El Papa pide al Tribunal del Vaticano «igualdad entre todos los miembros de la Iglesia, sin privilegios»

En la línea de poner al día estructuras anticuadas, el papa Francisco ha urgido este sábado al Tribunal del Vaticano a «agilizar la cooperación internacional con los organismos de investigación de otras naciones» para «superar usos que no siempre responden a las exigencias de ritmo que requieren las investigaciones». Pero, sobre todo, ha salido al paso de una anomalía arrastrada desde hace siglos, subrayando «la exigencia prioritaria de que en el sistema procesal emerja, mediante las oportunas modificaciones normativas, la igualdad entre todos los miembros de la Iglesia y su igual dignidad». Eso requiere suprimir «privilegios antiguos que han dejado de estar en consonancia con la responsabilidad que compete a cada persona en la edificación de la iglesia». Francisco se refería a los privilegios de los altos eclesiásticos, que tienen un tratamiento investigativo y judicial diferente al de laicos que ocupan cargos de responsabilidad igual o mayor en la estructura del Vaticano. Para dejar clara su creciente importancia, el Papa ha presidido por segunda vez la ceremonia de apertura del año judicial en el tribunal que se ocupa de los casos civiles y los delitos penales. La gravedad de estos últimos ha aumentado en la última década, desde la filtración de documentos confidenciales de Benedicto XVI en 2012 hasta la malversación de los fondos reservados de la Secretaría de Estado, descubierta en octubre de 2019. Ejercicio de Transparencia Francisco ha exhortado a magistrados y fiscales a que «las medidas adoptadas para lograr la absoluta transparencia de las actividades institucionales del Estado del Vaticano, sobre todo en los terrenos económico y financiero» tengan en cuenta «los parámetros y las 'buenas prácticas' vigentes a nivel internacional». El presidente del gobierno italiano, Mario Draghi, asistió a la ceremonia de apertura del año judicial como muestra de la voluntad de cooperación internacional, que ha beneficiado sobre todo a Italia poniendo fin a la evasión de impuestos y ocultación de actividades delictivas. Por su parte, el fiscal jefe del Vaticano, Gian Piero Milano, dio las gracias por la cooperación recibida en el último año de las fiscalías de Roma y de Milán, sobre todo en la investigación de delitos económicos. Por desgracia, la suma de errores de la fiscalía del Vaticano y de sus homólogas italianas ha llevado a que el Tr ibunal de Reexamen de Roma anulase el secuestro de bienes a Fabrizio Tirabass i, uno de los funcionarios de la Secretaría de Estado investigados por malversación de fondos reservados. Y también a que el Tribunal de Apelación de Milán levantase el arresto de la empresaria Cecilia Marogna, cuya extradición había pedido los fiscales del Vaticano a sabiendas de que si bien hay tratado de extradición del Vaticano a Italia no lo hay en el otro sentido. El motivo es que el pequeño Estado no cumple los requisitos de separación de poderes requeridos por varias convenciones europeas de derechos humanos. Los fiscales del Vaticano todavía pueden ordenar arrestos sin necesidad de una ordenanza del juez, y suspender garantías que el código penal otorga a los investigados e imputados. En vista del aumento de casos delictivos de entidad, el Papa Francisco ha reforzado la Fiscalía del Vaticano con dos nuevos fichajes: la magistrada Catia Summaria, ex vice fiscal general en el Tribunal de Apelación de Roma, y el profesor Gianluca Perone, experto en actividades internacionales en la Facultad de Economía de la Universidad Roma Tres.