Perú: ‘Calculo que para la primera semana de julio tendremos un resultado final’, dice analista
El proceso electoral en Perú aún no termina. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones decidió no aceptar la declinación al cargo de uno de sus integrantes, Luis Arce, sino suspenderlo en actividades.
Este escenario que retrasa aún más el trabajo del organismo deja en el aire una pregunta: ¿la decisión de renunciar del magistrado Luis Arce fue una reacción política o profesional? “Fue muy política. Hay votos en minoría y los votos en minoría se respetan, pero en este caso no. El señor Arce habla de muchos factores que habrían intervenido en las decisiones del jurado por mayoría”, explica a RFI José Andrés Tello, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral (IPDE).
Arce abandonó el JNE luego de que el pleno rechazara 10 de las apelaciones de Keiko Fujimori por mayoría, sólo con el voto en contra de Arce, según medios peruanos. La carta que el magistrado envió dice que busca “evitar que (…) mis votos en minoría sean utilizados para convalidar falsas deliberaciones constitucionales, que son en realidad decisiones con clara parcialización política en el pleno del JNE”. También señaló que “ya existen decisiones adoptadas” con respecto a los reclamos de Fuerza Popular.
“Creo que el proceso ha sido regular, no se puede empañar un proceso. Fue una etapa procesal electoral compleja, pero eso no significa que el proceso entero haya estado mal”, recalca por su parte José Andrés Tello.
“Calculo que para la primera semana de julio, esperemos que no entre en la segunda semana, ya tendríamos un resultado final”, añade el analista en derecho electoral.
En un comunicado, la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) saludó que el sistema electoral peruano “cuente con las garantías del debido proceso”. Además, destacó que los partidos políticos en contienda “tuvieron las mismas oportunidades para presentar sus reclamos y ser escuchados”.
Actualmente, Arce está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, por su supuesta vinculación con una red de corrupción en el Poder Judicial de Perú.