La portavoz del Gobierno no conocía la enfermedad de Griñán y le desea una pronta recuperación
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial y Función Pública, Isabel Rodríguez, ha trasladado este viernes que no conocía la enfermedad del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán por la que ha solicitado a la Audiencia Provincial de Sevilla suspender su entrada en prisión por el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y le ha deseado una pronta recuperación.
"Desconocía esa realidad de su enfermedad y lo que le deseo es una pronta recuperación", le ha transmitido la ministra portavoz en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre la enfermedad del expresidente socialista andaluz.
Después de que la Sección Primera de la Audiencia desestimase su recurso de súplica a la denegación inicial de su petición de suspensión de la pena de cárcel de seis años y un día, la defensa de Griñán esgrime que es posible dictar la suspensión de la privación de la pena de cárcel sin requisito alguno en caso de que el penado esté aquejado de "una enfermedad muy grave con padecimientos incurables".
Todo ello, después de que ayer la Sección Primera de la Audiencia emitiera un auto --difundido por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y recogido por Europa Press-- en el que abordó los recursos de súplica de las defensas de Griñán, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera.
De esta forma, desestima suspender las penas de prisión en espera de que el Ministerio de Justicia resuelva las peticiones de indulto y de que el Tribunal Supremo haga lo propio respecto a sus incidentes de nulidad contra la sentencia de dicha instancia sobre los recursos de casación.
Así, el tribunal habilita un plazo de diez días, que comienza este viernes y finaliza el 1 de enero, para que todos los condenados "ingresen voluntariamente" en prisión, salvo el exviceconsejero Agustín Barberá.