Los regalos de Fitonovo a los funcionarios de la Diputación llegan a la Audiencia Nacional

Las 'mordidas' de Fitonovo a la red de funcionarios «corruptos» continúan en la Audiencia Nacional. Ahora le toca el turno a tres altos cargos de la Diputación de Sevilla por presuntamente recibir regalos a cambios de contratos públicos por parte de Rafael González Palomo, su hijo José Antonio González Baro, dueño de la empresa sevillana y los directivos Andrés Brugueras Foye, director comercial, y Ángel Manuel Macedo Gajete, que conformaban la «cúpula» de esta sociedad, que durante más de quince años se hicieron con contratos públicos en administraciones de todo el territorio nacional a cambio de dádivas a políticos, autoridades y funcionarios. La Audiencia Nacional c ierra este martes un capítulo y abre uno nuevo en la macrocausa de corrupción de Fitonovo, empresa especializada en servicios medioambientales para entidades públicas y privadas. Hoy concluye la vista oral contra los dueños y principales dirigentes Fitonovo, así como los proveedores de la sociedad, claves en la facturación falsa, hasta unos cuarenta acusados. La mayoría de los acusados alcanzó un acuerdo con la Fiscalía y las acusaciones para una rebaja sustancial de las penas, pero ese acuerdo pasaba por el reconocimiento por parte de la «cúpula» de las mordidas para conseguir adjudicaciones públicas. Las diputaciones A cambio, y los principales acusados obtuvieron ventajosas reducciones de penas, pasando de los 19 años y medio de cárcel que pedía la Fiscalía para ellos a los 30 meses de prisión tras el acuerdo de conformidad. La cúpula de Fitonovo sentada en la primera fila del banquillo en el juicio que termina hoy en la Audiencia Nacional - EFE Además de la pieza principal, cuyo juicio termina hoy, la Audiencia Nacional ya ha enjuiciado también otra pieza sobre los regalos a administraciones de Canarias y Extremadura. Las penas alcanzaron los tres años de cárcel. A partir de hoy la Audiencia Nacional juzga a los protagonistas y los hechos que salpican a las diputaciones de Sevilla, Córdoba y Jaén, al Ayuntamiento de La Carolina y las delegación territoriales del Ministerio de Fomento en Cádiz, Huelva y Andalucía Occidental. La vista oral se prolongará, al menos, hasta el día 29 de este mes. Fitonovo y Mercasevilla La causa de Fitonovo tiene su origen en Mercasevilla. La juez Mercedes Alaya estaba indagando el patrimonio de uno de los imputados, el socialista Domingo Enrique Castaño. Fue entonces cuando la Guardia Civil descubrió que los bienes de este cargo del gobierno local de Alfredo Sánchez Monteseirín se habían multiplicado muy por encima de sus ingresos. Detrás estaba una empresa especializada en jardinería y otros servicios. Fitonovo le había comprado un coche de alta gama y rehabilitado una casa. En 2013 nace el caso Madeja. Pero estas diligencias saltaron de Sevilla a Madrid al tratarse de una red dedicada al soborno que salpicaba a administraciones de todo el territorio nacional. Fue el juez central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, el que llevó finalmente la investigación de los hechos, que se extendieron desde 1995 hasta 2013. La entrega de comisiones a funcionarios, como los de la Diputación de Sevilla, y políticos alcanzó a administraciones estatales, autonómicas y locales de Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias. Según el auto de procesamiento en esta pieza, los dueños y la dirección de la empresa sevillana crearon una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares. Entre estos funcionarios presuntamente «corruptos» y acusados de recibir dádivas, regalos y mordidas por parte de Fitonovo para que le adjudicasen contratos públicos están tres altos cargos de la Diputación de Sevilla. La obra del Parque María Luisa Así, los directivos de Fitonovo habrían abonado al ingeniero jefe del Servicio de Carreteras y Movilidad de la Diputación de Sevilla, Carlos P.L., desde el año 2000 al año 2011 por favorecer a dicha empresa en la ejecución de los contratos, la suma de 111.822 euros, incluyendo algún regalo de telefónica y trabajos realizados en su finca. La Fiscalía apunta que recibió una comisión con dinero público de la propia Diputación, pues Fitonovo engordó la facturación de tareas de desbroces y tratamientos para que la diferencia entre la facturación falseada y la real fuera a parar al funcionario. Otro de los investigados es el ingeniero jefe del Servicio de Infraestructura municipal de la Diputación de Sevilla Elías O.M. por haber favorecido a Fitonovo en la adjudicación y/o ejecución de contratos. Desde el año 2003 al 2009 habría recibido comisiones por importe de 17.221 euros. Pero en este caso fue más allá y la empresa le regaló un Ford Mondeo y otro coche a su hijo. El tercero es el ingeniero de Obra Civil Francisco Javier H.L., por facilitar la adjudicación y/o ejecución de contratos como la obra de alcantarillado del parque de María Luisa. Habría cobrado, junto a Elías O., 25.400 euros desde 2008 a 2010. En 2007, el 14 de diciembre, Fitonovo le entregó a Francisco Javier H., en concepto de ilícita comisión, la suma de 12.000 euros. En esta pieza separada están procesados doce personas, entre ellos el exalcalde del PP de La Carolina, Francisco José Gallarín, pero la Fiscalía no lo acusa. Para el juez instructor, los hechos descritos anteriormente constituyen delitos de cohecho, fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil y malversación. En los cuatro aparece la figura del funcionario Carlos P.L. El Ministerio Público, con respecto a los tres funcionarios de la Diputación de Sevilla, señala en su escrito de calificación que son presuntos autores de un delito de cohecho únicamente, por el que les pide cuatro años de cárcel, multa de 20 meses con una cuota diaria de diez euros, inhabilitación durante siete años para empleo público y la devolución de las dádivas y mordidas recibidas.