El TSJ anula la condena al líder de la 'Banda del BMW' y sus padres por del delito de blanqueo de capitales

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha resuelto absolver del delito de blanqueo de capitales a José Luis R, alias 'Pipi', líder de la 'Banda del BMW', y a sus padres, Sotero y Segunda, y ha revocado por ello la condena de ocho meses de cárcel impuesta al primero y los seis meses que recayeron sobre sus progenitores y las multas de 45.000 euros de cada uno de los tres. La sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con sede en Burgos, estima de este modo los recursos de los condenados y revoca el fallo condenatorio dictado en junio por la Audiencia vallisoletana, en el sentido de que absuelve a los tres del referido de delito que les imputaba el fiscal por poner el primero a nombre de sus padres un vehículo BMW, adquirido por 21.000 euros en metálico y objeto de reparaciones por otros 8.428; una furgoneta Opel Vivaro que costó 14.000 euros, así como una finca en Tudela de Duero por la que se abonaron 'a tocateja' 12.000 euros, bienes todos ellos supuestamente sufragados con dinero de la actividad delictiva de 'Pipi'. La absolución se basa en que « no aparece suficientemente acreditada la comisión del delito de blanqueo de capitales del artículo 301.1 del Código Penal por el que han sido condenados los tres acusados apelantes, en primer lugar porque es «claramente cuestionable que pueda entenderse plena o suficientemente probado que la actividad delictiva del hijo le generase ingresos, en definitiva dinero, que se utilizó para adquirir los bienes indicados», al tiempo que recuerda que la citada actividad delictiva imputada por el fiscal se refiere a ellos cometidos a posteriori de la adquisición de los bienes, informa Ep. En tercer lugar, «y aun siendo suficiente cuanto se ha expuesto anteriormente para descartar como acreditado el delito de blanqueo, si examinamos los actos de adquisición de bienes que se consideran integran la conducta delictiva, tampoco está suficientemente acreditado el requisito de que tales bienes se adquiriesen para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludirlas consecuencias legales de sus actos, al menos no respecto de todos ellos». El fallo condenatorio de los tres, tal y como justificaba la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, obedecía a la convicción de que 'Pipi', «para poder ocultar el dinero que generaban los delitos por él cometidos» en forma de numerosos robos al frente de la 'Banda del BMW' «y poder beneficiarse de estos ingresos», se concertó con sus padres, Sotero y Segunda, para dar apariencia legal a las tres operaciones comerciales analizadas en el juicio. Noticia Relacionada estandar No Cuatro de la 'Banda del BMW' que asaltaron cinco gasolineras pactan 12 años de cárcel ABC Fiscalía solicitaba inicialmente para ellos un total de 27,5 años de privación de libertad Aunque la defensa basaba la absolución en que tales compras se efectuaron con carácter previo a los robos reconocidos por 'Pipi', la Audiencia de Valladolid alegó que «en la lectura de la hoja histórico penal del condenado que obra en la causa y que se incluyó entre la prueba documental de fiscal se acredita de forma objetiva que antes del 29 de abril de 2013 y al menos desde el 13 de febrero de 2001 ya había sido condenado por diversos delitos contra el patrimonio y robo con fuerza en las cosas, actividad delictiva que tuvo que generar unos ingresos que fueron utilizados en operaciones comerciales con apariencia de total licitud». Cuatro años de cárcel por robo continuado CUATRO AÑOS DE CÁRCEL POR ROBO CONTINUADO El tribunal sentenciador, en el mismo fallo, impuso al 'Pipi' cuatro años de cárcel por delito continuado de robo, pena que ya había sido pactada por el encausado y que se mantiene firme, y condenó también a otros once integrantes de la banda a distintas condenas, igualmente de conformidad, que oscilaban entre los 364 euros de multa y los casi cinco años de privación de libertad, conjunto de penas que se elevaron a 32,5 años, muy lejos de los 149 que el fiscal pedía para los doce procesados por una veintena de robos entre diciembre de 2016 y marzo de 2017.