Escrivá deja para 2022 la revisión de la jubilación anticipada en las largas carreras de cotización
La reforma de la jubilación anticipada para despenalizar aquellos casos de trabajadores con largas carreras laborales no llegará este año. Al menos, ese es el plan del ministro responsable de la reforma de pensiones, José Luis Escrivá. "Es algo que en nuestro calendario de trabajo está pensado más para el paquete de medidas de carreras profesionales y del periodo de cómputo, más pensando en el año que viene", ha respondido esta semana el responsable de la Seguridad Social a preguntas de elDiario.es.
Es uno de los debates abiertos dentro de la reforma de pensiones que prepara el Gobierno, en fase de negociación con los sindicatos y los empresarios y que Escrivá espera aprobar por bloques hasta finales de 2022. El próximo paso que pretende dar el Ejecutivo es aprobar el nuevo índice de revalorización de las pensiones, que sustituya a la fórmula del 0,25% del Gobierno de Rajoy, junto con el fomento de la jubilación demorada (más allá de la edad legal de retiro) y el endurecimiento de la jubilación anticipada. Su hoja de ruta sitúa la aprobación de estas medidas en el último trimestre de este 2021.
Aunque es una materia que todavía está en fase de negociación, José Luis Escrivá ha expresado públicamente su intención de endurecer la jubilación anticipada voluntaria para penalizar más a los trabajadores de mayores salarios. El ministro considera que el actual sistema de coeficientes reductores es "regresivo", por lo que planea una reforma que reduzca en mayor proporción las pensiones más altas cuando sus beneficiarios decidan retirarse antes de la edad legal.
En este rediseño inicial de la jubilación anticipada, Escrivá no planea incluir todavía la revisión de las penalizaciones en los casos de trabajadores con carreras laborales muy largas a sus espaldas, de 40 y más años. "No es el centro en estos momentos. Por cómo hemos organizado el trabajo, este tema lo hemos pospuesto, para analizar más información", ha argumentado el ministro esta semana.
El calendario del Gobierno sitúa así este asunto para la última fase de la reforma de pensiones, en el último trimestre de 2022, según la hoja de ruta presentada por el ministro en el Senado. Así lo ha encuadrado el ministro, que ha sostenido que se incluirá en "el paquete de medidas de carreras profesionales y periodo de cómputo", que es el de cierre.
La revisión de las penalizaciones de la jubilación anticipada en aquellos casos de personas con carreras de cotización muy prolongadas es un deber pendiente. Desde hace años, los distintos grupos políticos coinciden en que hay situaciones "injustas" por las que trabajadores que han contribuido durante muchísimos años al sistema de la Seguridad Social, bastantes más que la media, ven reducidas sus pensiones como el resto cuando se jubilan unos años antes de la edad legal. A veces, la jubilación anticipada no es ni voluntaria propiamente dicha, sino vinculada a la expulsión del mercado laboral a edades avanzadas, como ocurrió especialmente en la pasada crisis económica.
Aunque los partidos políticos suscriben la necesidad de reformar este aspecto, no hay una propuesta concreta al respecto en las 22 recomendaciones del Pacto de Toledo. Eso sí, la comisión parlamentaria emplazó al Gobierno en la recomendación 12 a que analizara "los costes financieros y la equidad" de los coeficientes reductores que se aplican en la jubilación anticipada, "poniendo especial atención en la forma de acceso a la misma —voluntaria o forzada por las circunstancias—, los supuestos de carreras de cotización prolongadas y el sector de actividad en que se produzca la jubilación" y que en "el plazo máximo de 3 meses" presentara "una respuesta" a este tema ante la Comisión a partir de este análisis.
El plazo expiró el pasado febrero, sin que el Ejecutivo haya presentado aún el informe. Así lo entienden fuentes del Pacto de Toledo y del diálogo social, al igual que colectivos como ASJUBI40, que urgen al Gobierno a entregar ya el estudio y su propuesta. ASJUBI40 es una de las asociaciones de afectados más destacadas, que defiende la supresión de los coeficientes reductores a las personas con 40 años o más cotizados una vez estas alcancen la edad legal de jubilación.
Desde la Seguridad Social consideran en cambio que están aún "en plazo" para entregar la documentación al Pacto de Toledo, como explicó esta semana el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo. En el Ministerio interpretan que el periodo de tres meses comienza a correr una vez concluya su análisis de la situación. "El estudio se está realizando, estamos en plazo. No querría avanzar nada, hasta que el Pacto de Toledo no lo conozca", apuntó Arroyo, que calcula que será presentado "en breve" ante la comisión parlamentaria.