Los Estados poderosos impulsan una carrera fiscal a la baja

SÍDNEY/KUALA LUMPUR – Los grandes países ricos, que albergan a la mayoría de las mayores corporaciones transnacionales del planeta, acaban de acordar un tipo mínimo mundial del impuesto sobre la renta de sociedades (IRS). Pero la baja tasa propuesta y otras características privarán a los países en desarrollo de lo que les corresponde, una vez más.

Nueva carrera hacia el fondo

El 5 de junio, el Grupo de los Siete (G7) países más ricos acordó que las grandes empresas transnacionales paguen un impuesto sobre la renta de las sociedades de 15 % como mínimo. Esta tasa es algo más de la mitad de la promesa del presidente estadounidense Joe Biden de aplicar una tasa del IRS de 28 % en su país, que hizo durante la campaña electoral del año pasado.

La tasa mínima de 15 % del IRS del G7 es también casi 30 % menos que la propuesta de 21 % de la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, hace unas semanas. Su propuesta estaba en consonancia con el tipo de interés reducido propuesto por la administración de Donald Trump, en lugar del de 28 % prometido por su sucesor Biden.

Muchos han reclamado un tipo mínimo mundial del IRS, especialmente los que llevan tiempo preocupados por la reducción de los medios fiscales. En particular, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de las Empresas (ICRICT, en inglés) pidió un tipo mínimo global del IRS de 25 % para mejorar la financiación del desarrollo.

Por término medio, las tasas oficiales del impuesto sobre la renta de las personas físicas se han reducido en 20 puntos porcentuales desde 1980. En los países de renta alta, cayeron de 38 % en 1990 a 23 % en 2018. Mientras tanto, cayeron de 40 % a 25 % en los países de renta media y de más de 45 % hasta 30 % en los países de renta baja. A pesar de estas reducidas tasas, las grandes transnacionales siguen minimizando el pago de impuestos.

Las crisis fiscales obligan a reformar los impuestos

Las crisis fiscales contemporáneas se han gestado durante décadas. La contrarrevolución fiscal de las últimas décadas no sólo ha recortado el gasto público, sino también los ingresos fiscales. Los acontecimientos de la última docena de años han obligado a dar un giro a la política fiscal.

La crisis financiera mundial de 2008 fue respondida con masivos rescates financieros y medidas de recuperación. La disminución de los ingresos fiscales en décadas anteriores y su fuerte descenso durante la Gran Recesión obligaron a replantear las políticas correspondientes.

Mientras tanto, la debilitante competencia fiscal entre países sigue sin resolverse. Ahora, la pandemia de covid-19 ha intensificado los esfuerzos por impulsar los medios fiscales para financiar la contención del contagio, así como el alivio y la recuperación económica.

Las prácticas de erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS, en inglés) de las empresas transnacionales no son nuevas, ya que hace tiempo que afectan negativamente a los países del Sur en desarrollo. Sin duda, todos los países han perdido muchos ingresos fiscales debido a estas prácticas.

Las empresas transnacionales utilizan la facturación errónea, es decir, las transacciones en papel entre empresas vinculadas y los paraísos fiscales para minimizar la responsabilidad fiscal global sobre sus beneficios e ingresos. De este modo, los tipos impositivos efectivos son aún más bajos, y muchos pagan poco en realidad.

En 2013, la Organización para la Cooperación  y el Desarrollo Económicos (OCDE) puso en marcha su proyecto BEPS, a instancias de las mayores economías del Grupo de los 20 (G20), para reformar la fiscalidad del comercio digital de las grandes transnacionales (Pilar 1) y proponer un tipo mínimo de los IRS (Pilar 2).

La ICRICT estimó que las pérdidas de ingresos anuales a nivel mundial ascendían a un mínimo de 240 000 millones de dólares, es decir, 10 % de los ingresos mundiales por IRS. A pesar de la disminución de los tipos, el IRS sigue siendo importante para los ingresos de los gobiernos, con  13-14 % de los ingresos fiscales mundiales, y  9,3 % en los países de la OCDE.

Entre el diablo y el mar azul

La OCDE, que reúne a 38 Estados, entre ellos las  mayores economías del mundo, lleva mucho tiempo limitando la cooperación fiscal internacional a los acuerdos para sus países miembros más ricos.

La tasa mínima de 12,5 % de su propuesta BEPS no recaudaría más de 81 000 millones de dólares de ingresos adicionales al año. Como es lógico, alrededor de 75 % de los ingresos fiscales adicionales previstos irían a parar a sus Estados miembros ricos.

El principal atractivo de la propuesta del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) es que parece más sencilla que los proyectos de la OCDE.

Si se grava a un mayor número de empresas transnacionales, en lugar de solo a unas pocas grandes corporaciones con índices de beneficios superiores a 10 %, los ingresos por IRS aumentarían considerablemente. Para a secretaria Yellen, una tasa mínima de del Pilar 2 sobre unas 8000 grandes transnacionales produciría mucho más.

Para el G7, los países de acogida solo tendrán derecho a gravar 20 % del exceso de beneficios (por encima de 10 %) de las empresas más grandes y rentables. En el proyecto de la OCDE, los beneficios residuales no gravados por las sedes centrales o los países de origen podrán ser gravados por los países de acogida.

Calcular y repartir el exceso de beneficios siempre será discutible. Como los países de origen tienen derecho a gravar el beneficio residual, o el saldo no gravado por los países de acogida, los países en desarrollo ya no tendrán motivos para ofrecer incentivos fiscales para atraer la inversión extranjera directa.

Tanto las propuestas de la OCDE como las del G7 favorecen a los países de origen de las corporaciones transnacionales, incluso cuando los países de acogida son la principal fuente de beneficios.

Además, los mecanismos para distribuir los ingresos fiscales adicionales beneficiarían principalmente a los países más ricos, donde se encuentran la mayoría de las grandes corporaciones.

Increíblemente, la ubicación de la producción o el empleo de las trasnacionales, a menudo en países en desarrollo, es irrelevante para definir los países de acogida. Con rentas generalmente más bajas, los países en desarrollo son relativamente menos significativos como jurisdicciones de venta, excepto para los bienes y servicios asequibles y de consumo masivo.

Normas de injusticia fiscal

Se espera que algunos gobiernos busquen y obtengan exenciones para proteger intereses especiales, erosionando aún más la ya modesta propuesta del G7. Por ejemplo, se dice que el Reino Unido quiere excluir los servicios financieros. Además, algunos países protagonistas de baja tributación están entre los que siembran dudas sobre la propuesta del G7.

Mientras tanto, los defensores de la justicia fiscal han señalado lo que es dolorosamente obvio: el mínimo de 15 % del G7 es demasiado bajo, muy inferior a los tipos medios de la mayoría de los países de renta media y baja, y más cercano a los tipos de paraísos fiscales como Singapur, Suiza e Irlanda. Se considera que el tipo mínimo pautado refleja los intereses y preferencias del G7.

En cambio, el grupo intergubernamental del Grupo de los 24 (G24) en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial insta a dar mayor prioridad a los países receptores.

El G24, que representa a los países en desarrollo, y el Foro Africano de Administración Fiscal también han propuesto varias medidas prácticas. Entre ellas, distribuir los beneficios globales de las corporaciones transnacionales entre los países según una fórmula que tenga en cuenta factores como la producción y el empleo, y no solo las ventas.

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Un documento político del FMI también aboga por dar mayor prioridad a los intereses de los países de renta baja. Insta a un sistema más simple, dadas sus limitaciones de capacidad, y la necesidad crítica de asegurar la base impositiva de la inversión interna.

Pero conseguir un resultado justo y eficaz es difícil. Según la Red de Justicia Fiscal, un tipo mínimo de 21 % supondría 640 000 millones de dólares más al año. Otras propuestas de los defensores de la equidad fiscal también son, en general, más justas para los países en desarrollo.

Invertir la carrera hacia el fondo

El G7 ha rebajado el tipo de interés mínimo del ISR a 15 %, cerca de la propuesta de 12,5 % de la OCDE, y mucho menos que 21 % de Yellen,  28 % de Biden y 25% de la ICRICT. Sin embargo, el G20 aún podría invertir esta tendencia a la baja, ya que puede influir decisivamente en el resultado final del Marco Inclusivo BEPS de la OCDE.

Una opción conexa es comenzar la aplicación lo antes posible con un determinado tipo más bajo, con un compromiso programado irrevocablemente para aumentar rápidamente el tipo mínimo del IRS según un calendario preestablecido hasta, por ejemplo, alcanzar una cota de 25 %.

Queda mucho por hacer, en gran parte de forma urgente. Los países en vías de desarrollo sólo pueden buscar la justicia fiscal en un terreno más neutral proporcionado por un foro verdaderamente multilateral, concretamente en la Organización de las Naciones Unidas, con el FMI proporcionando el apoyo técnico necesario.

Por el momento, sin embargo, la participación de muchos países del Sur en desarrollo, principalmente de los países de renta media, tiene que abordarse urgentemente en el sesgado BEPS de la OCDE, para garantizar que su resultado no sea perjudicial para sus intereses a medio y largo plazo.

T: MF / ED: EG