El Gobierno justifica que Turull es una persona «clave» para la restauración de la convivencia
En el informe de concesión del indulto a Jordi Turull, al que ha tenido acceso ABC, se expresa que su indulto contribuye recomponer la situación en Cataluña. El Gobierno justifica que aunque sus actos olvidaron a los catalanes no independentistas «ahora, ya en la cárcel, la democracia española no los puede olvidar a ellos, entre otras razones, porque tampoco los han olvidado varios cientos de miles de catalanes que, de manera constante, votan a opciones políticas que protagonizaron y defienden aquellos hechos de septiembre y octubre de 2017».
El apoyo electoral a los independentistas es pues un argumento para el indulto. «Esos ciudadanos podrán ver en libertad a sus líderes y comprenderán que la democracia española les da cauce para expresar sus opiniones en libertad y para defender sus ideas con normalidad», dice el informe.
El Gobierno argumenta que el encarcelamiento de Turull «afecta indudablemente a esa convivencia democrática entre catalanes, condicionando negativamente las relaciones entre Cataluña y el resto de España y obstaculizando la superación del conflicto existente». El Gobierno aduce que «el debate público ha quedado contaminado y la actividad institucional seriamente afectada por dinámicas de confrontación impropias de un sistema democrático como el nuestro».
El Gobierno justifica su condición de consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno de Cataluña, pero especialmente «como uno de los vicepresidentes de Junts per Catalunya y candidato en su día a ocupar la presidencia de la Generalitat» para señalar que «es uno de los principales actores políticos en la escena catalana». Esa posición
Esa posición hacen de él «una persona clave para la restauración de la convivencia». Argumentan esto por el hecho de que «desde su entrada en prisión, haya seguido ocupando cargos de responsabilidad en uno de los principales partidos de la política catalana». El Gobierno abunda que «como indudable protagonista del conflicto y líder de una de las principales formaciones independentistas, su peso en el devenir de las relaciones entre España y Cataluña resulta indiscutible».
El Gobierno justifica la sentencia del Tribunal Supremo. Pero plantea que «al reproche jurídico debemos anudar además un análisis sereno sobre las repercusiones sociales y consecuencias políticas que derivan de estos hechos». Su análisis, defiende, debe ir más allá y estar «dirigido a determinar cuál es la vía idónea para solventar la indeseable situación en la que nos encontramos».
Y en ese análisis, el Gobierno utiliza «la profunda división que actualmente experimenta la sociedad catalana y que irradia sus efectos sobre el conjunto de España». Y en la interpretación de este contexto, el informe de indulto a Turull defiende que «el mantenimiento en prisión de los líderes de las principales formaciones independentistas no contribuye positivamente a rebajar la tensión existente». Y, por la necesidad de individualizarlo, destaca la posición de Junts per Catalunya y de Turull dentro de la formación. «El Gobierno tiene la obligación ineludible de restaurar la convivencia entre las personas», dice el informe. Y ahí destaca que la excarcelación de Turull «contribuye a la normalización de la vida social y política en Cataluña». Y destaca «su indudable peso en el escenario político catalán».
Pero, por otra parte, reconoce que Turull «ni ha realizado públicamente un ejercicio de autocrítica con respecto a los hechos que motivaron su condena –incluso llegó a manifestar que volvería a actuar como lo hizo- ni ha protagonizado gestos orientados claramente a la recuperación del clima de entendimiento y de diálogo». Aunque a la vez apunta a que «pueda valorarse positivamente su constante reivindicación y predisposición al diálogo con el Gobierno de España, como la que puso de manifiesto en su discurso en el Parlamento de Cataluña, sería mejor valorado el hecho de que ese tipo de declaraciones fueran acompañadas de gestos que evidencien una absoluta renuncia a las vías unilaterales».
Aunque recuerda el Gobierno que «ni el arrepentimiento ni la aceptación del indulto son requisitos para su concesión, máxime en un supuesto como este, en el que se propone su concesión por razones de utilidad pública». Y concluye que «su puesta en libertad pueda favorecer objetivamente la vía del diálogo».