¿Cuánta vivienda en alquiler social ha hecho tu comunidad autónoma en esta legislatura?

La vivienda se ha convertido en uno de los principales temas de debate de la campaña electoral de las municipales y autonómicas. No solo por la aprobación de la Ley de Vivienda en vísperas de la cita con las urnas. También, por la promesa del presidente del Gobierno de construir 183.000 inmuebles con los que reforzar el parque de pisos en alquiler social o asequible.

Esa promesa supone reforzar un parque que, actualmente, roza las 300.000 casas en todos los territorios y donde las diferentes comunidades autónomas llevan su propio ritmo de construcción y promoción de pisos en alquiler, porque son ellas las que tienen las competencias en vivienda, aunque el Estado pueda diseñar un marco legislativo común para todas.

De hecho, las diferentes administraciones regionales, a la hora de informar sobre cuánta vivienda pública en alquiler han hecho en los últimos años, aportan datos a elDiario.es que no siempre son homogéneos y comparables. Hay dos comunidades autónomas que no han remitido información: Asturias y Castilla-La Mancha.

A continuación, desglosamos cuánta vivienda en alquiler social y asequible se ha hecho en cada comunidad a lo largo los últimos años. Hay que tener en cuenta que administraciones como Galicia, Euskadi, Catalunya y Andalucía tienen un calendario electoral diferente. A todas las comunidades se les han hecho las mismas preguntas: cuántas viviendas en alquiler se han hecho en esta legislatura y cuales están ya previstas para la próxima.

La Xunta explica que, en la presente legislatura –desde agosto del año 2020 hasta la actualidad– se han promovido 712 viviendas, tanto de nueva construcción como rehabilitadas. A eso hay que sumar las 3.819 de promoción pública que actualmente son propiedad del IGVS (el Instituto Galego da Vivenda e Solo) y que se adjudican en régimen de alquiler.

De cara a la próxima, apuntan que, a día de hoy, no es posible cuantificar cuántas se construirán. "Lo que está planificado ahora mismo serían las promociones para el período 2023-2026, durante el que se prevé la incorporación de alrededor de 1.800 viviendas nuevas o rehabilitadas", matizan.

El Gobierno autonómico también asegura que, "al contrario de lo que sucede en casi toda España, la única administración que actualmente construye vivienda pública en Galicia es la Xunta, a pesar de que los ayuntamientos también tienen competencias en materia de promoción y gestión de vivienda protegida". Ahonda en que "en el resto del país casi todas las capitales de provincia y grandes ciudades, así como muchos municipios de menor entidad, tienen empresas públicas de vivienda, mientras que en Galicia, no". Y cita, expresamente, el caso de Vigo.

También, que "en 2015, Galicia fue una de las primeras comunidades en firmar un convenio con la Sareb para la cesión en usufructo al IGVS –a cambio de un pago mensual a la entidad– de 50 viviendas para destinarlas a alquiler social" y que, desde entonces, se han reclamado más cesiones sin que se hayan concretado hasta el momento.

El Gobierno de Cantabria desglosa que el parque público en alquiler se ha incrementado en esta legislatura en 163 viviendas y alcanza las 402. También enumera de dónde vienen los nuevos pisos incorporados: 22 se han construido, 73 son de Sareb, 53 han sido cedidos por entidades, organismos o ayuntamientos y 15 se han comprado por el Ejecutivo regional a través de la fórmula de tanteo y retracto, por la que los gobiernos pueden hacer uso de una opción de compra preferente en caso de que los inmuebles de entidades privadas salgan a la venta. 

La previsión para la "construcción de viviendas que formen parte del parque público en distintas localidades de Cantabria actualmente es de 93", pero matizan que "se siguen analizando más posibilidades, pero al no estar iniciados expedientes no se contabilizan".

A ellas suman 250 viviendas destinadas al alquiler asequible proyectadas en terrenos propiedad Gobierno de Cantabria, que requieren la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana por parte del Ayuntamiento de Santander y cuyo procedimiento ya ha comenzado.

Además, añaden la proyección de pisos en Terrenos de Defensa por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana -que están dentro de los 183.000 anunciados por Pedro Sánchez- que están situados en Santander, en La Remonta, y que sumarían 257 casas.

Entre 2020 y 2022, Euskadi ha iniciado la construcción de 2.901 viviendas, según indica el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco. En el caso de Euskadi -y de la Comunidad Foral de Navarra- por sus regímenes forales, no reciben financiación a través del Plan Estatal de Vivienda, pero sí de los fondos europeos, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Mario Yoldi, director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno Vasco, explica que los recursos se enfocan, exclusivamente, en el alquiler y en la rehabilitación y que, actualmente, los 27.000 inquilinos en alquiler social pagan, de media, 200 euros al mes. 

De cara al futuro, en noviembre del pasado año, el Gobierno de Euskadi firmó el Pacto Social por la Vivienda 2022-2026, con 80 agentes públicos y privados. En este se recoge el objetivo de iniciar 8.000 viviendas públicas en alquiler durante el quinquenio 2022-2026. En concreto, 1.600 anuales de las que 850 corresponden al Gobierno Vasco y el resto son de colaboración público privada a través de fórmulas como el cohousing o el alquiler asequible.

"En los últimos tiempos nos ha ocurrido que queríamos llegar a las clases medias y no lo conseguíamos", explica Yoldi. De ahí, los programas de cohousing y alquiler social. Este último, con precios por debajo de mercado, que rondan los 600 y 700 euros. En el caso del cohousing, está enfocado en personas mayores, jóvenes y en la convivencia intergeneracional, desarrollado a través de un modelo de cooperativa sin ánimo de lucro. Para poder acceder, hay tanto límites de renta como la exigencia de no tener una vivienda en propiedad, aunque en el caso de las personas mayores sí la pueden tener pero tienen que cederla al Gobierno vasco, para que este la ponga en alquiler. "En todos los casos, las viviendas, las hagamos nosotros o un tercero, las adjudicamos nosotros", matiza Yoldi. 

La Comunidad Foral amplía el foco temporal y sitúa en 7.297 viviendas las adscritas al sistema de alquiler público para el periodo 2015-2023, pero diferencia las casas en función de si son de titularidad pública o privada. Estos últimos son particulares que ceden su casa para el alquiler público. En todos los casos, con rentas de entre 350 y 550 euros al mes.

Las casas de titularidad pública las cifra en 1.504, también para el mismo periodo de años. Y las divide en tres tipos. El primero, viviendas de alquiler en suelo público dentro del Plan Navarra Social Housing, que suma 520, de las que 271 ya están construidas y otras 822 para una segunda fase. El segundo, el plan de rehabilitación rural, en edificios existentes de titularidad municipal que están en desuso cuyos ayuntamientos los ceden, que abarca 43 pisos en el mismo periodo 2015-2023. Y, en tercer lugar, el fondo foral de vivienda social: viviendas públicas cuyo alquiler está gestionado por colectivos sociales o por ONG. En este caso, 129 inmuebles para esos mismos años.

En cuanto al parque privado, los pisos cedidos por particulares que alquila la administración foral-, este supera actualmente los 5.790 inmuebles. 

Y hay otra pata, las viviendas de promotoras privadas que se acogen a algún tipo de régimen de alquiler protegido, que son cerca de 4.000. "De tal manera que, entre un concepto y otro, en la Comunidad de Navarra hay unas 12.000 viviendas de alquiler asequible a precio regulado, sobre un parque residencial que, según los últimos datos estadísticos, en total, ronda las 260.000 viviendas", argumenta el Gobierno navarro. Es decir, el 5% del parque residencial corresponde al alquiler asequible o protegido. La media, en el conjunto del Estado, es inferior al 3%. 

El Ejecutivo riojano afirma que, hasta esta legislatura, el parque público de alquiler social y asequible era "inexistente". Actualmente, alcanza las 250 viviendas. De ellas, 50 están en Logroño y el resto en los municipios como Haro, Calahorra, Villamediana, Alfaro o Agoncillo, entre otros. En todos los casos, la renta máxima mensual es de 300 euros.

"Del total de viviendas del parque público de alquiler asequible del Gobierno de La Rioja, 28 son cedidas por la Sareb". Además, 15 han sido adquiridas al 'banco malo' y 83 proceden del stock histórico de inmuebles propiedad del Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI), 62 pisos son propiedad de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 34 provienen del fondo social del tercer sector y las 28 restantes son aportadas por ayuntamientos de la región.

Para la próxima legislatura, el objetivo es que el parque público en alquiler llegue a 1.000 inmuebles. Con el Ministerio de Transportes, la región ha firmado un acuerdo para la construcción de 72 viviendas públicas energéticamente eficientes para alquiler social y asequible en Calahorra, Alfaro y Torrecilla en Cameros. También cifra en 388 los pisos propiedad de Sareb que se pueden sumar en los próximos años. De ellos, 80 están en Logroño; y otros 16, en suelos que actualmente son propiedad del Ministerio de Defensa.

La administración aragonesa desglosa los pisos en alquiler social ya en construcción y los que están en proceso. En total, cifra el futuro parque público en alquiler en 1.395.

Casi la mitad de ellos, corresponden a obras en ejecución financiadas a través de los fondos europeos, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. A ellos atribuye la ejecución de 612 pisos. La siguiente partida más relevante son 336 inmuebles, alojamientos para jóvenes, que aún tienen que comenzar a construirse. 

A ellas suma, 117 viviendas en el medio rural que se han construido a través del Fondo de Cohesión Territorial y otras 26 del programa de rehabilitación Camineros. También, 12 en Zaragoza que corresponden a la bolsa de inmuebles en alquiler social.

En construcción, también cita en Huesca 27 pisos en La Merced y, sin ubicar,  195 inmuebles en proceso de compra y otros 70, en permuta. 

En la legislatura que se inició en junio de 2021 no se ha finalizado ninguna de las promociones en construcción, apunta la Generalitat. "El Instituto Catalán del Suelo, Incasòl, prevé que el próximo mes de agosto entre en servicio la promoción de 16 viviendas sociales en el barrio del Polvorí de Barcelona", añade.

De cara a la próxima legislatura, Incasòl tiene actualmente 1.235 viviendas en fase de proyecto y obra. "De estas, 444 están en construcción de las cuales 74 se prevé que finalicen el año 2023", matizan.

Por otro lado, ahondan en que el objetivo de la Generalitat es incrementar con 10.000 inmuebles el parque de viviendas de alquiler social, a través de la promoción directa de 2.155, cuyo plazo de construcción será de aproximadamente cuatro años. A ellas se suman 1.000 casas de Sareb, banca y promotores. También, la cesión del suelo público para la construcción de 1.000 pisos bajo la fórmula de alquiler social, desarrollados por la iniciativa privada. 

Las actuaciones de la Generalitat Valenciana se dividen en tres: construcción, compra de casas para ponerlas en alquiler y rehabilitación. 

En las primeras, cita 65 actuaciones en la actual legislatura: 42 están en Alicante y otras 23, en Valencia. En paralelo, la Conselleria de Vivienda ha adquirido 1.300 pisos, más de la mitad -el 63%- a través de la opción de compra preferente, el tanteo y retracto, que han conllevado una inversión de 80 millones de euros. 

"En esta legislatura se han invertido más de 42 millones de euros en la rehabilitación de viviendas del parque público, con un total de 1.537 ya rehabilitadas, otras 237 en proceso de rehabilitación y 325 que están siendo valoradas para iniciar este proceso", añade la Generalitat. 

De cara a la próxima legislatura, diferencia entre obras ya licitadas, adjudicadas o en ejecución, con 230 inmuebles. Entre ellos, los más de 180 de La Torre, un proyecto urbanístico fallido símbolo de la última crisis inmobiliaria. A ellas se suman 269 viviendas en alquiler asequible que están en fase de redacción de proyectos; y más de 40 en proyectos piloto en alquiler asequibles.

El punto de partida, indica el Govern de les Illes Balears, son las 1.756 viviendas que componían el parque en alquiler al cierre de la anterior legislatura, antes de 2019. En la que ahora acaba el parque se amplía en otras 1.299. De estas últimas, están habitadas casi 440 y, en construcción, 396, junto con otras 156 que están en fase de firma de convenios o protocolos o 77 en redacción.

La administración regional destaca diferentes fórmulas para incrementar el parque público. Entre ellas, la de tanteo y retracto. Con esta opción de compra preferente por la administración, Illes Balears ha adquirido 106 viviendas, a partes iguales entre grandes propietarios y particulares, que se destinan preferentemente a entidades del tercer sector y menores de 35 años.

Junto a esta fórmula, la Ley de Vivienda balear de 2018 permitió la cesión de uso o expropiación temporal de pisos vacíos de grandes tenedores, con la que se han incorporado 16 pisos al parque público, que el Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) destina a menores de 35 años con alquileres de siete años.

"En estos momentos, el IBAVI gestiona 218 pisos en alquiler social" y se "garantiza que ninguna persona adjudicataria de los pisos destinará al pago del recibo de su alquiler más del 30% de sus ingresos". Por otro lado, afirman que se ha reducido la ocupación. "Actualmente hay 40 viviendas ocupadas irregularmente en el parque de vivienda del IBAVI frente a los 120 iniciales, en 2019", cifran las citadas fuentes. "Hemos recuperado 80 viviendas, que han dejado de estar en manos de las mafias de ocupación para ser ocupadas por familias que realmente lo necesitan".

En la legislatura que acabó en 2022, el parque público de viviendas de Castilla y León se incrementó en 695, según indican desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

"La previsión para esta legislatura, mayo de 2022 a 2024, es incrementar en 1.500 viviendas el parque público", añaden. "El incremento se produce por rehabilitación de viviendas en desuso, promoción pública o compra"

A través de la Agencia de Vivienda Social (AVS), la Comunidad de Madrid apunta que ha entregado 1.400 viviendas desde 2019, parte de ellas en las últimas semanas, en localidades como Patones, Robregordo o Ciempozuelos y en el Ensanche de Vallecas. Mientras, cerca de 1.500 están en fase de construcción, algunas de ellas en la Sierra Norte y zonas despobladas, apuntan desde el Ejecutivo Regional.

Cita, también, el Plan Vive, de alquiler asequible, que supondrá 6.600 casas eficientes en 12 municipios con precios un 40% inferior "al de mercado de cada zona". De ellas, se han iniciado las obras de 4.500 de las 5.400 que componen la primera fase, que comenzarán a entregarse a principios de 2024. Del resto, apunta la Comunidad, no se han iniciado las obras porque "los ayuntamientos aún no han dado la licencia".

De cara a los próximos años, a través de los fondos europeos, está prevista la construcción para alquiler a precios asequibles de 1.912 viviendas en Aranjuez, Arganda del Rey, Colmenar Viejo, Daganzo de Arriba, Humanes de Madrid, Moralzarzal, Navalcarnero, Torrejón de la Calzada, Velilla de San Antonio y Villalbilla. Casas que tienen que estar hechas en 2026. 

Al margen, la Comunidad apunta el Plan Solución Joven, donde tiene previstos 1.200 pisos para menores de 35 años a un precio inferior a 600 euros mensuales; la transformación de 200 locales comerciales de la AVS en viviendas -enfocadas en personas con movilidad reducida-; y abre la puerta a que que los ayuntamientos construyan hasta 13.000 en suelos dotacionales que no están siendo utilizados. 

La Junta de Andalucía cita dos iniciativas, que suponen pisos en alquiler a futuro. Por un lado, el Plan Vive En Andalucía 2020-2030, aprobado la pasada legislatura. Por otro, la Ley de Vivienda Andaluz, que se encuentra actualmente en fase de redacción.

"Desde 2019, se han impulsado diferentes líneas de ayudas y programas que han contribuido a la construcción de 10.000 viviendas, algo que cobra más importancia si se tiene en cuenta que la Junta de Andalucía apenas ha promovido la construcción de viviendas en la última década", argumenta desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. 

Al margen, cita el programa de Fomento del Parque de Vivienda en Alquiler, que concede ayudas a promotores públicos y privados para promociones en alquiler a precio asequible. De este se han realizado tres convocatorias, que supondrán la construcción de 3.000 viviendas, "a las que se suma una cuarta convocatoria que se acaba de publicar ahora con 1.700 viviendas más", añaden. Y el Plan Ecovivienda, que canaliza los fondos europeos y que supondrá otras 3.000 viviendas en régimen de alquiler.

Por otro lado, también a futuro, cita la permuta de suelos a cambio de viviendas. "La Junta ofrece un suelo residencial a un promotor privado para que desarrolle viviendas a precio asequible a cambio de que un cupo se entregue a la administración. Esta fórmula se ha aplicado con éxito en las ciudades de Huelva y Córdoba y ya se está trabajando para extenderlo a otras capitales andaluzas", apuntan las citadas fuentes.

La administración regional señala que en la legislatura que se acaba se ha ampliado el parque de vivienda social en 431 viviendas, "entre las que se incluye el impulso a la construcción de 242 viviendas de promoción privada destinada a alquiler".

De cara al futuro, el Gobierno murciano ha elaborado "distintos proyectos para la construcción de 570 viviendas de alquiler asequible en los primeros años de la próxima legislatura". 

Apunta que "las nuevas edificaciones se llevarán a cabo mediante colaboración público–privada, donde las administraciones públicas cederán gratuitamente los derechos de uso y superficie de estos suelos a las empresas privadas que podrán tanto construir las viviendas como gestionar los alquileres de las mismas, bajo la supervisión de la Comunidad Autónoma".

Esta comunidad autónoma asegura que su parque de vivienda social está integrado por 13.765 pisos, que "convierten" a Extremadura "en una de las comunidades con un parque de vivienda pública más extenso por habitante, el 3,24%" del total de inmuebles.

"En los próximos meses se va a iniciar la construcción de 1.100 viviendas públicas, de las que 150 serán viviendas destinadas al alquiler social y el resto a alquiler asequible que se añadirán a las 90 ya puestas a disposición de la ciudadanía para alquiler social", matizan. 

Al margen, el Gobierno regional apunta que se ha aprobado la Estrategia de Rehabilitación, Regeneración y Renovación de Eficiencia Energética de la Vivienda Pública en Extremadura (EReeVPEX), que cuenta con una inversión de 45 millones para actuar en 1.400 viviendas públicas hasta 2030. 

El Gobierno canario indica que, en diciembre de 2020 se aprobó el Plan de vivienda 2020-2025 por parte del Parlamento insular. "Se trata de un Plan dotado de 664 millones de euros que tiene como objetivo poner en el mercado 5.900 nuevas viviendas protegidas. Con anterioridad a este documento, Canarias no contaba con ningún Plan de Vivienda en vigor, ya que el anterior venció en el año 2012 y desde esa fecha ningún ejecutivo había vuelto a impulsar uno nuevo".

Dentro de la vivienda pública en alquiler asequible, está prevista la construcción de 1.050 viviendas mediante los Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

El Gobierno regional también apunta que, a través de la empresa pública Visocan, se han adquirido 300 viviendas para alquiler asequible. "También se van a comprar casas en colaboración con el tercer sector. Recientemente se ha firmado un convenio con la asociación Provivienda para comprar 76 nuevas casas protegidas para familias vulnerables este mismo año en municipios tensionados", añade.