El déficit superó los 100.000 millones y acabó 2020 en el 10,97% del PIB
España cerró el año pasado con un desequilibrio de las administraciones menor a lo estimado pero con el mayor desfase de la Unión Europea. El déficit público acabó así 2020 en el 10,09% del PIB, el 10,97% si se incorporan las pérdidas de la Sareb que Eurostat ha incluido desde el año pasado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abundado esta mañana en rueda de prensa que se sitúa así «bastante por debajo» del 11,3% augurado por el Gobierno, y la plana mayor de organismos. La integración de Sareb ha elevado el déficit en unos 10.000 millones provocando, en palabras de la ministra, una estimación «de máximos» de las pérdidas del llamado 'banco malo' que redundará en que no provoque un mayor roto en las cuentas en los siguientes ejercicios, al esperar resultados mejores. Este 10,97% del PIB supone el mayor déficit entre los países europeos y el más alto para España desde 2009, cuando alcanzó el 11,2%.
En definitiva, el déficit aumentó en 87.435 millones durante el año de la pandemia y rebasa la barrera de los 100.000 millones de euros, hasta los 123.072 millones de euros. El gasto público durante el año pasado aumentó en 53.070 millones y los ingresos cayeron en 24.487 millones. La recaudación tributaria se redujo un 8,8%, menos que el 9,9% de bajada del PIB nominal, con figuras como el IRPF subiendo un 1,2% pero con el Impuesto de Sociedades hundiéndose un 33,2% hasta los 15.858 millones. El IVA se contrajo un 11,5%, a rebufo del desplome del consumo, y los Impuestos Especiales se redujeron un 12,1%. En definitiva, los ingresos tributarios se contrajeron en 18.000 millones de 212.808 millones de 2019 hasta los 194.051 millones en 2020.
Esta corrección limitada en los ingresos ha supuesto una de las grandes novedades de esta crisis frente a la anterior, cuando la recaudación se desplomó muy por encima de lo que lo hizo el PIB, ante el aumento de la economía sumergida y el estallido de la burbuja inmobiliaria, con su correspondiente ajuste en los ingresos. Ello se debe, como indican las cifras, a la protección de los ERTE y a que la economía en B no ha aumentado con tanta fuerza. «Hemos encargado un estudio específico sobre esta cuestión, creemos que se debe a la garantía de rentas que se ha producido en esta crisis frente a las anteriores», ha reflexionado la también portavoz del Gobierno.
El Estado asume el déficit
Montero ha señalado que el 90% del gasto público aumentó por la crisis del coronavirus. Junto a la Sareb, Hacienda ha aprovechado que en 2020 no regían las reglas fiscales europeas también para integrar 1.400 millones de euros de déficit por el impacto en las cuentas públicas del pago de la deuda del proyecto Castor a las entidades financieras que adelantaron la compensación a ACS y a la firma canadiense Dundee por el fallido almacén de gas Castor que se erigió frente a las costas de Castellón. Junto a ello, el incremento del personal sanitario ha superado el 13% mientras que el desembolso en las plantillas educactivas y de dependencia ha crecido un 9%.
Curiosamente, las compras del BCE lograron que una de las escasas partidas que redujeron su desembolso, pese al espectacular aumento de la deuda pública, fueran los intereses: alcanzaron los 25.192 millones de euros, es decir, un 11,1% menos.
Por subsectores, el Estado concentró un 7,49% del PIB y centró el mayor aumento del desvío, debido a que ha asumido el 90% del déficit, al aumentar las transferencias a otras administraciones un 35,2%, con 42.013 millones, la mayor parte a la Seguridad Social (22.357) y comunidades autónomas (16.000). Así, estas últimas tuvieron un déficit del -0,21% del PIB, las entidades locales lograron un superávit del 0,26% y la Seguridad Social alcanzó un resultado negativo del -2,65% del PIB.
«España ha sido el país que ha desarrollado una mayor cobertura en relación con otros países que tienen una estructura federal o descentralizada», ha sostenido Montero. Las comunidades fueron, debido a esta inyección del Estado, el único subsector que mejoró su posición frente a 2019: nueve regiones incluso alcanzaron superávit.
De cara a la Seguridad Social, los ERTE han supuesto un gasto de 15.549 millones con un ahorro a las empresas por la exención de cotizaciones de 5.543 millones y de 2.248 a autónomos. Las prestaciones por cese de actividad han supuesto más de 3.500 millones a este colectivo.
Con estos mimbres, las cotizaciones sociales ingresaron un 0,9% más, debido al efecto de los ERTE pero también del incremento salarial de los empleados públicos durante 2020, que fue precisamente del 0,9%. Montero ha abierto la puerta a la extensión del escudo social de los ERTE durante todo 2021, aunque la ministra ha señalado que se estudiará en su momento la decisión final.
Sin plan de reequilibrio
Como fuere, España acabó 2020 con el mayor déficit de la UE. Los precedentes no eran halagüeños. Un año antes de la pandemia, en 2019, el déficit público subió por primera vez desde 2012 en un ejercicio marcado por los comicios autonómicos, municipales y europeos, además de la repetición de las elecciones generales. El desequilibrio subió del 2,5% del PIB en 2018 al 2,89%. Ello redujo el margen fiscal de España aún más, justo antes de la crisis, lo que acotó su capacidad para actuar.
Eso sí, Hacienda no parece que vaya a cumplir lo dispuesto en la Ley de Estabilidad de presentar un plan de reequilibrio tras suspender las reglas fiscales. Montero ha señalado que Hacienda esperará hasta que Europa vuelva a activar las reglas fiscales, con los consiguientes límites de déficit, para presentar este plan. Sin embargo, la Ley de Estabilidad fija que el Gobierno debe presentar este plan un mes después de suspender las reglas fiscales, algo que hizo en octubre. «Esto es precipitado, tenemos meses por delante», ha aseverado Montero. La Autoridad Fiscal y el Banco de España han afeado a Hacienda que no haya cumplido la norma, aprobando este plan de ajuste a medio plazo que exige la Ley.
De cara al futuro, la vacunación es el factor clave para proyectar cuál será el déficit de 2021, cuya estimación ahora es del -7,7% del PIB. Pero también dependerá del impacto de los fondos europeos. Pese a que el Ejecutivo proyectaba entregar el plan de recuperación, con los proyectos y las reformas, a Europa antes de acabar en marzo, finalmente el Gobierno va a retrasar a «antes de que acabe abril», que es la fecha límite que fija Bruselas, la remisión de este plan.
Lo que sí ha señalado Montero que el Ejecutivo aprobará en unas semanas en Consejo de Ministros las áreas en las que la Autoridad Fiscal evaluará el gasto público, como reclamaba la Unión Europea hace meses, con un horizonte a tres años que incluirán las fichas que se remitan a Bruselas en esta nueva fase del 'spending review', cuyo retraso había denunciado la Autoridad Fiscal.
Cambios en los 11.000 millones a empresas
Junto a ello, Montero ha abierto también la puerta a que se modifique la aprobación de 11.000 millones en 7.000 millones de ayudas a pymes y autónomos, además de recapitalizaciones y reestructuraciones de los préstamos ICO. El decreto se aprobó la semana pasada por el Congreso de los Diputados, pero ahora las Cortes van a tramitarlo como proyecto de ley, donde se podrán incluir enmiendas. «Va a sufrir alguna modificación», ha aseverado la ministra de Hacienda. Las comunidades gobernadas por el PP criticaron el reparto de unas ayudas directas que gestionarán las regiones y que Madrid denunció le perjudicaba.