Fernando Atria, candidato en las elecciones de Chile: "La Constitución fue una solución de la dictadura para evitar lo que pasó en España"
Chile acude a las urnas este fin de semana para elegir a las 155 personas que durante los próximos meses estarán a cargo de redactar la nueva constitución. Los elegidos conformarán una Convención Constitucional, la primera paritaria del mundo. El referéndum de octubre arrojó una mayoría abrumadora a favor de cambiar la carta magna, heredera de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El siguiente paso es elegir los encargados de redactarla. Aunque la pandemia atrasó un mes la convocatoria –en la que también se elegirán autoridades locales y regionales–, finalmente este sábado y este domingo el país celebrará unas elecciones que, para muchos, son las más relevantes desde el regreso a la democracia.
Abogados, líderes sindicales, feministas, académicos, trabajadoras del hogar, artistas, médicos o deportistas. En total, más de 1.000 candidatos concurren en los comicios. Uno de ellos es el abogado Fernando Atria, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile.
Atria, que empezó a hablar de las "trampas" y "cerrojos" de la Constitución chilena cuando casi nadie lo hacía, compite en el distrito del centro de Santiago, uno de los más disputados, por la lista "Apruebo Dignidad", que comparten el Partido Comunista, la coalición de izquierda Frente Amplio y organizaciones sociales.
¿Cuándo surge la demanda de cambio constitucional en Chile?
En 2006, hubo una demanda de cambios estructurales en distintos ámbitos sociales, especialmente en educación. Es un proceso que viene creciendo desde ese año, cuando irrumpió con fuerza el movimiento de los estudiantes de secundaria que logró cambiar la agenda política. Eso fue retomado en 2011 por el movimiento estudiantil, que ya había aprendido que no podía haber cambios estructurales sin cambiar la Constitución. En 2011, también tuvieron lugar las protestas contra el proyecto hidroeléctrico Hidroaysén. En 2016, las enormes marchas contra las administradoras de pensiones (AFP), En 2018, el mayo feminista, etc.
Desde 2006 se observa una creciente demanda de transformación en la sociedad, y, por otro lado, una política institucional incapaz de realizarla. La ciudadanía interpreta eso como indiferencia ante sus reclamos, y ahí se va dando una falta de legitimidad institucional que finalmente estalló el 18 de octubre de 2019.
¿Es la fecha simbólica del final de esa Constitución?
Ese día marca el fin de la forma política fundada en la Constitución de 1980, que, por sus características, llevó a deslegitimar la política institucional. Ese día el pueblo salió a la calle y dijo ‘no más’ a esa Constitución, al neoliberalismo, al abuso y a la clase política. Fue un momento destituyente.
Además de ser una Constitución diseñada bajo la dictadura, ¿qué otros aspectos se cuestionan del texto actual?
La Constitución chilena fue una solución de la dictadura para evitar que en Chile pasara lo que pasó en España. Es decir, que después de una dictadura de varias décadas que se jactaba de haber dejado todo atado y bien atado, muere el dictador, hay algo parecido a una asamblea constituyente y, de ese entramado institucional que estaba atado y bien atado, no queda nada.
Para la dictadura chilena, el asunto era asegurar la supervivencia de la transformación neoliberal una vez que llegara la democracia. Para eso, la solución fue crear una política neutralizadora, que nunca fue un problema mientras no surgiese una demanda suficientemente fuerte de transformación social.
Habla de la Constitución como elemento "neutralizador" de las demandas sociales y uno de sus argumentos es que existen en ella varios “cerrojos”. ¿A qué se refiere?
El ejemplo más claro fueron los senadores designados. La Concertación –coalición de centro-izquierda– que gobernó desde 1990 hasta 2010, ganó durante los primeros 15 años todas las elecciones, pero nunca tuvo mayoría en ambas cámaras del Congreso. El Senado estaba intervenido por senadores cuyo método de designación aseguraba la presencia de una bancada pinochetista. Aunque la derecha perdía todas las elecciones, tenía mayoría en el Senado y con eso podía bloquear cualquier proyecto de ley. Eso terminó en 2005 por una reforma constitucional.
Después de eso, quedaron todavía cerrojos importantes, tres en particular. El primero, un sistema electoral cuya finalidad era hacer irrelevante las elecciones, que duró hasta 2015 y que tuvo el efecto de contribuir en la deslegitimación del Congreso. El segundo, unos cuórums exagerados de 4/7 de los parlamentarios en ejercicio para la aprobación de cualquier reforma significativa. Y, el tercero, un Tribunal Constitucional que opera como el último guardián del modelo neoliberal consagrado en la Constitución, como pasó cuando se intentó fortalecer la negociación colectiva de los trabajadores en los sindicatos, con la intención de aumentar la potestad del Servicio del consumidor, o para la Ley de Aborto en tres causales.
Con el tiempo esa neutralización ya no quedó solo en las reglas constitucionales, sino que pasó a la propia cultura política. Eso se notó mucho en el segundo gobierno de [Michelle] Bachelet (2014-2018), que en algún momento tuvo un impulso transformador, pero chocó con esa cultura de la clase política que entendía que promover un proyecto transformador es actuar para dejarnos ad portas de una guerra civil, y por lo tanto no se puede hacer.
¿Qué condiciones tiene que tener el actual proceso constituyente para lograr la máxima legitimidad de la ciudadanía?
La Convención tiene que preguntarse cómo va a lograr ser vista como representativa en un contexto en el que la representación está en crisis. Es fundamental que sea reconocida como algo sustancialmente distinto a la política a la que estamos acostumbrados. En su composición, la paridad o los escaños reservados para pueblos originarios la marcan como algo distinto.
Si funciona de tal manera que la sociedad pueda ver reflejada en la Convención Constitucional su propia discusión constituyente, será entendida como propia y lo que salga de ahí será asumido por todos. Si funciona con las lógicas de la política tradicional, será visto como un lugar capturado por los políticos y eso llevaría a un proceso constituyente sin éxito.
¿Cuáles son las condiciones para que eso último no ocurra?
Por ejemplo, si la Convención opera con espacios reservados, será vista como ajena. También son importantes las formas de rendición de cuentas que los constituyentes asuman respecto a sus territorios y distritos, así como la posibilidad de que la Convención sea itinerante por el país o que haya plebiscitos intermedios. Todo orientado para que las personas no vean una reproducción de la Cámara de Diputados.
¿Se podrá hablar de todo en la asamblea, desde modelo político (presidencialista, parlamentario, semipresidencialista), hasta el rol del poder judicial o el modelo de familia, por ejemplo?
Todo está abierto a discusión, otra cosa es que la Convención vaya a cambiarlo todo. No hay nada que esté fuera de las posibilidades de la Convención, excepto el principio democrático, que no está en discusión. Está todo abierto y lo fundamental es que después del proceso los ciudadanos vean en la política algo distinto. Porque, si ven lo mismo, la crisis de legitimidad de la política institucional se va a profundizar aún más.
¿Qué rol tiene que tener la ciudadanía durante el proceso? Se ha hablado de promover la movilización en la calle durante este tiempo como un elemento de presión a los constituyentes, incluso de la idea de "rodear la Convención".
Es probable y es necesario. El proceso constituyente no se abrió por negociaciones parlamentarias, se abrió por el momento destituyente del 18 de octubre. Fue la fuerza del movimiento feminista y no las negociaciones en los pasillos del Congreso la que nos dieron la Convención paritaria. La presión social y que la ciudadanía esté pendiente de lo que ocurre en la Convención, formulando posiciones, va a ser un elemento principal en el éxito del proceso constituyente.
¿Cómo va a influir esa Convención en el Congreso tradicional, y viceversa? ¿Puede perder fuerza el Congreso, considerando que estará legislando para el corto plazo o con leyes de poco recorrido porque al poco tiempo llegarán otros marcos normativos?
No sabemos muy bien cómo va a ser eso. Mientras más distinta sea la Convención respecto a la Cámara de Diputados, más probable será que surja algún tipo de tensión entre ambos. Me sorprende cómo se asume que la Convención va a ser más o menos parecida al Congreso actual. Los partidos tradicionales se vieron obligados a incorporar en sus listas a candidatos independientes, que tienen sus propias ideas, más allá de una afinidad con un sector político concreto. En la Convención se van a formar alineamientos inesperados, distintos a los que ocurren en el Congreso. La posibilidad de que existan tensiones entre la Convención y el Congreso es significativa.
¿Cuál es su proyección de resultados?
Mi impresión es que la derecha va a tener un mal resultado. No entiendo de dónde sacan las cuentas alegres que hacen. El resultado estará muy influenciado por la participación, cuanto más alta, peor será el resultado para la derecha. El Gobierno no cuenta con mucho apoyo popular y en la sociedad hay un ánimo constituyente, que se manifestó en el plebiscito, que tampoco juega en la dirección de la derecha. Aun así, ellos serán beneficiados por el sistema electoral porque van en una sola lista y el resto va dividido en varias listas.
En España, gran parte de la sociedad actual no votó la Constitución de 1978 que, por ejemplo, recoge el modelo de monarquía parlamentaria. ¿Cuándo deja de ser legítima una constitución y se logra instalar en la opinión pública el debate sobre la posibilidad de cambiarla?
En España, la Constitución se convirtió en un pacto anacrónico porque resultó ser para proteger ciertas instituciones que hoy día no son las relevantes. Mirándolo desde el caso chileno, la consecuencia de eso es que la institucionalidad resulta cada vez más deslegitimada.
Eso no se nota de un día para otro, pero es acumulativo y se debilita cada vez más porque en una democracia la legitimidad es la medida de la fuerza. Cuanto más débil se percibe, más sospecha despierta en la ciudadanía, es un círculo que se va reforzando y que lleva al hundimiento. Llega un punto que una chispa –en el caso chileno fue por el aumento del precio del transporte público– puede causar una crisis como la que vivimos en Chile. El momento es totalmente impredecible, pero el hecho de que algo así iba a ocurrir era perfectamente identificable.