El Gobierno se prepara para llevar a los tribunales el nuevo intento de Vox y el PP de poner en marcha el veto parental

El Ministerio de Educación recurrirá la implantación del veto parental en Murcia si se aprueba (cuando se apruebe). Como ya hiciera tras el primer intento del Gobierno del PP de imponer el llamado pin parental el pasado curso, el departamento que dirige Isabel Celaá acudirá a la Justicia para frenar esta medida, según informan fuentes del ministerio.

"Ante todo está el derecho de los menores a la educación integral, que incluye la educación afectivo-sexual, la igualdad y la prevención de la violencia de género. Esas cosas que a algunos no les gustan", explica una portavoz de Educación. El Ministerio asegura que el veto parental, al menos en la versión conocida hasta ahora, va contra varias leyes españolas y contra varios tratados internacionales (que también son ley) suscritos por España porque atenta contra el derecho a la educación de los menores, y este derecho asiste a los hijos, no a sus padres. Además, recuerda el Ministerio, este año está vigente la nueva ley educativa, la LOMLOE, que devuelve voz y sobre todo voto a las familias dentro de los consejos escolares de los centros, y estos son los únicos que pueden decidir sobre las actividades complementarias que serán objeto del veto.

Este va a ser el segundo intento del PP de implantar en Murcia una de las propuestas estrellas de Vox. El pasado curso escolar, el Ejecutivo murciano, formado entonces por populares y ciudadanos pero necesitado del apoyo de la formación ultra para sumar mayorías, llegó a enviar a los centros escolares unas indicaciones en las que explicaba que "aquellas [actividades] que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro del centro educativo se dará conocimiento a las familias (...) al inicio del curso escolar con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades".

Las "actividades" a las que se referían estas instrucciones son las llamadas actividades complementarias que se realizan en los centros. La Junta de Andalucía (no difieren mucho en el resto de comunidades) las define como "las organizadas por el centro durante el horario escolar, de acuerdo con el proyecto curricular, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. La asistencia a estas actividades será obligatoria, igual que a las demás actividades lectivas".

En concreto, a Vox le molestan las destinadas a educar al alumnado en la diversidad sexual y la igualdad de género, que en el partido de Abascal califican de "juegos eróticos" y sitúan "cerca de la corrupción de menores". Un ejemplo de estas podría ser el programa navarro Skolae, en el punto de mira de los sectores más conservadores desde su implantación y que incluso ha sido denunciado por la asociación de AMPAs católicas Concapa (con poco éxito). La realidad es que el programa ha recibido varios premios, entre ellos uno internacional de la UNESCO llamado 'Educación a mujeres y niñas 2019'.

A la espera de conocer la redacción específica que tendrá el veto parental en esta ocasión, el anterior intento planteaba el 'no' a las actividades complementarias como posición estándar de las familias. Esto es, si los padres, madres o tutores legales no entregan en el centro educativo el documento con el permiso explícito para realizar una actividad "se entenderá que muestran disconformidad con la participación del menor en tales actividades". Un olvido y alumno descartado.

La medida estuvo vigente bajo el radar y cuando se hizo público que se habían enviado estas instrucciones el Ministerio de Educación recurrió la decisión. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia suspendió cautelarmente la aplicación del veto mientras resolvía la situación. Era enero de 2020. Antes de que al tribunal le diera tiempo a entrar en la cuestión, estalló la pandemia y la emergencia educativa a corto plazo dejó el veto parental aparcado. Llegó julio, se acabó el curso y el TSJM decidió archivar el caso sin resolverlo porque el objeto en disputa había desaparecido del mapa.

El pasado verano, probablemente por las mismas razones de emergencia educativa, ni se habló del tema. Hasta la moción de censura de la semana pasada, cuando se supo tras el fracaso de la misma que el PP había propuesto a Vox no solo implantar el veto parental, sino ejecutarlo: el presidente López Miras le ha ofrecido a Vox la Consejería de Educación. El presidente murciano afirmó este pasado lunes que él no habla de "pin parental" porque no sabe "lo que significa exactamente eso", pero que apoyará "todos los mecanismos que garantizan dar plena libertad a los padres para decidir la educación de sus hijos, siempre que sean legales y que respeten la libertad de cátedra y de la profesionalidad de los docentes de la Región de Murcia". Si la máxima de que comportamientos pasados predicen actuaciones futuras se cumple, los murcianos pueden dar por hecho que habrá veto parental en Murcia.

O al menos lo intentarán y la situación parece abocada a resolverse en un tribunal. El Ministerio está convencido de que le asiste la razón y recurrirá en cuanto se apruebe la medida, según explica una portavoz. A la espera de los detalles, que tendrán que ajustarse a la manera en que se plantee el veto parental, el recurso se basará en el derecho a la educación y todas las normas, nacionales e internacionales, que lo respaldan.

Empezando por el escalón más alto de la pirámide normativa, la igualdad de sexos está amparada como un derecho fundamental en el artículo 14 de la Constitución (el que atañe a la igualdad de los españoles ante la ley y que tanto le gusta citar a la derecha a la hora de defender la libertad educativa). En el siguiente peldaño, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo y la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (tres tratados internacionales ratificados por España y que normativamente solo están por debajo de la Carta Magna) defienden el derecho a la educación en igualdad, sostiene Educación.

El tercer nivel lo conforman las leyes orgánicas españolas. Las de Educación, Igualdad o Violencia de Género instan a "comprender y respetar la igualdad de sexos", "fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres", "evitar comportamientos sexistas", "la promoción de una visión de la sexualidad en términos de igualdad", "el reconocimiento y aceptación de la diversidad sexual" o "el desarrollo armónico de la sexualidad acorde con las características de las personas jóvenes".

Hay más. Estas generalidades –podría aducir alguien– se concretan por ejemplo en la ley del aborto, que especifica que "los poderes públicos apoyarán a la comunidad educativa en la realización de actividades formativas relacionadas con la educación afectivo-sexual". También la nueva ley de Educación, la LOMLOE, entra en la cuestión. El artículo 121 habla del proyecto educativo de un centro, y especifica que "incluirá un tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, de la igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no discriminación y de la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, del acoso y del ciberacoso escolar, así como la cultura de paz y los derechos humanos". Además, explican fuentes de Educación, la nueva ley devuelve a los consejos escolares de los centros el voto que le quitó la LOMCE, de manera que las familias, presentes en este órgano, vuelven a ser un actor a la hora de decidir las actividades.

Por último, recuerdan desde el Ministerio, las familias no pueden aducir que no conocen las actividades complementarias que va a desarrollar su colegio, otro de los argumentos que suele utilizar Vox. Según la normativa, las actividades complementarias que se van a realizar durante un curso aparecen incorporadas en el plan general anual del colegio, donde se recogen las programaciones, y en el proyecto educativo del centro, que debe ser aprobado por el consejo escolar antes de que empiece el curso.

La ministra Celaá se reunió este pasado miércoles con varias organizaciones que le pidieron que defienda el derecho de la infancia a la educación igualitaria y al conocimiento en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género. La presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Uge Sangil, le pidió a Celaá medidas concretas contra el veto parental; el de la Fundación Triángulo, Raúl González, recordó que "el sistema educativo tiene la obligación de proteger a la infancia ante cualquier tipo de violencia" y la de Chrysallis, Ana Valenzuela, incidió en que "la educación en igualdad no es un privilegio de las familias (...) sino una obligada responsabilidad de los poderes públicos".

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Este artículo ha sido editado a las 10.55 porque se decía por error que el veto parental no llegó a ejecutarse, aunque estaba en vigor, pero realmente sí fue aplicado.