el apoyo de la institución, y ha insistido: «No es la primera vez en la que hemos plantado la bandera de la libertad frente a la imposición».
«Modelo catalán»
Según Mazón, lo que ha sucedido es que, aprovechando la pandemia, «como si de una trampa se tratara, se están activando los mecanismos de imposición lingüística por parte de la Generalitat Valenciana, copiando absolutamente el modelo de inmersión catalán que todos sabemos a lo que ha conducido».
En esta línea, ha tildado al Gobierno de Ximo Puig de «nacionalista, al margen también del tic comunista de incluir el nivel de la imposición», y ha insistido en que es imposible que en una comunidad como la valenciana «se quiera hablar de políticas inclusivas cuando lo que se está es excluyendo a gran parte del territorio».
Asimismo, Mazón ha recordado que «más del 70 por ciento de los centros de la Vega Baja han votado en contra de esta imposición», que a su juicio se está llevando a cabo con la «trampa» de su implantación «de manera tapada con esta pandemia».
Finalmente, el presidente de la Diputación ha advertido de que están a la espera de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, responda a estas asociaciones «en su petición clara de inmediata paralización de esta ley, una solicitud a la que ha dado la callada por respuesta».
En este encuentro con Mazón han participado la presidenta de COVAPA -Confederación Valenciana de Padres-, Sonia Terrero, el presidente de CONCAPA -Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos-, Javier Rubio, el profesor y miembro de la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística, Miguel Ángel Robles, y la presidenta de CECE Alicante -Confederación Española de Centros de Educación-, Marisa Artiaga.
Terrero ha insistido en reclamar y reivindicar «la libertad por el derecho de las familias para elegir la lengua vehicular en la que estudien sus hijos», al tiempo que ha puntualizado que están «cansados del adoctrinamiento en las aulas y de las imposiciones» y puntualizado que no desaprueban ningún idioma. «No estamos en contra y queremos la lengua y la cultura valenciana para nuestros hijos, pero siempre y cuando no les afecte a sus estudios ni les aboque a un fracaso escolar», ha afirmado.
Reunión de las asociaciones que se han movilizado contra la norma autonómica en la Diputación de Alicante
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«Para defender una lengua no hace falta denostar a otra. Por lo tanto, exigimos la derogación de esta ley y que se haga una consensuada por todos y para todos, adaptada a las necesidades de cada centro educativo. Seguiremos trabajando para que el próximo curso no se lleve a cabo la implantación de la misma», ha concluido.
Por su parte, Robles ha aclarado que se han constituido como plataforma de profesores ante la necesidad de «dar respuesta a las políticas claramente nacionalistas del gobierno de Ximo Puig» y han acudido a la Diputación «con la esperanza de que vuelvan a ayudar como ocurrió en 2017».
Además, ha revelado que «todas las órdenes» para la implantación de los planes se han hecho «de modo verbal, para evitar cualquier tipo de recurso que pueda echar para atrás la ley».
En esta línea se ha expresado Rubio, que ha tildado la ley de imposición. «Queremos poder elegir el modelo educativo y esperamos que esta petición sea atendida por la Conselleria de Educación, porque queremos una ley consensuada, al menos por las tres cuartas partes de las Cortes Valencianas», ha reclamado.
Finalmente, Artiaga ha manifestado su desacuerdo con la norma, argumentado que están «discriminando y coartando tanto a los equipos directivos, como a los centros y a las familias», por lo que ha instado a la movilización general. «Queremos estar todos unidos, educación pública, educación privada, asociaciones y colectivos por un mismo objetivo, el de tener libertad como ciudadano, como familia y como institución para poder optar a la educación que queremos para nuestros hijos, porque esto implica a toda la sociedad», ha afirmado.