El gas procedente de residuos, en el punto de mira: crece el rechazo por "amenazas ambientales" y malos olores

Su poder energético es similar al del gas natural, pero su obtención es tan diferente que ya está en el punto de mira de algunos colectivos ecologistas y sociales. El biometano es un gas combustible con elevada concentración de este elemento, que se obtiene a partir del biogás. Este último, también llamado ‘syngas’ o gas de síntesis, se produce por la descomposición de materia orgánica, como los restos de comida y los desechos animales. Mezclado con la red gasista puede utilizarse en los sectores de calefacción y transporte, y también en la producción eléctrica. Hasta ahí bien y se ha desarrollado sin problema como elemento para la economía circular y la transición energética.

La desventaja: aunque es cien por ciento renovable, ya que su obtención se realiza a través de desechos biológicos, purines, estiércol, cultivos, lodos de aguas y residuos orgánicos, sus posibles repercusiones no han pasado desapercibidas en cuanto a impactos ambientales, malos olores y destino final del biometano.

Actualmente este gas se produce en 15 países europeos y es inyectado en la red de gas natural en la mayoría de ellos. En total hay más de 200 plantas depuradoras en Europa. En España, este mismo año, el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha aprobado una convocatoria de 150 millones de euros, procedentes de los fondos europeos Next Generation, para instalaciones de biogás, que se mantuvo abierta hasta el 14 de octubre.

España cuenta con una polémica planta de biometanización situada en el Parque Tecnológico de Valdemingómez (Madrid), abierta en 2014, y conocida por sus malos olores, en la que se trata la parte orgánica de los residuos sólidos urbanos (RSU) de la Comunidad de Madrid para su posterior inyección en la red gasista como biometano. En otros puntos de España ya ha habido un amplio rechazo social, como en el caso de Cabezón de la Sal, en Cantabria, donde los propios vecinos y vecinas crearon una plataforma para rechazar la planta proyectada en el municipio.   

En Castilla-La Mancha la apuesta por esta fuente de energía se está agudizando. La promoción del biometano como una de las energías del futuro, amparada por la normativa que establece peajes y cánones asociados a terceros para acceder a las instalaciones gasistas, ha hecho que en esta comunidad autónoma comiencen a fraguarse importantes proyectos. El pasado mes de agosto, la Comisión Provincial de Ordenación Territorial y Urbanismo de Toledo aprobó un nuevo proyecto prioritario de la instalación de una planta de biogás en el municipio de Noez, con una inversión de de 8,4 millones de euros y la creación de una decena de puestos de trabajo directos.

Esta planta de biogás producirá energías renovables como biometano, biocombustible neutro en emisiones CO2 que verterá a la red de distribución de gas natural y generará compost, utilizando para ello las deyecciones agroganaderas de instalaciones pecuarias, así como residuos de la industria agroalimentaria de la comarca de los Montes de Toledo. Se estima que lleguen a reutilizar 50.000 toneladas estiércol de vacuno de carne al año, 30.000 de purines y 20.000 de lodos y residuos agroalimentarios.

La Consejería de Desarrollo Sostenible la declaró “proyecto prioritario” (una figura creada por ley autonómica en 2020 para agilizar proyectos de interés), pero durante el periodo de exposición pública se presentaron más de un centenar de alegaciones, entre ellas las del Ayuntamiento vecino de Casasbuenas. En todas ellas se hacen objeciones similares al proyecto, como su ubicación a escasos kilómetros de una zona con presencia estable del lince ibérico. Además, en estas alegaciones se reclaman medidas para analizar de forma apropiada el impacto sobre las aguas subterráneas y superficiales y sobre el patrimonio arqueológico.

El Ayuntamiento de Casasbuenas, localidad de unos 200 habitantes, defiende que “los vecinos no podrán beneficiarse de esta infraestructura, pues no tienen acceso a ese combustible”. Por ello, apuesta por otros lugares donde se puede instalar una planta de producción de gas “sin contaminar acuíferos ni dañar el espacio natural”.

No es el único caso. También ha encontrado gran contestación el proyecto de una planta de producción de biometano que la empresa Biogás Manchuela proyecta en el término municipal de Fuentealbilla (Albacete), en dos parcelas que suman más de 30.000 hectáreas. Esta firma está integrada mayoritariamente por socios vinculados con el sector ganadero y más concretamente, con el porcino. Muchos de ellos son ganaderos titulares de explotaciones en funcionamiento que se localizan en la comarca de La Manchuela. De hecho, el 60-65% de los residuos de entrada a la planta están garantizados por los propios socios, según su documento de presentación.

El proyecto todavía tiene que someterse a evaluación ambiental pero en el estudio presentado por la empresa, al que ha tenido acceso elDiarioclm.es, detalla que la factoría supondrá una solución ambiental para los residuos de 25 explotaciones ganaderas, para almazaras y bodegas, y para la industria alimentaria.

Entre los beneficios que reseña se encuentran la reducción de los costes de gestión de purines y demás residuos animales, la producción de biofertilizantes líquidos y sólidos, la economía circular y la creación de puestos de trabajo especializado, aunque en esta misma memoria reseña tan solo una estimación de cinco puestos de trabajo directos y otros cinco indirectos. La cuestión es que, por todo ello, al igual que en el caso de la planta toledana, también ha solicitado ser declarado proyecto de interés prioritario.

En el caso de Fuentealbilla existen otros factores que la empresa resume para evaluar si es posible una afección. Entre ellos se encuentra la propia distancia existente desde el casco urbano hasta la instalación. Hay más de cuatro kilómetros en línea recta al punto más próximo del casco urbano. Argumenta que se trata de una distancia “más que suficiente para evitar la llegada de cualquier tipo de partícula olorosa”.

También reseña “barreras” para la dispersión del olor como la propia orografía del terreno y la carretera nacional que transcurre entre la instalación industrial y el casco urbano, así como la existencia de plantaciones agrícolas y vegetación silvestre que contribuyen a disipar las partículas. “La combinación de todos ellos se considera suficientes para hacer totalmente imperceptible los olores en el casco urbano de Fuentealbilla”, subraya.

De igual forma, el estudio de impacto ambiental recalca que la ubicación que se pretende para el emplazamiento de la instalación industrial no se encuentra afectada por ninguna figura de protección ambiental (LICs, ZEPAs, etc.). La más cercana se encuentra a 8,5 kilómetros.

El documento de estudio ambiental es público y ha provocado que en este municipio albaceteño de unos 1.800 habitantes hayan saltado las alarmas. El Ayuntamiento de la localidad y diversos colectivos de la zona ven en esta iniciativa una “seria amenaza medioambiental y un riesgo innecesario” para los vecinos y vecinas. De hecho, en Fuentealbilla de ha constituido la Plataforma STOP Planta Bio-Gas, con el apoyo de la Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de la Manchuela (ACEM). En el punto de mira: los malos olores y el destino final del biometano que se pretende producir, puesto que no existe en ese entorno red de conexión.

El alcalde de esta localidad, Ángel Salmerón, explica que raíz de haberse hecho público ese documento, el Ayuntamiento ha podido ver "la realidad de estas plantas" y, lo más importante, "la contestación social de rechazo de toda la comarca y pueblos limítrofes”. “No consideramos este proyecto como una iniciativa pública y social, y menos aún prioritaria, a pesar de que al principio parecía interesante ya que el Gobierno de España lo vendía como esa solución de riqueza, empleo y economía circular a los municipios. Pero una vez analizado el proyecto en profundidad vemos que no es así”, dice el alcalde.

Al respecto, Toni Jorge, miembro de ACEM, resalta que este proyecto parte de un concepto erróneo de lo que es la economía circular: “No estamos en contra de las plantas de biogás ya que pueden ser soluciones viables para pequeñas comunidades agro-ganaderas, para tener una gestión adecuada de sus residuos, pero estos centros no están pensados para barbaridades como esta. Hablamos de un modelo totalmente insostenible porque va a recoger según el proyecto 165.000 toneladas de purines de cerdo al año más 65.000 toneladas de restos del matadero y cosas sin determinar porque se deja la puerta abierta a la introducción de otros residuos. Supone la consagración de un modelo contra el que venimos luchando mucho tiempo”.

Desde ACEM destacan que este modelo es “totalmente inviable e insostenible” porque genera problemas medioambientales y molestias a los vecinos y vecinas: “Tenemos muchos frentes para determinar este proyecto como cuestionable y poco rentable”. El diseño de la planta “no ofrece demasiadas garantías y presenta un montón de lagunas sobre determinados productos contaminantes que directamente se ignoran. Presenta un balance de materias desajustado y falto de explicación. Además, nos quedan incógnitas sobre el uso posterior del biometano”.

A todo ello se suma la posible afectación y molestias a la población de Fuentealbilla: “Basándonos en precedentes existentes, los olores producidos en el manejo de esta inmensa cantidad dedesechos orgánicos y purines llegarán sin duda al municipio. Por lo visto en el documento, albergamos también serias dudas sobre si parte del digestato y de los purines van a salir del proceso para su vertido directo a los campos". La solución que plantean los ecologistas únicamente pasa por detener “la locura de la ganadería industrial y buscar alternativas viables y sostenibles. El biogás no es la solución correcta a este tipo de prácticas por el terrible impacto que generan las macrogranjas”.

El proyecto de Fuentealbilla ha llegado a publicarse y es conocido pero Albacete ya ha sido protagonista de otros 'desaparecidos'. La empresa valenciana Abonos Orgánicos Montagut anunció hace un año la instalación de una planta para la valorización de residuos orgánicos y obtención de biogás en Almansa. Según adelantó, produciría una cantidad de biogás equivalente al 10% del consumo doméstico de gas en la provincia, y hasta 90.000 toneladas de biofertilizantes orgánicos. Pero a día de hoy este proyecto, que también buscaba la declaración de “prioritario”, no aparece publicado en el portal de evaluaciones ambientales de Castilla-La Mancha.

La semilla del rechazo a estas plantas de tratamiento se plantó hace tiempo. En junio de 2021 la Plataforma Rural por Cenizate convocó una concentración en contra las macrogranjas a la que también añadió su rechazo contra el proyecto de una planta de biogás en la zona. Asimismo, también están proyectadas dos plantas de producción de biometano en los términos municipales de Quintanar de la Orden y Villaseca de la Sagra, en la provincia de Toledo. El Ejecutivo está pendiente de recibir el estudio de impacto ambiental para poder evaluarlo. Por ahora, el mencionado proyecto de Noez es el único que ha recibido el visto bueno del Gobierno regional.

En este escenario, la único palpable es que la sociedad civil ya se está movilizando en las provincias de Toledo y Albacete y las plataformas creadas no descartan manifestaciones. Por el momento, están llevando a cabo charlas en los pueblos de la comarcas afectadas para dar a conocer a la población sus posibles efectos.