La crisis la tienen que pagar los trabajadores y los pobres
El informe del Banco de España que concluye que el aumento del salario mínimo de 2019 redujo la creación de empleo no es un documento neutral ni baladí. Supone el alineamiento de la máxima institución financiera del país con las tesis más reaccionarias y antisociales. Las que vienen a decir, desde siempre, que la política económica ha de plegarse a los intereses de las empresas y del capital para favorecer ese bien supremo que es la creación de puestos de trabajo, que se antepone a cualquier otra consideración de orden económico, social y hasta humanitario. Por muy cerca que esté del poder financiero, el Banco de España no debería caer en esa deriva. Hasta debería estar prohibido.
Que se utilice una plataforma tan poderosa e influyente para intervenir, de parte, en un debate tan profundo y decisivo como es el de la orientación de la política económica en momentos de crisis es, en última instancia, un acto de desfachatez, una muestra de que los responsables del Banco de España se creen dotados de una patente de inmunidad que nadie, y menos sus estatutos, les ha concedido.
A esa aparente alevosía se añade un oportunismo torticero. Porque el hecho al que se refiere el informe se produjo en 2019, antes de que la pandemia asolara nuestra economía y cuando las prioridades políticas se movían por carriles muy distintos de los que lo hacen desde hace casi año y medio. Hacer un informe frío y distante sobre unas decisiones tan lejanas de la realidad actual no es un ejercicio académico, sino un acto político de un signo muy claro. Sobre todo cuando, en condiciones muy difíciles, el gobierno y los agentes sociales debaten qué opciones tomar para salir del marasmo económico mejorando las condiciones de los millones del españoles que han sido más golpeados por la crisis.
El Banco de España viene a decir muy claro: "hagan lo que sea, menos subir los salarios de los trabajadores". Los muchos actores, económicos, políticos y sociales que defienden esa misma postura han recibido un fuerte espaldarazo en sus posiciones.
No se trata de entrar en las tripas del informe, muy argumentado con datos y que parece tener tras de sí un largo y costoso trabajo. Es seguro que otros economistas, con criterios técnicos y actitudes ideológicas distintas, llegarían a otro tipo de conclusiones. Lo que se trata es de colocar las decisiones políticas como la subida del salario mínimo en su contexto, que es bastante más amplio que el de un análisis económico estricto.
La subida del SMI fue un acto político de gran trascendencia, fue el mensaje de que la izquierda se salía del carril de la política económica conservadora y se arriesgaba a hacer algo distinto, trasmitiendo a muchos españoles la esperanza de que las cosas podían cambiar, dentro de un orden. La derecha se lo tomó como una bofetada y está claro que todavía no ha encajado el golpe. Por cierto, que el Banco de España no emitió informe alguno cuando Mariano Rajoy bajó los impuestos a los que más tienen.
Cuando hay millones de españoles sumidos en la pobreza, de seis a siete según los criterios más o menos homologables, cuando a muchos de ellos sólo los bancos de alimentos les palían el hambre, cuando más del 45% de los jóvenes están en paro, cuando los mecanismos asistenciales no llegan salvo a un pequeño porcentaje de los que lo necesitan, cuando un salario de 300 euros es un sueño para muchos desesperados, hay que hacer algo más que informes técnicos.
Hay que pelear para arrancar márgenes macroeconómicos, por pequeños que sean, para poder actuar de emergencia contra esos dramas que son tan graves o más que la pandemia. Porque ésta pasará, está pasando ya, pero la postergación social, la miseria, se va a quedar durante décadas, si no se intenta remediar la situación desde ya mismo.
Un poderoso entramado se opone a que eso ocurra. Los medios de comunicación, y no sólo los de derecha más facciosa, ocupan un lugar muy destacado en el mismo. Es extraordinario que esos problemas sociales hayan prácticamente desaparecido de las informaciones. Eso solo ocurre en España. En Francia, en Alemania o en el Reino Unido, donde también hay derechas muy poderosas, esos asuntos tienen presencia en los medios. Porque en ellos se respeta a la gente. Y la gente tiene derecho a saber qué está pasando en todos los ámbitos de la vida social.
De hecho, lo sabe por experiencias personales. Pero en España los líderes del conservadurismo social deben pensar que cuanto menos se les refresque el asunto, cuando menos se hable de esas cosas, mejor. Y en lugar de ocuparse de los dramas de millones, mejor dedicarse a torpedear mañana y tarde, sin concesiones, cualquier iniciativa de política social que tome el gobierno de izquierdas. Es impresionante el despliegue, y las insidias, que cada día se producen en esa dirección. Sin dejar títere con cabeza, transmitiendo sin rubor la ideología reaccionaria y antisocial que hay detrás de esos movimientos. Que subir los salarios es malo, que las ayudas sociales se malgastan y no valen para nada, que los que los empresarios necesitan más libertad… para despedir a quien haga falta sin coste alguno.
Nadie se pregunta cómo reciben esos mensajes los millones de españoles que están esperando a que llegue el primero del mes para recibir unos subsidios que les permitan sobrevivir unos días. Pocas veces en las últimas décadas el conservadurismo ha sido tan cruel como lo es en estos momentos.
Y, además, está crecido. La entrevista con el empresario metalúrgico catalán Pere Barrios que ayer firmaba en este diario Germán Aranda Millán es un ejemplo de cómo ese mundo se siente cada vez más fuerte. Porque propone, más o menos, que se autorice a los empresarios a tratar a los trabajadores como si fueran mano de obra casi esclava, sometida sin remilgos a los dictados del patrón para poder crear riqueza… para él. Hace tan sólo pocos años nadie se había atrevido a hablar tan claro. Aunque había muchos que pensaban lo mismo.