Erika Guevara, Amnistía Internacional: "América Latina es una región que sigue llevando el legado de impunidad"

"América Latina es una región que sigue llevando el legado de impunidad", dice desde Ciudad de México la abogada en derechos humanos Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Para Guevara, la impunidad, la desigualdad social y la corrupción hacen que los Estados no cumplan con su obligación de proteger a los ciudadanos y dejen a las organizaciones sociales y a los defensores de los derechos humanos solos "peleando en la trinchera".

En esa dirección, Nicaragua es uno de los países más golpeados de la región. Para Guevara, la liberación de 222 detenidos por razones políticas, que han sido obligados a salir del país hacia Estados Unidos, si bien ha sido un avance, deja en evidencia la arbitrariedad con la que se mueve Daniel Ortega. "Para Amnistía Internacional, esta es una muestra más de una política sistemática de represión que usa el exilio como una nueva forma de castigo", dice Guevara.

Nicaragua liberó a 222 detenidos por razones políticas, ordenó deportarlos a Estados Unidos y les quitó la nacionalidad. ¿Cómo analiza la situación?

Primero decir que nos congratulamos con la noticia de que 222 personas, detenidas arbitrariamente por motivos políticos, hayan podido salir de los centros de tortura, como El Chipote o La Modelo, en los que estaban en condiciones extremas. Sin embargo, vemos con mucha preocupación cómo la excarcelación de estas personas, a las que además se les retiró la nacionalidad a través de una del pase rápido de una ley ridícula, sean enviadas al exilio forzoso a los Estados Unidos sin que pesase su consentimiento. Esa decisión nos habla de una intervención más dentro de un contexto de reconocida represión sistemática que comete el Gobierno de Daniel Ortega.

Estas personas han llegado a Estados Unidos sin documentación. Algunas de ellas tienen algunos familiares, otras no, por eso decimos que se encuentran en el total desamparo, sin saber qué va a pasar en el futuro cercano con sus vidas. Hoy día se encuentran en una situación forzada de apátridas, debido a que Nicaragua les ha quitado la ciudadanía. Para Amnistía Internacional esta es una muestra más de una política sistemática de represión que usa el exilio como una nueva forma de castigo.

¿Es legal quitarle la nacionalidad a un detenido?

El Gobierno lo hizo a través del Congreso de mayoría oficialista, en donde decretan la retirada del derecho a la ciudadanía de estas personas. Por tanto, si es legal o no, pues es muy subjetivo.

En Nicaragua es legal porque lo hicieron a través de una ley, ahora, es arbitrario. Hemos venido denunciando múltiples leyes que no cumplen con los estándares internacionales en materia de protección de los derechos humanos, incluida la ley, bajo la cual muchas de estas personas fueron detenidas, que es una ley sobre la "soberanía del pueblo" y que además no cumple con ningún estándar de debido proceso. De ninguna manera. Así que nuevamente vemos la total anulación del Estado de Derecho y de la división de poderes.

¿Cuál es la situación de los liberados que están en Estados Unidos en este momento?

Mientras hablamos, un equipo de Amnistía Internacional de nuestra sección en Estados Unidos está en camino para poder platicar con algunas de estas personas que se encuentran en un hotel. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunas de ellas, incluido Félix Maradiaga, uno de los líderes de la oposición y defensor de los derechos humanos. Lo que sabemos es que la situación es de mucha incertidumbre.

A nosotros, en Amnistía Internacional, nos han hecho llegar información de que esto se trató de una decisión unilateral por parte del Gobierno de Nicaragua y que los Estados Unidos simplemente facilitaron la salida de estas personas. No sabemos en qué condiciones y bajo qué procesos se les garantizará su derecho a solicitar y a recibir asilo. Pero lo que sí sabemos es que muchas de estas personas y sus familias están en situación de precariedad. Hoy leíamos en declaraciones del Ministerio de Relaciones de Asuntos Exteriores de España que les está ofreciendo la posibilidad de que accedan a alguna forma de protección en España. Creo que se irá aclarando la situación individual de cada persona, pero que en general hay una situación de precariedad y de incertidumbre legal.

¿Qué pueden hacer los organismos internacionales para condenar la violación a los derechos humanos en Nicaragua?

Es importante señalar que las Naciones Unidas, en el seno del Consejo de Derechos Humanos, crearon un grupo especial de investigación sobre las violaciones a los derechos humanos, para analizar aquellos crímenes que pueden constituir delitos de lesa humanidad. Este grupo se someterá en marzo a una extensión de mandato en el próximo Consejo de Derechos Humanos. Esperamos que los Estados apuesten por extender el mandato. Nicaragua no ha firmado el Estatuto de Roma, por ende la Corte Penal Internacional no tiene competencia en ese país, pero existen otros mecanismos para que los propios Estados en el Consejo de Derechos Humanos hagan saber a la Corte Penal Internacional los hechos, abran una investigación y condene a los responsables al más alto nivel, incluido Daniel Ortega.

¿Por qué creen que el Gobierno de Nicaragua ha tomado esta decisión en este momento?

Centroamérica está atravesada por una crisis terrible en materia de derechos humanos. Pienso que es la presión internacional, que ejercen a través de las organizaciones de derechos humanos nicaragüenses, que a pesar de que muchas de ellas se encuentran en el exilio, han logrado continuar su trabajo de documentación para poder evidenciar las graves violaciones en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Pasemos a Perú. Al menos 70 personas han perdido la vida desde diciembre en el contexto de las protestas, que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y un adelanto de elecciones para este año. ¿Cuál es su lectura sobre el tema?

Primero, decirte que mientras estamos teniendo esta conversación Amnistía Internacional ha desplegado uno de nuestros equipos de respuesta de crisis, que desplegamos solo en situaciones en donde las dimensiones de las violaciones a los derechos humanos tienen este contexto de gravedad, en diferentes ubicaciones del país, particularmente en el sur, para registrar lo que está pasando. Pienso que lo que estamos viendo es el resultado de una crisis prolongada en materia de derechos humanos, en donde hay un sistema político que no le ha dado respuesta a las demandas de dignidad de la mayoría de la población.

¿Han documentado el uso excesivo de la fuerza en Perú?

El uso excesivo de la fuerza ha sido documentado en cada una de las protestas que se han dado desde el 7 de diciembre. Con esto me refiero al uso de la fuerza letal, es decir, el uso de armamento letal para intentar controlar las protestas. Nosotros hemos documentado casos de asesinatos de manifestantes en manos de las fuerzas de seguridad que evidencian la intencionalidad de castigo.

Hemos documentado la detención arbitraria masiva de personas que se encontraban en situación de protesta, sobre todo en zonas de pueblos indígenas, y hemos documentado denuncias de malos tratos y tortura por parte de fuerzas de seguridad. Entonces, estamos frente a una situación de graves violaciones a los derechos humanos, con muy pocas investigaciones abiertas por parte de la Fiscalía, con un Gobierno que niega que la existencia de protestas pacíficas, que ha tenido una intención de estigmatizar a quienes están protestando en las calles y que no ha cumplido con su rol de protección del ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Vamos a Colombia. El Gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) iniciaron este lunes el segundo ciclo de negociaciones de paz. ¿Identifica un avance en el tema?

Desafortunadamente, Colombia es un país que sigue sumido en un conflicto armado que está vivo en muchos territorios del país, sobre todo territorios históricamente marginados, de pueblos indígenas, de comunidades negras, en donde las víctimas del conflicto armado continúan sumando grandes números, al igual que las personas víctimas del desplazamiento forzoso. Colombia se mantiene como el país más letal para la defensa de los derechos, particularmente para aquellas personas que defienden el territorio y los recursos naturales, porque la reorganización de estos grupos armados también se debe a la reorganización del poder económico en un momento de transición. El Gobierno del presidente Petro llega al poder con una serie de promesas de reforma estructural, inclusive con una política de paz total, que significa que las negociaciones para la paz se extienden a los diferentes grupos armados.

¿Piensa que Petro consiguió ese objetivo?

Bueno, nosotros consideramos que el Gobierno del presidente Petro va a tener que poner en práctica políticas y reformas estructurales que permitan esta paz total, pero no puede ser a expensas de la justicia. Es decir, se tienen que crear mecanismos en donde las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos puedan acceder a la justicia.

Que la impunidad no siga siendo la norma en un país que lamentablemente sigue enfrentado a múltiples formas de violencia. Le hemos dado la bienvenida a los avances en las negociaciones con la guerrilla del ELN, pero también han sido insuficientes en términos de que no hemos visto un impacto inmediato en el cese de la violencia en comunidades que están bajo el control de la propia guerrilla.

Por último, usted está en México, uno de los países con mayor cantidad de desaparecidos en democracia. ¿Qué lectura hace sobre la situación actual?

Lamentablemente México sigue hundido profundamente en una gravísima crisis en materia de derechos humanos, una de las peores crisis en el hemisferio y en donde los números no mienten. Es el país más letal para el ejercicio del periodismo. El año pasado se conoce que por lo menos 17 periodistas fueron asesinados en el país, de los cuales en 14 casos hay evidencia de que se trató de asesinatos vinculados al ejercicio de su labor periodística.

¿Ha habido avances en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en el caso de las más 97.000 personas desaparecidas?

Los avances en términos de justicia son sumamente limitados. Ahora, por lo menos, se tienen mejores estadísticas que cuantifican las personas que permanecen desaparecidas, se ha intentado fortalecer el aparato de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se han hecho algunos esfuerzos para garantizar el escrutinio internacional, como aceptar la competencia del Comité de Naciones Unidas sobre desaparición forzada. Pero todos estos avances han sido no solo insuficientes, sino cosméticos. No ha habido un avance concreto. De hecho, durante el gobierno del presidente López Obrador, han aumentado las tasas de personas desaparecidas en cada uno de los estados de la república mexicana. La violencia sigue incrementándose. El crimen organizado tiene tomados territorios donde la población está sometida a prácticas de terror.

La situación de los derechos humanos en América Latina, según lo que usted describe, es crítica. ¿Cuáles cree que son los motivos que llevan a esta situación?

Las múltiples crisis que enfrentamos dan lugar a un continente atravesado por enormes desigualdades, no solo económicas y sociales, sino desigualdades en el acceso a la participación política. Una región cruzada por la violencia de múltiples formas: la feminicida, la de los grupos del crimen organizado, la violencia estatal.

América Latina es una región que sigue llevando el legado de impunidad. Un legado que heredamos de nuestra historia reciente, de la impunidad por las violaciones a los derechos humanos en los contextos de dictadura o de conflicto interno, que ha sido una impunidad, que no solo es un legado, es decir, que ya no es que sigamos arrastrando las violaciones del pasado, sino que ha permeado en las instituciones del Estado. Entonces esa desigualdad, esa violencia y la impunidad, acompañada de la corrupción, siguen siendo un flagelo en todo el continente, que nos lleva a esta situación donde los pocos avances que se van dando gracias a los movimientos sociales y la sociedad civil tienen que seguir peleando en la trinchera sin que los Estados cumplan con su obligación de protección.