Albert Royo: "Lo que nos hacen es un robo en nombre de la sagrada unidad de España"
Albert Royo (Barcelona, 1977) fue el secretario general del consejo de Diplomacia Pública de Catalunya, el Diplocat, entre el 2013 y el 2017, cuando en aplicación del artículo 155 este organismo se cerró de un día para otro. Licenciado en Ciencias Políticas lleva 20 años trabajando en el sector público, tanto en instituciones europeas como después en otras vinculadas a la Generalitat. En el Diplocat, un consorcio integrado por distintas administraciones así como agentes económicos y sociales, era uno de los principales responsables de la promoción exterior de Catalunya, el ámbito en que el Tribunal de Cuentas considera que se produjeron desvíos de fondos públicos para impulsar el procés. En la lista que el organismo fiscalizador hizo pública esta semana, a él le ha tocado la peor parte: 3,7 millones de fianza, la más alta de todas.
Royo da por hecho que le embargarán otra vez sus bienes. Otra vez porque no es la primera. En el juzgado 13 de Barcelona, que instruye una causa contra 30 exaltos cargos del Govern entre los que él también figura, ya se les reclamaron fianzas millonarias. Gracias a la caja de solidaridad consiguió recuperar sus bienes y desbloquear las cuentas bancarias. Fue también con ayuda ciudadana que lograron parar el anterior golpe del Tribunal de Cuentas, cuando por el 1-O reclamó fianzas que ascendían a 4,1 millones. Pero ahora, para abonar los nuevos 5,4 millones que les reclama, la caja de solidaridad está vacía.
El exresponsable del Diplocat niega que este consorcio cometiese ninguna ilegalidad, recuerda que nunca tuvieron ningún tipo de requerimiento o denuncia y atribuye el informe del Tribunal de Cuentas a una voluntad de escarmiento y a lo que califica de persecución de la disidencia política: "Imponen multas estratosféricas para que no se nos ocurra nunca más explicarnos por el mundo".
¿Cuál era su trabajo en el Diplocat?
Yo era el secretario general del consejo de Diplomacia Pública y como tal implementaba las decisiones que tomaba el pleno del consorcio en su reunión anual.
¿Y en el pleno del consorcio estaba solo la Generalitat?
No, estaban representados los 40 miembros que lo integran. La Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, las diputaciones, los sindicatos, las patronales, las cámaras de comercio, la mesa del Tercer Sector, el Barça... Allí se aprobaba el plan de actuación del año siguiente, con el correspondiente presupuesto y la memoria económica del ejercicio precedente. Durante los cinco años que estuve siempre se hizo del mismo modo y nadie nos dijo que estuviésemos haciendo nada ilegal. No tuvimos nunca ninguna denuncia ni requerimiento de ningún tribunal. Ahora, a pelota pasada, nos dicen que el 75% de nuestra actividad era ilegal. Esto es un disparate. Las actividades de diplomacia pública se están llevando a cabo desde muchas comunidades autónomas.
¿Nadie les advirtió de que alguna de las actividades del Diplocat podía ser ilegal?
Nunca. Nadie nos advirtió de nada. Nuestra actividad se ajustaba a lo establecido en los estatutos del consorcio del Diplocat y a lo que establece el Estatut respecto a la promoción exterior de Catalunya.
El Diplocat ahora está funcionando pero con la aplicación del 155 se cerró.
El Gobierno de Rajoy lo cerró sin respetar la ley española de consorcios. La Generalitat era un miembro más pero el Gobierno no podía imponer el cierre.
En alguna ocasión ha afirmado que en esas semanas se vivió una sensación de "terror blanco". ¿A qué se refiere con esa expresión?
Fueron unos meses muy complicados, semanas en las que había detenciones constantes, entradas de la Guardia Civil en muchas instituciones y domicilios particulares y no sabíamos hasta dónde llegaría esa situación. Es cuando entran en prisión activistas, miembros del Govern, la presidenta del Parlament... y se inicia una cascada de procesos penales contra mucha gente. Nosotros en el Diplocat teníamos al juzgado 13 de Barcelona investigándonos. Pidió toda la documentación. El Tribunal de Cuentas también la reclamó y después de dos años examinándola la ha utilizado para este macrocaso. Un representante del Tribunal estuvo junto a un trabajador de contabilidad del Diplocat repasando factura tras factura. Estamos ante un intento de escarmiento y castigo público.
En el informe del Tribunal de Cuentas se afirma que el Diplocat organizó actos en abril del 2017 en Bruselas, París y Ginebra con el título '¿Un referéndum para Catalunya?' ¿Actos como estos son solo promoción internacional de Catalunya?
Nuestra principal función era explicar Catalunya en el exterior. En el 2017 el gran tema que había en el exterior era la situación política de aquí y cómo evolucionaría el conflicto, si habría una votación autorizada o si qué acabaría pasando. Lo que no podíamos hacer nosotros era hacer ver que aquí no estaba pasando nada. Por lo tanto, en nuestra función de explicar Catalunya al mundo se incluía la posibilidad de debatir de las aspiraciones de una gran parte de su ciudadanía de encontrar un nuevo encaje o dentro de España o directamente dentro de la UE. Era el gran foco de interés de la prensa internacional y de los expertos en constitucionalismo y de ciencia política.
¿Y ustedes tomaban partido?
No, lo que hacíamos era facilitar debates. Eso implicaba contar con diversidad de opiniones. Cuando se trataba de la cuestión política se incluía a entidades civiles independentistas como la ANC u Òmnium a otras que no lo eran como es el caso de Societat Civil Catalana o Federalistes d'Esquerres. Cuando venían representantes internacionales se iba siempre al Parlament y se realizaban encuentros con todos los partidos, desde el PP y Ciutadans al resto de grupos. Para nosotros era clave facilitar el acceso a los representantes políticos o de la sociedad civil para que expusiesen su posición.
En este último informe del informe del Tribunal de Cuentas también se apunta a contrataciones irregulares por parte del Diplocat. ¿Le constan?
A mí no me consta ninguna irregularidad. Lo que hay es una clara voluntad de censura política. Se considera ilegal el 75% de la actividad de la proyección exterior que realizaba el Diplocat, ya fuesen actos académicos o culturales, contactos con periodistas o visitas. Han dispuesto de toda la documentación. La tienen ellos desde hace tres años y por lo tanto yo no puedo defenderme sobre nada en concreto. Con el Tribunal de Cuentas estamos ante una persecución de la disidencia política. No sería aceptable en otro país de la UE y menos por parte de un tribunal que no está formado por jueces y cuya característica es el nepotismo. Es un escándalo que esté pasando esto. Imponen multas estratosféricas para que no se nos ocurra nunca más explicarnos por el mundo.
El Tribunal de Cuentas le reclama ahora una fianza de 3,7 millones. Pero antes citaba la causa que tiene abierta en el juzgado 13 de Barcelona y allí también tuvo que pagar una fianza.
En el juzgado 13 tuvimos que pagar una fianza de 4,1 millones de euros por lo que ellos calculan que costó la celebración del referéndum del 1 de octubre, en el cual yo no tuve participación. Nos embargaron y nos dejaron las cuentas a cero de la noche al día incumpliendo la propia legislación española que dice que tienen que dejarte un mínimo para sobrevivir. Estuvimos embargados durante unos meses y gracias a la solidaridad de la gente pudimos conseguir el dinero y que se levantasen los embargos. Eso por un lado, pero es que por los mismos gastos ya pagamos también 4,1 millones al Tribunal de Cuentas. En ese caso se consiguió parar el golpe con el dinero de la caja de solidaridad. Ahora, a raíz de una petición de la comisión mixta Congreso-Senado, con apoyo del PP y del PSOE, el Tribunal de Cuentas analiza la política exterior y llega a sus conclusiones. De nuevo nos pide una fianza millonaria y nos da 15 días para pagar. Es tu muerte civil.
Le piden mucho dinero. ¿Qué hará?
No puedo hacer nada. Es evidente que no tengo ese dinero. Yo soy un profesional, no soy rico.
Entonces ya da por hecho que le embargarán.
Sí, nos embargarán a todos. Te embargan la casa, el coche y los bienes que puedas tener. Si con eso no es suficiente, van a por las cuentas y vives embargado. Si eres un asalariado, tu sueldo se va directamente a cubrir estas deudas. Lo que nos hacen es un robo en nombre de la sagrada unidad de España. Y no tienen suficiente con esto puesto que el Tribunal de Cuentas pidió a la Fiscalía que investigue si existe una derivada penal y esto sigue en el juzgado 18, al que vamos a parar 12 personas.
Por lo tanto la malversación que les atribuyen está siendo investigada en dos juzgados de instrucción, el 13 y el 18 de Barcelona y a la vez en el Tribunal de Cuentas.
Exacto y por lo tanto pagamos por duplicado o triplicado, según los casos. Lo que busca la vía penal es meterte en la cárcel y la del Tribunal de Cuentas ahogar en la miseria a las familias. En mi caso se busca un escarmiento ejemplar para que a nadie más se le ocurra explicar Catalunya fuera de aquí. Es un disparate. El principal problema que tuvo España en su proyección fueron las imágenes de los golpes de porra del 1-O contra personas inocentes que hacían cola para votar. Y esto es lo que nos hacen pagar a nosotros. Nos hacen pagar la batalla por el relato internacional, la única que seguramente no ha ganado el Estado.
La caja de solidaridad, que antes comentaba que les había ayudado para levantar los embargos, ahora esta vacía.
Nosotros confiamos en la solidaridad de la ciudadanía pero creemos que hay que ir más allá. Si hay una negociación y una mesa de diálogo, una de las cosas que hay que plantear es el fin de la represión judicial y parajudicial contra las personas que tuvieron responsabilidades en el Govern, los técnicos que estaban también allí trabajando o aquellos ahora perseguidos por participar en manifestaciones.
¿Qué cree que puede hacer el Gobierno de Pedro Sánchez?
Tiene instrumentos para parar esto. Lo más fácil y tiene mayoría suficiente para hacerlo sería aprobar una ley de amnistía. Sería la mejor manera y los tribunales no podrían pararlo. Si realmente quiere iniciar una negociación política, se tiene que empezar en una relación de igualdad y no teniendo a gente con la espada de Damocles encima, con los embargos o metiéndoles en la cárcel.
¿Y la Generalitat qué podría hacer? ¿Debería hacerse cargo de las fianzas?
No sé si puede hacerlo o no. Lo que sí le puedo decir es que a mí se me están pidiendo cuentas por mi trabajo como servidor público y por decisiones que se tomaron a un nivel más alto, en este caso, el patronato del Diplocat. Es lamentable que las instituciones para las que has estado trabajando no puedan darte el apoyo legal necesario cuando se te está acusando por actuaciones que llevaste a cabo cuando eras secretario general de una institución. Me consta la voluntad por parte de las autoridades del Estado para evitar que la Generalitat pueda hacer lo que hace con otros servidores públicos y es darles apoyo legal.
Pero que usted disponga o no abogados de la Generalitat para defenderle no es una decisión que tome el Estado.
Es una decisión que toma la Generalitat en función de lo que le permiten. Entiendo que le han dicho que no se le ocurra hacerlo.