Si nada cambia en las próximas horas, no habrá juicio por el accidente laboral en el que murió un trabajador durante el montaje de las gradas para los conciertos de Viveros de 2017 en Valencia. El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de la ciudad Pere Fuset , acusado de homicidio imprudente por unos hechos ocurridos cuando era edil de Cultura Festiva, evitará así el banquillo tras varios años de incertidumbre. Según ha avanzado este viernes Las Provincias , las compañías aseguradoras de las tres partes implicadas -el consistorio, la empresa de las gradas y la promotora del evento- han llegado a un principio de acuerdo con la familia de la víctima para pagarles una indemnización a cambio de la retirada de la acusación. Una larga negociación que, previsiblemente, se zanjará el próximo lunes a primera hora de la mañana, cuando está previsto que se inicie la vista oral en la Ciudad de la Justicia de Valencia, que se ha programado durante tres días para juzgar unos hechos que ocurrieron a finales de junio de 2017. La familia del operario solicita para Fuset una pena de cinco años de prisión. La Fiscalía no lo acusa al considerar que no era el encargado de las obras ni el promotor, pero sí reclama al Ayuntamiento que abone 225.000 euros a los parientes del fallecido en concepto de responsabilidad civil, puesto que no propició la elaboración de estudios ni designó a nadie que se encargara de la seguridad del montaje. De hecho, el consistorio ya pagó una sanción de 40.000 euros a la Inspección de Trabajo. El hombre de 47 años, casado y con dos hijas, cayó desde una altura de tres metros y estuvo una semana en muerte cerebral hasta que murió. En febrero 2020, el juez procesó al entonces portavoz municipal de Compromís, además de otros cuatro acusados y dos empresas. Aunque Fuset se apartó de sus funciones en Cultura Festiva -uno de los cargos con mayor exposición, al ejercer como máximo responsable de las Fallas-, mantuvo el acta de concejal en el área de Agenda Digital y Administración Electrónica. El magistrado de instrucción concluyó que el edil impuso unas nuevas condiciones «a toda prisa» a la empresa contratada para la programación de los conciertos -en el marco de la Feria de Julio- días antes del inicio de los mismos. En una carta «firmada de su puño y letra», Fuset exigía la instalación de unas gradas con capacidad para cerca de mil personas -anunciadas como la gran novedad de ese año y que no se han vuelto a utilizar- por parte de otra sociedad que no había participado en el concurso público. Una empresa a la que, además, nadie exigió un estudio de seguridad y salud, por lo que el juez considera que el concejal actuó al margen de la legalidad, siendo su conducta «decisiva» para el desenlace fatal. Así pues, el magistrado sostuvo que la muerte del trabajador podría haberse evitado si se hubieran tomado medidas de protección en el ámbito laboral y apuntó que pese a que fue aconsejado por técnicos de Cultura Festiva, la decisión final fue del propio Fuset. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirmó el pasado miércoles que el Juzgado de lo Penal número 17 había denegado un aplazamiento del juicio solicitado por uno de los procesados y había conseguido localizar a dos acusados que se hallaban en paradero desconocido para notificarles las fechas de la vista oral.
