Malversación, y ahora qué: revisión de la inhabilitación de Junqueras y penas más bajas para los cargos pendientes de juicio
Pocos confiaban en que saliera adelante, pero la reforma de la malversación ya es casi una realidad. Tras su votación este jueves en el Congreso, para que entre en vigor definitivamente falta completar su trámite en el Senado y que pasen veinte días desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Será a partir de entonces cuando se podrán empezar a comprobar sus efectos. Los más claros se darán en las causas del procés, tanto la ya juzgada en el Tribunal Supremo como las pendientes en los juzgados catalanes.
El Gobierno y ERC confían en que la reforma del Código Penal se circunscriba a las causas que todavía colean en los juzgados derivadas del otoño soberanista del 2017. En otras palabras, que el cambio no comporte un efecto no deseado –como ocurriera con la ley del 'solo sí es sí'– y se aligere el castigo de casos de corrupción ya juzgados y pueda dejar impunes causas bajo investigación.
Fuentes jurídicas –tanto las que comparten el objetivo de desinflamación judicial del contencioso catalán como las que no– evitan ser taxativas y recuerdan que se tendrá que analizar caso por caso, pero sí ven la posibilidad de que algunos corruptos intenten beneficiarse de la reforma del Código Penal pensada para el procés. La decisión final recaerá en los jueces. Más allá de este extremo, las fuentes consultadas sí están de acuerdo con las críticas lanzadas por asociaciones como la Unión Progresista de Fiscales (UPF) por la reforma “apresurada” del Código Penal.
En círculos judiciales se vincula la rapidez de la reforma con la pronta acusación de la Fiscalía en la causa por el 1-O que afecta a los diputados de ERC Josep Maria Jové –uno de los negociadores de los republicanos con el PSOE– y Lluís Salvadó, también actual presidente del Puerto de Barcelona. Ambos fueron altos cargos de la conselleria de Economía que pilotó Oriol Junqueras y están considerados los 'fontaneros' del referéndum.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) no ha fijado el plazo para que las acusaciones presenten sus escritos. Una reforma del Código Penal con informes del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal hubiera alargado los trámites y sería imposible terminar 2022 con los cambios en la malversación aprobados.
Con la reforma exprés, en principio, se evita el escenario de que la Fiscalía presente una acusación con la malversación 'antigua' contra Jové y Salvadó y ya en el juicio tenga que rebajar la pena en aplicación del nuevo Código Penal más favorable al acusado. Ello habría sido un ejemplo demasiado gráfico de que el cambio en la ley está pensado para favorecer a los cargos de ERC.
La Fiscalía Superior de Catalunya trabaja desde hace meses en su escrito y su petición de penas. La sentencia del procés del Supremo dejó unos mimbres claros, que facilitan la labor de las acusaciones, al quedar probado que el Govern malversó para el 1-O más de 250.000 euros –aunque el Alto Tribunal dejó en manos del Tribunal de Cuentas la labor de cuantificar el total del desvío–. De esas adjudicaciones irregulares para la votación decididas por Junqueras y los consellers se encargaron Jové, Salvadó y el resto de altos cargos que esperan juicio en la Audiencia de Barcelona al no ser aforados.
La reforma de la malversación no implica que los gastos del 1-O queden impunes, pero los acusados sí verán como las eventuales penas por malversación, que antes de la reforma podían llegar a los ocho o doce años si se superaban los 250.000 euros, se quedan en un máximo de cuatro. Aunque la rebaja más sustancial de la reforma es en el tiempo en que los exaltos cargos estarían obligados a permanecer fuera de la política: la inhabilitación máxima se reduce de 20 a seis años.
La horquilla de penas a las que se exponen Jové y Salvadó además crecerá todavía más, ya que también serán acusados de revelación de secretos, castigado con entre uno y cuatro años de cárcel. La reforma de la malversación, en cambio, resulta irrelevante para la tercera acusada en el TSJC, la actual consellera de Cultura y exalto cargo con Junqueras, Natàlia Garriga, quien será acusada tan solo de desobediencia, delito sin pena de cárcel.
Otro grupo de altos cargos durante el referéndum (varios han abandonado la política tras el 1-O) que verán aligerada su pena son los 16 procesados por malversación en la macrocausa de los preparativos del referéndum que investigó el juzgado de instrucción 13 de Barcelona y que sirvió para alimentar el sumario de los exconsellers en el Supremo. También están procesados por malversación tres empresarios que recibieron encargos del Govern para la votación.
Igual que ocurre con Jové y Salvadó, tres de los 16 exaltos cargos procesados por malversación lo están bien por revelación de secretos bien por falsedad documental, delitos que también comportan penas de hasta cuatro y seis años respectivamente.
Cabe resaltar que la reforma de la malversación decidida por los políticos no será la única rebaja de la que se beneficien los exaltos cargos del procés: los procesados verán atemperadas sus penas debido a la lentitud de la propia Justicia para tramitar sus causas, lo que se conoce como una circunstancia atenuante por dilaciones indebidas. En el caso de la macrocausa del 13, el auto de procesamiento se dictó el 9 de abril de 2019. Casi cuatro años después, los acusados todavía no saben a qué penas se enfrentan.
Antes de conocer la fecha del juicio deberá resolverse el enredo procesal en el que está instalada la causa de los preparativos del 1-O. Las defensas pidieron en junio del año pasado que se juntaran las causas del 1-O y la de los gastos exteriores del procés seguida en el juzgado de instrucción 18 al versar sobre los mismos hechos. La Justicia todavía no ha dado una respuesta. Este miércoles tenía que celebrarse la vista definitiva sobre la cuestión en la Audiencia de Barcelona, pero una magistrada tuvo un imprevisto y la sesión se ha suspendido hasta el 1 de febrero del próximo año. Un nuevo retraso.
Aunque el foco está fijado en la causa de Jové, Salvadó y Garriga, un primer ejemplo práctico de la reforma de la malversación puede darse en el juicio que la Audiencia de Barcelona celebrará el próximo mes de abril. El exconseller de Interior, Miquel Buch, está acusado de malversación por contratar a dedo como asesor a un mosso que en realidad ejercía como escolta de Carles Puigdemont en Bélgica.
La petición de cárcel del fiscal contra Buch es de seis años de cárcel –el actual tipo de malversación le permite solicitar penas de entre cuatro y ocho años porque los salarios percibidos por el mosso no alcanzaron los 250.000 euros–. El Ministerio Público deberá analizar con cuál de los dos tipos nuevos de malversación encaja la conducta de Buch y si procede mantener la pena solicitada inicialmente o rebajar su petición.
Los efectos de la reforma de la malversación y la sedición también se notarán en el Tribunal Supremo (cuya Sala de lo Contencioso Administrativo tiene pendientes de resolver los recursos de la derecha y extrema derecha contra los indultos del procés). En este caso, será la Sala de lo Penal, presidida por el magistrado Manuel Marchena, quien tenga que revisar las inhabilitaciones de los dirigentes soberanistas condenados (las penas de cárcel ya se extinguieron con los indultos).
Por su lado, el magistrado Pablo Llarena tendrá que analizar los efectos del nuevo Código Penal en las solicitudes de extradición de Carles Puigdemont y el resto de políticos que siguen en el extranjero, que a su vez siguen a la espera de las decisiones clave de la Justicia europea. A priori, ya no podrá reclamarlos por sedición al derogarse este delito, pero sí podrá seguir haciéndolo por malversación.
Oriol Junqueras fue condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación y Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, a 12 años de cárcel e inhabilitación. Son las penas más altas porque los cuatro fueron condenados por malversación y sedición, único delito por el que fueron sentenciados Carme Forcadell (11 años y medio de cárcel e inhabilitación), Joaquim Forn y Josep Rull (10 años y medio) y Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (nueve años de cárcel e inhabilitación).
Entre las defensas de los condenados se dibujan dos escenarios: uno en el que se rebajan las penas por inhabilitación en línea con la nueva redacción del Código Penal y otro, menos probable pero no imposible, en que la interpretación del Supremo es contraria al espíritu de la reforma, lo que aumentaría el riesgo de una condena en Estrasburgo para España que sacara los colores a su Alto Tribunal.