Comisión del Congreso peruano acusa a Pedro Castillo de liderar presunta red criminal
La Comisión de Fiscalización del Congreso peruano aprobó este jueves un informe que acusa al presidente, Pedro Castillo, de dirigir una presunta organización criminal enquistada en el Ejecutivo, en la que se ha implicado a otros personajes vinculados con la actual gestión que están prófugos de la justicia.
Con 9 votos a favor, 3 en contra y una abstención, el grupo parlamentario dio luz verde al informe que ahora deberán enviarlo ante el pleno del Congreso para seguir el mismo procedimiento.
El documento, de más de 360 páginas, plantea acusar constitucionalmente al jefe de Estado por los delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
En una sesión caótica, el grupo parlamentario presidido por el congresista fujimorista Héctor Ventura leyó las conclusiones y las recomendaciones del informe final, que indican que Castillo encabezaría una presunta red criminal que actuaría en el interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que integrarían otras 18 personas, entre exministros, exfuncionarios y empresarios.
Las investigaciones legislativas apuntan que «está comprobado» que el jefe de Estado y otros personajes vinculados a su gobierno «estuvieron relacionados para poder coordinar los direccionamientos de los resultados de los diversos procesos de selección» en el Ministerio a favor de diversas empresas.
Contratos públicos
En ese sentido, agrega que «está probado» que, durante las adjudicaciones de contratos públicos, existieron comunicaciones entre Castillo y empresarios «para efecto de determinar los resultados de los procesos de selección».
«Está comprobado que los empresarios, dueños de las empresas que conformaron el Consorcio Puente Tarata, entregaron beneficios económicos al presidente de la República por intermedio de (la empresaria) Karelim López», se lee en el documento divulgado en medios locales.
Según el informe, que también acusa al mandatario de una supuesta injerencia en los ascensos de altos mandos de las Fuerzas Armadas, esta red criminal habría cometido actos ilícitos desde julio de 2021, cuando Pedro Castillo asumió la Presidencia de Perú, hasta fines de ese año.
En caso de que este informe sea refrendado por el pleno del Congreso, será enviado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para que evalúe las posibles infracciones a la Constitución, y al Ministerio Público, para que establezca eventuales responsabilidades penales.
La investigación del Legislativo se desprendió de un caso ya abierto en la Fiscalía de la Nación contra Castillo por la presunta comisión del delito de organización criminal.
Colaboradores de la Fiscalía, entre ellos López, han señalado que en esta presunta organización están involucrados el exministro Juan Silva, el ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco y dos sobrinos del mandatario, quienes se mantienen prófugos de la justicia.
Pedro Castillo denuncia falta de pruebas inculpatorias
Castillo se había comprometido el lunes pasado a recibir a los miembros de la Comisión de Fiscalización, pero a último minuto decidió no hacerlo, luego de que su defensa aludiese que el grupo legislativo ya tenía preparado el informe inculpatorio con anterioridad.
Este martes, el gobernante exhortó al Congreso a poner fin a las confrontaciones y, tras asegurar que es «totalmente respetuoso de los poderes del Estado», insistió en la falta de pruebas inculpatorias en su contra.
«Son once meses de gobierno y hasta el momento no nos pueden demostrar que tenemos nosotros una pizca o una evidencia (de corrupción). Acostumbrados a esa réplica, a esa historia, hoy nos quieren meter a ese saco», enfatizó.
El jueves un tribunal supremo rechazó un recurso de «tutela de derechos» presentado por el abogado del mandatario para que se ordene la suspensión de cualquier investigación contra el gobernante, ya que su defensa considera que goza de inmunidad absoluta durante su mandato.
Espinoza anunció que acudirá a fueros superiores, como el Tribunal Constitucional, e incluso supranacionales, para apelar la decisión judicial que dio marcha libre a la investigación fiscal y conseguir que se anule esas pesquisas.
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