Relatorías y Grupos de Trabajo de la ONU acusan a Cuba por violaciones de DD.HH.
En una carta explican las vigilancias, amenazas, prohibiciones de viaje y detenciones arbitrarias, y otras violaciones de derechos humanos
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LA HABANA, Cuba.- En carta dirigida al Gobierno de Cuba el 18 de enero de 2021, un total de ocho Relatorías y Grupos de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) expusieron varias acusaciones a Cuba por violaciones de derechos humanos contra activistas y artistas.
La carta de alegaciones se hizo pública esta semana, transcurrido los dos meses de su envío. En ella se explican las vigilancias, amenazas, prohibiciones de viaje y detenciones arbitrarias de forma periódica, y otras violaciones de derechos humanos contra ocho integrantes del Comité Ciudadano por la Integración Racial (CIR), así como contra Denis Solís, integrante del Movimiento San Isidro (MSI), y la artista Tania Bruguera. Asimismo, exhibe la represión de protestas pacíficas en el país.
Los firmantes expresaron su “más profunda preocupación respecto a los alegatos sobre la criminalización de quienes promueven los derechos humanos, combaten el racismo y ejercen el derecho a la libertad de expresión, que incluye la libertad de expresión artística, en Cuba. Nos preocupa también lo que parece ser una práctica de utilizar detenciones como método de intimidación y hostigamiento de defensores y defensoras de derechos humanos y por lo cual constituirían detenciones arbitrarias bajo el derecho internacional”.
De igual manera, manifestaron “seria preocupación ante las alegaciones de uso de fuerza por parte de policías que intentaban desarticular las manifestaciones pacíficas por la liberación del Sr, Denis Solís, así como por comentarios supuestamente racistas realizados por los policías durante las interrogaciones a miembros del CIR. (…) la carencia en estos casos de remedios efectivos para los incidentes de odio relacionados con el racismo. También nos preocupa la situación del Sr. Solis en prisión, la falta de comunicación con su familia y las condiciones de salud en las que se encuentra”.
Asimismo, expusieron sus inquietudes sobre “lo que parece ser un complejo entramado policial y de inteligencia del Estado para hostigar a personas defensoras que buscan realizar, de forma pacífica, su legítima labor de defensa y promoción de los derechos humanos. Dicho entramado parece estar conformado por el DSE y ciertos agentes que se dedicarían de manera exclusiva a intentar desarticular los movimientos sociales de derechos humanos. En este sentido, los actos de violencia hacia personas defensoras de derechos humanos vulneran su derecho a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; generan un efecto disuasivo y de silenciamiento y violan los derechos de las personas defensoras y la sociedad en general”.
Según todas estas alegaciones, el régimen cubano, que forma parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, está infringiendo varios artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos: el 3, 7, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 27, 29 y 30. También implica violaciones a los dos principales documentos creados por Naciones Unidas como norma común para todos los países: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Las Relatorías y Grupos de Trabajo instaron al Gobierno de Cuba a adoptar “todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas”, así como a tomar “medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan”.
La misiva fue firmada por: Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Dominique Day, Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes; Elina Steinerte, Vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Karima Bennoune, Relatora Especial sobre los derechos culturales; Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Clement Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; E. Tendayi Achiume, Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia.
Respuesta del Gobierno de Cuba
La Misión Permanente de la república de Cuba ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos Internacionales en Suiza emitió su respuesta oficial a las acusaciones de las Relatorías y Grupos de Trabajo de Naciones Unidas el 3 de marzo del presente año.
Como era de suponer, el régimen cubano justificó y/o negó todas las acusaciones, las cuales alegaron que solo formaban parte de “las campañas de manipulación política y mediática, organizadas y financiadas contra Cuba con objetivos ajenos a la legítima defensa de los derechos humanos. Su verdadero propósito es desmerecer y viciar la realidad cubana y ejecutoria del pueblo y gobierno cubanos en materia de promoción y protección de los derechos humanos y utilizar las causas sociales y de derechos humanos para lograr un estallido social en Cuba y trabajar por el derrocamiento del gobierno y el cambio del régimen”.
Sin embargo, no presentaron prueba alguna que refutara las violaciones de derechos humanos, sobre las cuales existen, tanto en redes sociales como en documentos y testimonios, pruebas suficientes y fehacientes.
Otras acusaciones internacionales al gobierno de Cuba
En los últimos meses, varias organizaciones internacionales de derechos humanos han acusado al régimen de La Habana por violaciones de derechos humanos, llegando a considerarlo como una dictadura.
Resalta el primer informe país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentado en junio de 2020, que “en Cuba continúan ausentes los elementos esenciales de una democracia representativa, y que la determinación de iure de partido único del Partido Comunista Cubano afecta los derechos políticos de los ciudadanos. En todo caso, la Comisión toma nota que de facto en Cuba existen múltiples movimientos y organizaciones políticas que sufrirían restricciones a sus derechos a elegir, a ser elegidos, a la reunión, para impedir su participación en política. Preocupa también a la CIDH que las acciones para restringir los derechos de los activistas políticos se extenderían a sus familiares, incluidos niños y niñas”.
Según el documento, “Cuba sigue siendo el único país del Hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Permanece un modelo de monopolio estatal sobre los medios de comunicación y se mantiene la prohibición de fundar medios privados, todo lo cual es incompatible con los estándares internacionales sobre libertad de expresión. Habría persecución selectiva y deliberada en contra de medios y periodistas independientes continua, y por períodos incluso recrudece (…) En general, en materia de libertad de expresión, se observa una grave discriminación por motivos políticos en el ejercicio de los derechos humanos a todo aquel que piense o quiera expresarse distinto al régimen socialista”.
La CIDH ha tramitado además medidas cautelares y peticiones individuales presentadas por cubanos. El 11 de febrero de 2021, la organización otorgó medidas cautelares a favor de 20 integrantes del MSI. Y el 22 de marzo último, las beneficiadas fueron la escritora y periodista María Matienzo Puerto y la activista Kirenia Yalit Núñez.
También se han pronunciado políticos como Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, para quien es igualmente preocupante la situación de derechos humanos en Cuba: “hay varias cosas que nos molestan como el aumento de represiones, también las repercusiones contra defensores de derechos humanos, de los periodistas, los artistas, también el impacto del Decreto-Ley 370”.
El Director Ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ha denunciado igualmente en varias oportunidades las violaciones de derechos humanos contra activistas en Cuba.
El primero de marzo de 2021 Prisoners Defenders contabilizaba 135 presos políticos en el país.
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