El informe que usó la Sanidad vasca para negar pruebas de filtraciones en las oposiciones no analizó todos los datos

Después de meses de parón y superados ya los tres años desde que se produjeran las primeras denuncias, este martes se ha retomado la investigación judicial en torno a las filtraciones de exámenes en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) de la primavera de 2018. Ha sido el estreno de Cristina Rodríguez como instructora, la tercera magistrada ya al frente de la causa. Con algunas semanas de retraso respecto a la fecha prevista, ha comparecido como testigo el profesor de la Universidad de Oviedo José Muñiz, a quien el entonces consejero de Salud, Jon Darpón, contrató para elaborar un informe estadístico psicométrico que analizara las notas en 86 especialidades médicas de la OPE. Aquel documento fue uno más de los utilizados por la cúpula de aquel momento de la Sanidad vasca para enfatizar que no había "elementos objetivos" de la existencia de candidatos beneficiados en aquel proceso.

Pero el informe, según ha explicado Muñiz en sede judicial, no estaba pensado para probar la existencia de filtraciones. Es decir, aunque no las pueda demostrar, tampoco las descarta. Se trata de un trabajo estadístico que sí halló anomalías en la distribución de los resultados -notas muy altas para la media en pruebas de difícil resolución- pero que, por lo escaso de las muestras y sin tener otros factores explicativos externos, necesariamente no podía sacar una conclusión sobre lo ocurrido. Es más, en la declaración judicial ha quedado constatado que Salud no proporcionó al profesor Muñiz el número de plazas que se ofertaban en cada categoría ni se analizó si la distribución de las notas por hospitales guardaba relación con los autores de las preguntas. Indagaciones posteriores han probado que en muchos exámenes había tantos cuestionarios o perfectos o casi perfectos como puestos en juego y que muchos de esos candidatos brillantes eran colegas de hospital de quienes los elaboraron.

La declaración de Muñiz, según fuentes judiciales, se ha alargado durante aproximadamente una hora. Otro asunto que ha salido a colación es cómo fue contratada la Universidad de Oviedo para este trabajo. Las adjudicaciones directas superiores a 15.000 euros más IVA no están permitidas por la ley de contratos. Darpón abonó exactamente 14.999,92 euros, a ocho céntimos del máximo legal para hacerlo sin concurso. En cualquier caso, Muñiz ha indicado que ese mismo servicio "en el mercado libre" habría tenido un presupuesto "diez veces mayor" que el que propuso Osakidetza.

Estaban igualmente previstas las comparecencias de dos representantes del Sindicato Médico de Euskadi (SME), pero han sido suspendidas porque están pendientes de ser incorporados al sumario los informes estadísticos que elaboró en 2018 esta central después de conocidas las notas de los exámenes. En ellos se apuntaba con claridad a la existencia de filtraciones. El SME pactó en su día las bases de la convocatoria de la OPE con el Departamento de Salud, entre otras cosas porque preveía que el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) se iba a encargar de parte de las preguntas. Sin embargo, este ente externo no tiene especialistas médicos y acabó derivando la responsabilidad en doctores de Osakidetza y miembros de los tribunales. Y en muchas categorías las mejores notas coincidieron con los colegas de hospital de esos autores. El sindicato LAB elaboró igualmente informes estadísticos con similares conclusiones.

Precisamente LAB es, junto con ESK, parte acusadora en la investigación judicial. Uno de los frentes que tiene abierto es la investigación de las irregularidades en la especialidad de Cirugía Plástica, un "expediente X". En síntesis, una opositora llamada Thais Salas que era pariente de un miembro del tribunal, Alfredo Martínez Flórez, obtuvo la mejor nota. Con todo, terminó renunciando después de hacer el examen y no consta en los listados de resultados. LAB, en vista de las declaraciones y pruebas recopiladas en el sumario, entiende que Osakidetza y el IVAP no solamente conocieron estos hechos sino que los "ocultaron deliberadamente". De hecho, el mismo día en que Darpón llevó al Parlamento Vasco el informe de Muñiz, rechazó iniciar una investigación específica sobre el examen de Cirugía Plástica "al no detectarse irregularidad alguna" en el proceso.

Será este jueves cuando continúen las comparecencias en el Palacio de Justicia en torno al caso de las oposiciones de 2018. Han de prestar declaración los cinco últimos de los once imputados totales en esta causa. Son cuatro personas relacionadas con Cirugía Plástica, Salas, Martínez Flórez y los vocales Javier Meléndez y Andrés Beltrán, así como Iñigo Echevarría, jefe de Traumatología del hospital del Alto Deba -en este examen un vocal dijo que los mejores exámenes eran "fotocopias" entre sí y respecto a la plantilla de corrección-. Los otros seis investigados son José Luis Cabriada (autor del examen de Digestivo), César Augusto Valero (Anestesia), María Reyes Vega (Angiología), Eduvigis Álvarez (Neurofisiología) y José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández (Neurocirugía).