El PSOE presenta dos recursos al Constitucional y alega que parar la reforma vulnera derechos ciudadanos
El PSOE ha presentado este domingo dos nuevos escritos ante el Tribunal Constitucional –uno de alegaciones y otro de personación– para tratar de impedir que dicho órgano acepte, en su reunión de este lunes, la petición del PP de suspender de forma cautelarísima la tramitación de la reforma impulsada por el Gobierno para desbloquear la renovación del citado tribunal que tiene el mandato caducado. En los textos, a los que ha tenido acceso elDiario.es, los socialistas consideran que, en caso de ser admitida la petición de los populares, el Constitucional "vulneraría el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes".
"La admisión de una medida cautelar que eventualmente produzca la suspensión del procedimiento parlamentario impide que el conjunto de los Diputados y Senadores ejerzan legítimamente sus funciones parlamentarias, como representantes de los ciudadanos, en los que reside la soberanía popular", señala el PSOE. En sus escritos, los socialistas insisten, además, en que el Constitucional, que se reúne este lunes a las 10.00 horas, debe abordar las recusaciones de los dos magistrados cuyo mandato ha caducado –el presidente, Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez–, presentadas por el partido junto a Unidas Podemos, antes de decidir si acepta las medidas cautelarísimas planteadas por el PP, que en otro escrito presentado el viernes pidió al tribunal paralizar la votación de la norma en el Senado, prevista para el próximo jueves. El Congreso la aprobó el pasado jueves por una amplia mayoría.
El PSOE remarca que "la solicitud planteada por el Grupo Parlamentario Popular pretende soslayar la aplicación del principio de contradicción que resulta inherente tanto a los procedimientos legislativos como a los procesos jurisdiccionales". Y señala que "mientras que las Cortes Generales han mantenido la normalidad reglamentaria en la tramitación legislativa objeto de recurso y han respetado los derechos de todas las formaciones políticas y los principios de contradicción, debate y transparencia, se busca que el Tribunal Constitucional emita un pronunciamiento ignorando estos pilares básicos del Estado democrático y de Derecho".
En el caso de ser aceptada la suspensión de la tramitación, insisten los socialistas, "se perturbaría el funcionamiento de las Cortes Generales y se violentarían los derechos de los parlamentarios garantizados por el artículo 23 de la Constitución".
Según la jurisprudencia reiterada del propio Constitucional que recoge el PSOE en sus escritos, "los actos o las normas que emanan de poderes legítimos disfrutan de una presunción de legitimidad, que (…) obliga a considerar como excepcional la posibilidad de suspender su vigencia o ejecutoriedad". Por ello, recuerdan los socialistas, el tribunal de garantías ha afirmado en numerosas ocasiones que las medidas cautelarísimas son de carácter extraordinario y aplicación restrictiva, de manera que solo pueden admitirse excepcionalmente cuando la ejecución del acto impugnado produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder su finalidad al amparo.
En este caso, sin embargo, el PSOE considera que no hay ningún acto que haya causado un perjuicio irreversible. Y recuerda que "es perfectamente posible" que, en el Senado, se decida la supresión de los preceptos en cuestión, lo que haría decaer el objeto del proceso iniciado por el PP en el Constitucional. Los socialistas denuncian, asimismo, que el PP pretende que el Constitucional "tome su decisión sin ni siquiera oír a las partes". En su escrito, el principal partido del Gobierno deja constancia de la "notoria ausencia de justificación para adoptar una medida tan drástica, que altera el orden constitucional y genera un precedente muy peligroso".
Para el PSOE, el del PP es "un recurso de amparo fraudulento que va a resolver un Constitucional caducado" porque los populares alegan "una supuesta vulneración de sus derechos fundamentales cuando, en realidad, lo que solicita en su recurso es que el TC realice una revisión de la constitucionalidad de la Ley Orgánica antes de que esta sea aprobada". Sin embargo, los socialistas recuerdan que en el ordenamiento jurídico español "no existe un sistema de censura previa de las leyes, porque se suprimió en 1985, cuando se derogó el recurso previo de inconstitucionalidad por suponer una 'grave fisura' en el sistema constitucional"
Las medidas cautelares supondrían, para el PSOE, "una mutación constitucional impuesta por una minoría parlamentaria y una mayoría caducada en el Constitucional". Por un lado, porque "establecería la censura previa de los procesos legislativos de forma contraria a las normas, que derogaron un sistema similar hace casi 40 años". Además, dado que "iría más allá del antiguo recurso previo, porque la censura afectaría no solo a la entrada en vigor de las normas aprobadas por los representantes del pueblo, sino que podría prohibir a esos representantes debatir y decidir sobre los asuntos que no le interesen a la minoría parlamentaria, creando así un parlamentarismo tutelado contrario a los principios del Estado Social y Democrático de Derecho".
Es más, el PSOE considera que lo que el PP está intentando con su recurso y con la petición de las medidas cautelarísimas "es dotar al Constitucional de un poder de veto real sobre una ley que se está tramitando". Por tanto, si se estimasen sus pretensiones, una minoría conservadora en las Cortes Generales conseguiría truncar el proceso legislativo a través de la mayoría conservadora del Constitucional, lo que para los socialistas "supondría una interferencia en la separación de poderes que violenta la formación de voluntad del legislativo" y constituiría un "precedente peligroso".